Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias

Como la mayoría de los ciudadanos con sus derechos políticos electorales vigentes, acudí a emitir mi voto para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación y del Estado, lo hice en la casilla de la elección 0122 de Cancún, me tomó 16 minutos poder marcar los números en las seis boletas federales y las cuatro estatales.

La colocación de las mesas de votación, esta vez no fue mampara, no fueron tan secretas, pues podía uno observar, si quería, lo que hacia la persona que estaba a un lado. Las seis boletas federales traían los números con los nombres de las personas, así como el Poder del Estado que las propuso: Poder Ejecutivo (P-E), Poder Legislativo (P-L) o Poder Judicial (P-J), así como unas cuantas que propusieron los tres poderes (P-ELJ). Quizá para la mayoría de los quintanarroenses, los nombres resultaron “X”.

En el caso de Quintana Roo, llamó la atención la papeleta para elegir a los 105 juzgadores, porque para el Tribunal de Justicia Administrativa estaba claro, así como los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Electoral del Estado.
La diferencia en la elección para personas juzgadores en Quintana Roo, radicó que aquí se hizo una reforma sobre la reforma, en la que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), solicitó a la XVIII Legislatura que se colocara el nombre en una sola columna de todos los que propuso el Poder Judicial, así como los del Poder Ejecutivo y los del Poder Legislativo, de tal manera que solo podía marcar una sola de las tres columnas en la papeleta; o sea, voto en bloque, contraviniendo la reforma federal.

Le pongo un ejemplo, en al listado del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, aparece el nombre de Gabriela Guadalupe Ballote Quintal, como candidata a juez penal de control con especialización en justicia penal para adolescente, pero esa misma persona es candidata del Poder Legislativo y también del Poder Judicial, como quien dice, tiene asegurado el cargo. Mismo caso de Miguel Àngel Tuyu Martín, que aparece en las tres listas, entre otros.
Pero donde sí de plano nos “dieron atole con el dedo”, es en la elección para jueces “Mercantil de Primera Instancia”, “Laboral de Tribunal Laboral” y “penal de Despacho”, pues los tres poderes del Estado seleccionaron a las mismas personas, que aquí sí, la elección fue puro trámite.

Sin temor a equivocarme, los ganadores en el Mercantil de Primera Instancia son: Diana Verónica Caballero González, Wendy Asunción Loría González, Pérez Bastos María del Rosario, Anahí Tadeo Manzanarez, Beatriz Alicia Zaldívar Armenta y Roberto Uriel Chan Balam.

Donde coinciden el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es en la lista de sus candidatos a juez Laboral de Tribunal Laboral, donde ya tienen seguro el cargo Nadia Jiménez Suárez, Osiris Arlette Meza Pérez, Eleazar Antonio Quintal Peralta y Efraín Taleno Castro. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, hay que reconocer el trabajo que realiza el Ayuntamiento Benito Juàrez para la conservación del medio ambiente, pues va tras la caza de personas que realizan basureros clandestinos a cielo abierto.

La semana pasada, clausuraron un basurero clandestino sobre la autopista Cancún-Mérida, donde estuvieron presentes los directores de Siresol, Frantz Johan Ancira Martínez; y de Ecología, Fernando Haro Salinas, al igual que la secretaria de Obras Públicas y Servicios, Samantha Hernández Cardeña; por parte de la autoridad estatal, el procurador de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA), Alonso Fernández Lemmen Meyer.

Ojalá los otros diez ayuntamientos tomen este ejemplo, porque con estas acciones podrían prevenir la contaminación del suelo y del agua, proteger la salud pública y evitar daños al medio ambiente, ya que los basureros clandestinos pueden contener residuos tóxicos que se filtran al subsuelo y dañan los ecosistemas, por lo que es necesario tomar medidas correctivas y mitigar los impactos negativos para seguir con la seguridad ambiental y sanitaria. Al tiempo…

“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

• El fantasma del golpe de Estado blando.

Votación de 13% en promedio. ¿Es alta o baja? Suficiente. En este espacio pusimos dos marcas. La de 17.7% de la revocación del mandato en 2022 y la de 20% como un máximo estimable.

El anuncio oficial de 12.57 a 13.32 será una cifra que seguirá alimentando la polarización; una misma cifra será vista como “ejemplar” e “histórica” para unos y como “simulación” y “fracaso” para otros. Todo en blanco y negro; solo servirá para confirmar posiciones ya asumidas desde antes; la polarización de la opinión publicada; no necesariamente la opinión pública.

Por lo pronto la elección ya sucedió. El gran día del Plan C se consumó y el Poder Judicial será renovado.

El proceso es irreversible. Pero también perfectible. Hubo deficiencia en su implementación, aunque el INE logró sacarlo con saldo blanco a pesar de las resistencias internas que la misma Guadalupe Taddei tuvo que sortear.

Quienes quieran seguir en la negación total o la afirmación a ciegas, es decir verlo todo en negro o blanco, allá cada quien, pero con la votación de este 1 de junio, con los 13 millones de personas que asistieron a las urnas, es una acción legítima y legal; transformará al único poder que permanecía intocado y en resistencia abierta a cualquier posibilidad de cambio desde dentro; cerrado ante las reformas constitucionales del nuevo régimen.

Ahora, ¿cómo se reflejará esto para la ciudadanía de a pie? El riesgo es que ahora el nuevo Poder Judicial deje de estar al servicio de unos, para ponerse al servicio de otros, pero no del pueblo. Veremos.

GOLPE DE ESTADO BLANDO
El recurso de la guerra legal, arma poderosa de las élites que se servía del actual Poder Judicial, se aleja con la elección del nuevo Poder Judicial.

Se diluye el fantasma del golpe de Estado blando desde el Poder Judicial, similar al que le dieron a Lula da Silva en Brasil que lo llevó a la cárcel, a Cristina Kirtchner en Chile, a Rafael Correa en Ecuador y a Pedro Castillo en Perú, por mencionar los más recientes y conocidos.

Recordemos que en agosto de 2023 el ministro Luis María Aguilar propuso “separar de su cargo” al presidente López Obrador, aunque el pleno no se atrevió a votar el proyecto. Pero las ganas no les faltaban; se estarán lamentando no haberse atrevido. Usted tiene la última palabra.