“Columna Invitada”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto

El término neocolonialismo se refiere a una forma moderna y sofisticada de dominación que, aunque no recurre a la ocupación militar directa, mantiene el control económico, político y cultural de una nación por parte de potencias extranjeras. En el caso de México, este fenómeno ha evolucionado desde la independencia formal del país, en donde la primeraelección de México de 1828 estuvo intervenida por el ministro plenipotenciario de Estados Unidos, perpetuando estructuras de dependencia que limitan su soberanía real, pasando por las encomiendas posteriores al virreinato, las grandes haciendas de madera, henequen y Ganado, hasta nuestros días. 

Kwame Nkrumah, en su obra Neocolonialismo: última etapa del imperialismo, define este sistema como uno en el que “el Estado que le está sujeto es, en teoría, independiente y tiene todas las galas externas de la soberanía internacional. En realidad, su sistema económico y, con ello, su política, son dirigidos desde afuera”. 

La influencia de medios, productos y valores extranjeros ha generado una homogeneización cultural que desplaza las expresiones locales. La industria del entretenimiento, la moda y el consumo están dominadas por corporaciones extranjeras, lo que refuerza una identidad subordinada. 

Pero el neocolonialismo en su definición más pura también se manifiesta en el despojo de tierras indígenas para megaproyectos, como el Tren Maya cuya única función actual es la gentrificación de zonas mayas o la explotación minera, sin consulta ni consentimiento adecuado. Esto representa una forma de violencia estructural que perpetúa la marginalización de los pueblos originarios. 

El neocolonialismo ha contribuido a: 

– La erosión de la identidad nacional, al imponer modelos de desarrollo ajenos a la realidad mexicana. 

– La desigualdad social, al beneficiar a élites vinculadas con intereses extranjeros. 

– La fragmentación territorial, donde regiones enteras operan bajo lógicas económicas externas. 

Quintana Roo, con destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, se ha convertido en uno de los epicentros turísticos más importantes de América Latina. Sin embargo, detrás de la imagen paradisíaca se esconde una estructura de poder que reproduce dinámicas coloniales bajo el disfraz del desarrolloeconómico que sigue impulsando la CuartaTransformación. El turismo internacional, especialmente el control ejercido por corporaciones extranjeras, ha generado una forma de neocolonialismo económico y social, donde los beneficios se concentran fuera del territorio y las comunidades locales enfrentan explotación y marginación. 

En hoteles de lujo que cobran tarifas elevadas por noche, los trabajadores reciben salarios mínimos, sin pago de horas extra ni prestaciones dignas. Las propinas, que representan una parte significativa del ingreso, son administradas por sindicatos con falta de transparencia en su distribución. Además, se imponen descansos ‘solidarios’ obligatorios, lo que reduce el ingreso quincenal. La violencia y el acoso laboral son comunes, especialmente hacia mujeres, y se han documentado casos de manifestaciones por parte de empleados que denuncian estas prácticas. 

Asimismo, el modelo ‘todo incluido’ permite a cadenas hoteleras extranjeras evadir impuestos mediante transacciones realizadas fuera de México. Estas empresas también utilizan esquemas de outsourcing para reducir sus obligaciones fiscales y laborales. La evasión fiscal limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, servicios públicos y programas sociales, perpetuando la dependencia económica y la desigualdad regional sin que los legisladores federales de la Cuarta Transformación tengan en sus agendas esta ordeña millonaria continua a México. 

La industria turística en Quintana Roo representa una forma moderna de colonialismo, donde el capital extranjero se beneficia de los recursos naturales, culturales y humanos del territorio, mientras que las comunidades locales enfrentan precariedad, violencia y exclusion, que ha sido tolerada y hasta impullsadapor la izquerda-neoliberal.  

Para revertir esta dinámica, es necesario repensar el modelo turístico desde una perspectiva de justicia social, fiscal y territorial, que priorice el bienestar de los habitantes sobre los intereses corporativos, pero para ello, es importante transitar a una verdadera responsabilidad en la transformación, ya que de otra manera, la vida seguirá, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. 

“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

• La nueva SCJN exhibe abusos del alcalde de Tulum y de la 17ª Legislatura, al declarar ilegal el cobro de casi 400 millones de pesos por alumbrado público.
• Por un lado, arenga a tulumnenses contra cobros de la federación por acceso a las playas y, al mismo tiempo, les establece cobros municipales desproporcionados e inconstitucionales por alumbrado público.

Una vez más, el niño verde Diego Castañón Trejo muestra el cobre del que está hecho. Organiza marchas contra impuestos federales, pero con la complicidad de la 17ª Legislatura “inventa” impuestos municipales a tulumnenses invadiendo competencias federales.

Los recibos de energía eléctrica se han disparado, lo cual ha provocado justificada inconformidad ciudadana, tanto en contra de la CFE como en contra del gobierno municipal presidido por el regiomontano compadre de Jorge Emilio, a quien le ofrenda lealtad original, aunque vista casaca guinda.

Resulta que La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de exhibir los abusos de los diputados locales de Quintana Roo que han obligado a los habitantes a pagar casi 400 millones de pesos en impuestos ilegales.

De acuerdo con una ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió finalmente una acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH desde el año 2024 en contra de la fórmula de pago del Derecho de Servicio y Mantenimiento del Alumbrado Público.

Este cobro se aplica actualmente en 7 de los 11 municipios de Quintana Roo, en 6 de ellos, de manera inconstitucional, según han considerado las nuevas ministras y ministros elegidos este año en votación popular.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2024 contra la Ley de Hacienda de Tulum, aprobada en diciembre de 2023, la SCJN consideró que el Congreso de Quintana Roo invadió facultades del Congreso federal.

Para las ministras y ministros, la fórmula que han adoptado los diputados de Quintana Roo establece una contribución cuya naturaleza es de un impuesto sobre el consumo y la energía eléctrica, y no de un derecho.

Se trata del párrafo que aparece tanto en las leyes de hacienda de cada municipio y en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo que autoriza a recuperar los costos del servicio a razón del 5% del consumo eléctrico de cada hogar y negocio.

La reforma aprobada de modo fast-track por la hegemonía 4T en la 17ª Legislatura, establece como base para calcular el monto de los derechos por concepto de alumbrado público, lo que los contribuyentes pagan a la CFE, como usuarios de servicio de suministro de energía eléctrica, lo cual implica que realmente se trata de una contribución que grava un hecho generador de la competencia federal, y por ello se produce una invasión de la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, dijo en su intervención la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

FAMILIAS FARMACÉUTICAS REEGIOMONTANAS
Por lo pronto, el farmacéutico regiomontano, igual que la familia de Jorge Emilio, mostró la incongruencia de su proceder político, motivado por el afán electorero que predomina en sus acciones rumbo a las elecciones 2027, en la que aspira a ser diputado federal, senador o gobernador, lo que salga. Usted tiene la última palabra.
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