EN LA OPINIÓN DE:
Aguakán, juego de complicidades
El Minotauro
Nicolás Durán de la Sierra
De manera inusitada, tratándose de quien se trata, ayer los dos diputados de Acción Nacional presentaron una iniciativa de reforma a la constitución local no solo para incluir en ella el derecho al agua, sino también y aquí lo toral, para prohibir la privatización del líquido y sus servicios en cualquier modalidad, es decir, propone una cláusula tabú para el gobierno estatal.
Este ha sido un tema difícil de abordar no sólo para este gobierno, cuyo arbitrio esta acotado el poder federal -no le queda de otra- sino también para el pasado gobierno, al inicio de la ruta formal para la muy futura expulsión de Aguakán del Estado, y digo muy futura pues el litigio será largo, que detrás de esta empresa hay intereses gigantes como los de BlackRock.
El prohibir una nueva privatización del servicio de agua potable es una buena idea porque supone (es lo que se espera) que los precios del insumo bajen o al menos que ya no suban. Desde hace tres años, en Cancún se paga el agua más cara de México con casi 61 pesos por metro cúbico, según la Conagua; en el norte estatal cuesta más que en las zonas desérticas del norte del país.
El abusivo costo del agua potable es el problema central para poco y más de dos tercios de la población estatal, y este, por desgracia, no tiene trazas de resolverse en el corto plazo. La propuesta de congelar sus precios en lo que se dirime en lo legal la salida de Aguakán, no fue siquiera considerada por el congreso, el que de seguro está ocupado en las sumas y restas de sus haberes.
El asunto de Aguakán no se trata de un conflicto entre el Estado salvador y una criminal empresa, pues por años ambas instancias fueron cómplices del abuso y estos son los resultados. La propuesta panista no debe ser olvidada, pues en la privatización radica el origen de este problema y de muchos otros que alienta el propio gobierno como la del alumbrado y la salud públicas.
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EN LA OPINIÓN DE:
Levantan la voz hoteleros de Quintana Roo
Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias
Los tres niveles de gobierno deben de poner puntual atención en los integrantes del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, que no solo aglutina a las asociaciones de hoteles de Quintana Roo, sino que también a organizaciones como los clubes vacacionales, las agencias de turismo receptivo, representantes de Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, e integrantes de Amexme, Canirac y Amatur.
Son las voces de los empresarios del sector turismo que generan miles de empleos en Quintana Roo, quienes desde décadas tienen sus inversiones en la Entidad, aquí pagan sus impuestos y colaboran en actividades sociales que tienen que ver con el bienestar de la población; lógicamente, es un negocio y se benefician de ello.
La exigencia es hacia los diputados federales de Quintana Roo y al Gobierno Federal, no al incremento al Derecho de No Residente (DNR) que pretende hacer la federación en el próximo Presupuesto del Paquete Fiscal para 2027.
Aunque para la mayoría de las personas el incremento del DNR ha pasado desapercibido, en los libros contables de los empresarios turisteros está bien claro, en 2025 se situaba en 861 pesos; en 2026 subió a 983 y ahora la propuesta para 2027 lo llevaría a mil 334.80 pesos; de ignorar la petición de los representantes hoteleros, el aumento acumulado alcanza cerca del 55 por ciento en apenas dos años.
Además, la propuesta del Gobierno Federal contempla un alza del 10 por ciento en las tarifas por uso de espacio aéreo. Ambos gravámenes se trasladan directamente al costo de los boletos de avión, si de por sì, el precio de la turbosina sigue al alza, el golpe al sector es fatal.
La propuesta nació en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del proyecto de Presupuesto de Ingresos que el Ejecutivo envía al Congreso de la Unión. Aún no está aprobada, está en la mesa de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados; en este mes debe pasar por el escrutinio de diputados y senadores.
A detalle, el Consejo fue específico, en otoño, los vuelos hacia Quintana Roo disminuyeron un 11 por ciento. El verano pasado, las tarifas aéreas subieron hasta un 33 por ciento. Las aerolíneas, son quienes deciden dónde colocar sus aviones. Lo que no analizan los diputados federales quintanarroenses, es que encarecer aún más el destino puede producir el efecto inverso: menos visitantes, menos impuestos recaudados y un golpe social que se extiende mucho más allá de las grandes cadenas hoteleras.
Lo más alarmante es que entre enero y agosto de este año, los vuelos cayeron 4.6 por ciento y los pasajeros internacionales al Caribe mexicano, 6.1 por ciento. Las proyecciones para enero-abril de 2027 anticipan 5.3 por ciento menos vuelos, el equivalente a medio millón de pasajeros que no llegarán, sumados al medio millón que no llegó, la caída es estrepitosa.
El mercado estadounidense, el más importante, se contrajo 10.2 por ciento hacia Quintana Roo, mientras que hacia Europa creció 1.1 por ciento. Otros países del Caribe, con el mismo problema del sargazo, siguen creciendo.
En resumen, el sector hotelero de Quintana Roo, que genera la mayoría de los miles de empleos en la entidad, tiene cifras reales, la caída del turismo estadounidense representa 707 mil cuartos-noche menos; el turismo nacional, 391 mil. En conjunto, es como si todos los hoteles de Quintana Roo permanecieran vacíos durante 7.1 días. La pérdida económica estimada asciende a 6 mil 375 millones de pesos.
