PLAYA DEL CARMEN, 18 DE JUNIO.- El síndico del ayuntamiento de Solidaridad, Juan Carlos Beristain Navarrete, informó que fue admitida la denuncia contra Aguakan en la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, mediante la cual buscan rescindirle el contrato de concesión de agua potable en el municipio.

Beristain Navarrete dijo que la empresa tiene15 días de plazo para contestar la demanda y presentar elementos de descarga en contra de la acusación formulada por el ayuntamiento sobre un deficiente desempeño en el servicio de agua potable y alcantarillado a nivel municipal.

El síndico explicó que además del argumento sobre el mal servicio, el fondo de la demanda se basa en señalar la “ilegalidad” bajo la que le fue otorgada la concesión a la empresa durante la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo, quien en el 2014 le refrendó de manera anticipada a Aguakan el contrato para operar hasta el 2052 en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Solidaridad con la condición de una contraprestación de 1,080 millones de pesos.

Según Beristain Navarrete, la concesión otorgada por Roberto Borge y el exalcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora (ambos encarcelados actualmente), viola el artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal.

Además, se violó una de las  facultades constitucionales contenidas en el artículo 66, fracción III, inciso i de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, donde se  establece que son facultades y obligaciones del Ayuntamiento “(…) aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal”.

En tanto, el servicio concesionado a Aguakan no se licitó, sino que se le asignó de manera directa a la empresa, lo cual constituye una tercer ilegalidad, con base en el artículo 122 de la Ley de Agua Potable de Quintana Roo, la cual obliga a licitar una concesión como la que se adjudicó de manera directa a Aguakan en el 2014, dijo.

El síndico del ayuntamiento de Solidaridad aseguró que el reciente mandato de Cristina Torres, quien se encuentra en campaña para reelegirse al frente del ayuntamiento, dejó pasar un tiempo muy valioso, pues desde el inicio de su mandato en septiembre del 2016 era factible haber iniciado el procedimiento legal contra la empresa, sin embargo, no lo hizo.

Por último, dijo confiar en que los argumentos son contundentes para que los tribunales fallen a favor del ayuntamiento, eliminando la concesión sin necesidad de indemnizar a la empresa como ésta ha sugerido que sucederá en caso de que tenga que dejar de prestar el servicio de agua potable en Solidaridad.

Fuente El Economista