En su protesta en contra de la modernidad, los dirigentes taxistas ni siquiera se han detenido a analizar lo que significa la Ley de Movilidad del estado aprobada ayer. No se trata solo de reglamentar la entrada de las plataformas digitales, como Uber, sino de regular el transporte en sus diferentes modalidades en todo Quintana Roo. Y no solo eso, sino que se termina con privilegios para grupos políticos convertidos en instrumentos electoreros en épocas de campaña, que como pago de facturas se fueron enriqueciendo con la entrega discrecional de concesiones o juegos de placas por parte de los últimos gobernadores, sobre todo en los periodos de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, para cada uno de los dirigentes en turno, sus esposas, hijos, parientes y amigos en calidad de asesores.

Con la aprobación de la Ley de Movilidad, se crea el Instituto de Movilidad del estado con el que se busca garantizar a los quintanarroenses transporte eficiente y seguro, infraestructura moderna, así como que se brinden las condiciones administrativas y de servicios que tengan como objetivo primordial, la satisfacción del derecho humano a la movilidad y, primordialmente, abatir viejas prácticas de corrupción arraigadas en dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra).

No se trata de un instrumento que pretenda perjudicar a nadie, por el contrario, ahora habrá una apertura real hacia el progreso para los “martillos”, choferes empleados de los concesionarios, que han sido explotados por décadas. Ahora podrán ser dueños de sus propios vehículos y prestar sus servicios, previa autorización del Instituto, a cualquiera de las plataformas autorizadas.

Es necesario que los concesionarios y los “martillos” conozcan la Ley de Movilidad que entrará en vigor dentro de tres meses. No se trata solo de autorizar la introducción de alguna plataforma digital, por lo que protestan los taxistas al atentar contra el patrimonio estatal, las vías de comunicación y, sobre todo la imagen negativa del destino que se proyecta al turismo nacional e internacional.

Los taxistas en todo el estado que protestan y perjudican a los quintanarroenses deben enterarse primero de lo que ese instrumento legal significa. Ya que no es contra los taxistas, sino que, entre otros, otorga prioridad en la utilización del espacio vial a los peatones, incluyendo a las personas con discapacidad y con movilidad limitada, ciclistas, usuarios de transporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, prestados del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías y, por último, a usuarios de transporte particular automotor.

No es una Ley “sacada de la manga”, por lo que habría razón en protestar, no. Es una Ley surgida de la iniciativa de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PRI, Encuentro Social, Nueva Alianza, de los diputados independientes, así como de las propuestas vertidas en diversos foros y mesas de trabajo que, durante varios meses fue estudiada y analizada en diversas reuniones con organizaciones diversas dedicadas al transporte público de pasajeros.

No hay razón para protestas atentatorias contra el destino, organizadas por los multiconcesionarios, que sistemáticamente se han negado a la modernidad, esos que han preferido tener en la miseria a sus martillos. Esos concesionarios que se han negado a renovar sus vehículos, lo que solo exigen la cuenta pero no invierten, que han  dejado que sus taxis se conviertan en “chatarras rodantes”, los que se dan el lujo de negar su servicio a usuarios necesitados y que, a su vez, se convierten en competencia desleal para su mismo gremio al subir hasta tres pasajeros con diferentes rumbos, sin ningún respeto para el usuario que fue primero en abordarlo y que, en muchos de los casos, es el último en ser dejado en su domicilio.

Esos concesionarios que ahora protestan desconocen que la Ley de Movilidad da origen al Instituto de Movilidad del estado que será un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), que estará dotado de autonomía técnica y de gestión, responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad. Y no solo eso, sino que tendrá entre sus objetivos diseñar e impulsar programas que promuevan en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, lograr una sana convivencia en las calles, prevenir accidentes y conflictos de tránsito y fomentar el uso racional del automóvil particular.

Como dijimos párrafos atrás, con la aprobación de esta nueva Ley se elimina la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones o juegos de placas del servicio público de transporte, ya que la facultad que actualmente se le confería al gobernador del Estado, se transferirá al Director General del Instituto, para que en el ejercicio de esta facultad responda a la necesidad de servicio, tomando en cuenta factores estrictamente técnicos y sociales y no a favores políticos, como tradicionalmente se había hecho; esto, cabe informar, impedirá la devaluación de las concesiones por sobre saturación del mercado. Además, y quizás es motivo de las protestas de los multiconcesionarios, en la Ley se señala que, en el otorgamiento de juegos de placas, el Instituto vigilará que se eviten prácticas monopólicas.

Ya es tiempo de entrar a la modernidad. No más prácticas monopólicas en el transporte de alquiler, ya es tiempo de que se respete a la ciudadanía y se permita la libre competencia, se ofrezca un buen servicio a los usuarios y, sobre todo, se le garantice su seguridad. Es tiempo de que la autoridad actúe y no permita que se siga atentando contra la imagen del destino que es patrimonio del estado y sustento de todos los quintanarroenses. Primero, el beneficio de las mayorías.

tlacalelcedillo3@gmail.com