Y rematan al decir que el propio gobierno federal dejaría de recaudar 289 millones de pesos solo por concepto de DNR; todos perdemos directa o indirectamente si el Gobierno Federal insiste en aumentar el DNR. Los hoteleros preparan un escrito formal, solicitan una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y planean otra rueda de prensa en la Ciudad de México para presionar a los legisladores. Aún no hablan de acciones legales, pero no las descartan si el diálogo no prospera. El paquete debe pasar por el Congreso. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, si los otros sectores productivos piensan que no les afectaría el aumento al Derecho de No Residente, están muy equivocados, el ejemplo lo viven día a día los taxistas de Cancún, Playa del Carmen y Tulum quienes ven cómo disminuyen los traslados del aeropuerto a los hoteles y de los hoteles a los centros comerciales o a las playas.
Menos pasajeros internacionales se traduce en menos carreras, menos propinas y jornadas más largas para alcanzar el mismo ingreso.
Los vendedores ambulantes, los que ofrecen artesanías, sombreros, agua de coco o collares en la Quinta Avenida de Playa o en la zona hotelera de Cancún, dependen del flujo constante de turistas que caminan y llegan al destino.
Cuando ese flujo se reduce, las ventas caen de forma casi inmediata. Muchos de ellos son migrantes internos o trabajadores de la economía informal cuya supervivencia diaria está atada a la llegada de visitantes.

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Unirme al canal de WhatsAppEN LA OPINIÓN DE:
Fuero sexenal de facto, protector en las altas esferas del gobierno
“Visión Periférica”
Por Cliserio E. Cedillo Godinez*
Decía mi entrañable amigo el ex regidor Juan Castro Placios que había que tener mucho cuidado, más en el oficio periodístico, cuando escuchamos muchas veces la misma frase o palabras, falsas o sin fundamento (como que “en Morena todos son honestos, fieles servidores de la ciudadanía e incapaces de traicionarla”), porque repetidas mil veces terminan por aceptarse como verdades, aunque sean desafortunadas mentiras.
Es cierto, todos hemos escuchado hasta el cansancio los principios éticos fundamentales del partido Morena de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Son palabras, sin duda, bien intencionadas repetidas una y mil veces hasta el cansancio por los máximos dirigentes y representantes de la llamada Cuarta Transformación (4T), aunque desafortunadamente no he encontrado todavía quién las siga y cumpla al pie de la letra.
Claro que de antemano pido perdón a esas personas morenistas que todavía no conozco y que siguen tal cual esa consigna creada por las mentes soñadoras de los principios básicos fundamentales de la 4T, que seguramente deben existir, aunque no se encuentren precisamente en las cúpulas del poder.
Lo cierto es que ese mandato dirigido a los morenistas inmersos en los poderes Ejecutivo y Legislativo es ignorado por cientos de funcionarios, senadores y diputados, así como por privilegiadas autoridades en gobiernos estatales y, sobre todo, en muchos municipios del país.
Mención aparte, merecen los miembros del Poder Judicial que, gracias a las estrategias de Morena, aunado al reparto de billetes por todo el país, aparecieron en las listas ganadoras del acordeón. ¿Por qué mención aparte? Sencillo, porque tienen en sus manos la aplicación de la justicia que requiere de cero corrupciones. Aunque, desafortunadamente han fallado desde el momento de ser beneficiados al ocupar un espacio en las listas durante esas vergonzosas elecciones.
Además, hay que decir que el Poder Judicial debe ser uno de los más criticados por estar supeditado a las decisiones del Poder Ejecutivo, lo mismo que el Legislativo, porque ambos desacatan las disposiciones de nuestra Constitución. Y es que el Artículo 49, que establece la división e independencia de los tres poderes, prohíbe estrictamente que dos o más de los tres poderes se reúnan en una sola persona o corporación, “garantizando así el principio de contrapeso y equilibrio institucional” y que no es así, ya que cada vez se pierde más.
Esa relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial nos lleva a una verdad innegable: existe de facto un fuero o privilegio de inmunidad legal que protege a ciertos servidores públicos, no necesariamente diputados o senadores, que los hace intocables, lo mismo que a los miembros y ex miembros de los gobiernos morenistas y no solo a ellos, sino hasta a familiares y amigos, según vemos. Un ejemplo claro de esto es el caso de Andy López Beltran y su amigo Jorge Amilcar Olán o el del ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus nueve ex funcionarios acusados de tener vínculos con el narcotráfico, lo mismo que el senador Enrique Inzunza Cázarez, aunque este si con fuero legal.
Pero, como todo lo que empieza termina, como dice la canción de José José, ya se les acabará “el fuero de facto” como sucedió con el panista ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a quien se le ha “linchado” públicamente con todo rigor desde las altas esferas del gobierno. Bueno, ese fin les llegaría siempre y cuando Morena dejara el Poder, lo que aún se ve muy, pero muy distante…
*Periodista con 50 años de experiencia; XX Premio Nacional México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2024, por Géneros Periodísticos; director general de 5to Poder Priodismo ConSentido.
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