NICARAGUA. 31 DE MAYO.- La ministra de Salud de Nicaragua, Sonia Castro, confirmó este jueves que 15 personas murieron y otras 199 resultaron heridas entre el miércoles y la madrugada de hoy en el marco de las protestas registradas en diferentes puntos del país contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

En diferentes centros de salud públicos y privados “se dio atención a 199 personas que resultaron lesionadas y también tenemos los 15 fallecidos”, señaló la ministra en una conferencia de prensa, junto a otros altos funcionarios públicos.

Esta es la segunda vez desde que estalló la crisis, el 18 de abril, que el Gobierno de Ortega confirma una cifra de fallecidos en el marco de las protestas, en las que según organismo humanitarios los muertos rondan ya el centenar.

La primera vez lo hizo la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, cuando en una comparecencia el 20 de abril pasado habló de 10 muertos.

El subdirector de la Policía Nacional, Francisco Díaz, leyó este jueves en la rueda de prensa un informe que precisó que de las 15 muertes registradas en las últimas horas, 7 se produjeron en Managua, 3 en Chinandega, 4 en Estelí y 1 en Masaya.

Este jueves el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) difundió un informe preliminar en el que cifró en al menos 11 los muertos y 79 los heridos durante los incidentes del miércoles y hoy, y enérgicamente los actos de violencia y represión “mandados a ejecutar” por el Gobierno.

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, dio a conocer en la rueda de prensa un comunicado en el que el Gobierno “condena enfáticamente todos los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril en Nicaragua y más recientemente los acaecidos ayer” miércoles.

Esta situación de violencia delincuencial que han generado grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas, activando formatos delictivos para aterrorizar a las familias, constituye una conspiración que viola la Constitución de la República y pretende seguir destruyendo la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses”, agregó.

Ratificó en nombre del Gobierno su lucha “para enfrentar con la razón y las leyes esta ola criminal”, y negó la existencia de “fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Gobierno”.

No podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos”, dijo.

El Gobierno rechaza y condena todas las campañas difamatorias, todas las calumnias, y denuncia esta conspiración delincuencial que desde la intimidación, el miedo, las amenazas y el terror, ha pretendido entregar el país a la delincuencia y al crimen organizado”, indicó Moncada.

El canciller denunció “enfáticamente” todos los crímenes que se han cometido desde el 18 de abril y rechazó cualquier responsabilidad en esa violencia, sin precisar una cifra global de esas muertes.

Cumpliremos nuestro deber de evitar más derramamiento de sangre, más enfrentamiento fratricida, más montajes calumniosos”, añadió.

Moncada reiteró el compromiso gubernamental con la investigación de todos los crímenes y hechos violentos, y que “el único camino a la paz es el diálogo, el establecimiento de la verdad, y la búsqueda de las soluciones que nuestro pueblo demanda”, aseveró.

El canciller nicaragüense solicitó “a las autoridades que coordinan el esfuerzo del diálogo nacional, llamar a la calma y al cese de toda violencia, a fin de continuar trabajando por la seguridad, la justicia y la paz”.

El pasado 16 de mayo se instaló una mesa de diálogo nacional, cuyas sesiones están suspendidas desde la semana pasada, con la participación de una alianza de la sociedad civil -que aglutina a estudiantes, empresarios, sector agrario, academia, entre otros- y el Gobierno, que con la mediación de la Iglesia pretenden conseguir una salida a la crisis.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) advirtió este jueves que el diálogo no se reanudará mientras haya represión.

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 76 muertos desde el 18 de abril, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 83 según Amnistía Internacional (AI) y 85 de acuerdo con la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz nicaragüense.

Fuente Excélsior