Chetumal.-En el último día de sesiones, la XVII Legislatura de Quintana Roo marcó un hito significativo con la aprobación de la nueva Ley de Juicio Político, un acto legislativo que subraya el compromiso del Congreso local en la lucha contra la corrupción. Esta ley, resultado de la convergencia de dos iniciativas -una presentada durante la XVI Legislatura por la diputada Cristina Torres y otra promovida en la XVII Legislatura por el diputado Hugo Alday Nieto-, establece un marco normativo robusto y preciso que busca dotar de claridad y transparencia a los procedimientos de juicio político en la entidad.

El diputado Hugo Alday Nieto, impulsor de la iniciativa en la XVII Legislatura, destacó la importancia de esta legislación, que se publicará en el Periódico Oficial del Estado, y que permitirá a cualquier ciudadano defender sus derechos en casos de violaciones constitucionales cometidas por funcionarios que puedan ser sujetos a juicio político. “Se establece una legislación con elementos claros, tiempos definidos y fases procesales bien estructuradas”, señaló Alday Nieto, subrayando que la norma no solo aporta certeza jurídica, sino que también refuerza la transparencia en los procesos.

La aprobación de esta ley envía un mensaje contundente: Quintana Roo está decidido a combatir la corrupción, un problema que, en palabras del diputado, sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrenta el país. La Ley de Juicio Político se erige así como una herramienta crucial para asegurar que los funcionarios públicos que incumplan con sus obligaciones sean sometidos a un proceso legal riguroso y transparente, en beneficio de la ciudadanía.

Con este avance legislativo, la XVII Legislatura concluye su periodo dejando un legado que, sin duda, fortalecerá las instituciones y promoverá una cultura de rendición de cuentas en Quintana Roo.

Chetumal.- Para garantizar entornos seguros y saludables, cuidar y preservar el medio ambiente en zonas urbanas, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) clausuró basureros clandestinos localizados detrás del fraccionamiento Bali, denunciados por habitantes de la zona, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Para cerrar estos espacios ilegales, la titular del Ejecutivo explicó que se realizó un operativo conjunto con varias dependencias relacionadas, como la Coordinación Estatal de Protección Civil, los Bomberos, la policía de Tránsito y el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO).

Este gobierno humanista y progresista tiene a las personas en el centro de sus acciones, para el bienestar social de todas y todos, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama.

En este sentido, el trabajo interinstitucional es parte de lo que se indica en el Nuevo Acuerdo contribuyendo a conservar, cuidar el medio ambiente y la protección de los recursos naturales que favorezcan la sostenibilidad y sustentabilidad integral y mejoren las condiciones de vida de la población.

Durante el operativo, se encontraron sitios donde llegan volquetes a tirar material de construcción, mismo que posteriormente es incinerado durante las noches, ocasionando un problema de salud para los vecinos que viven en los alrededores.

La PPA informa que la disposición ilegal de residuos en zonas no autorizadas, de acuerdo a los Artículos 21, 101, 109, 112, inciso a, así como el 113 y 114 de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, tiene sanciones económicas, como lo es una multa de 10,000 a 40,000 UMAs, así como el decomiso de vehículos.

Además, aplican sanciones administrativas como la remediación y el veto de 5 a 10 años de los sitios no autorizados, en los que se abandonen y dispongan residuos cualesquiera que sea su tipo o característica, en la vía pública, predios baldíos, cenotes, ríos subterráneos, manglares, ductos de drenaje y alcantarillado, en cuerpos de agua; cavidades subterráneas, áreas naturales protegidas y zonas de conservación ecológica, de exclusión, rurales y cerca de aeródromos y aeropuertos.

Al detectarse estas irregularidades en los sitios detrás del fraccionamiento Bali, se determinó la clausura, pero las autoridades correspondientes también llevarán a cabo una investigación a fondo para dar con los presuntos responsables. Asimismo, se procederá a hacer las notificaciones a los propietarios de esos predios, quienes también tienen responsabilidad en este asunto.

Las medidas en materia ambiental indican que cuando hay un cambio ilegal de uso de suelo forestal, ya sea procediendo al retiro, chapeo, desmonte, parcial o total de vegetación de estos terrenos sin autorización, por lo que amerita multas de hasta 30,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, así como el decomiso y aseguran de instrumentos, maquinaria o vehículos: de igual manera enfrentan sanciones penales ante la Fiscalía General de la República, esto con fundamento en los Artículos 28 fracción VII, IV, X, y XI de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; también se aplica el Artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.