Cancún (Jorge A. Martínez Lugo) .- “Que siga el litigio y lo mejor para la empresa Aguakán es entregar la concesión” respondió la presidenta Claudia Sheinbaum ante la pregunta sobre la campaña mediática de la empresa concesionaria, donde se victimiza y acusa hostigamiento jurídico y amenazas por parte del gobierno de Quintana Roo.

Ante pregunta directa de periodista en la mañanera del pueblo de este miércoles 26 de febrero, la mandataria agregó que “no estamos de acuerdo en la privatización del agua; no es la opción privatizar para cumplir el derecho humano al agua”.

“En Cancún es un abuso lo que ha hecho esta empresa; ni cumplen con el derecho humano al agua y cobran las tarifas que quieren; estamos de acuerdo con el pueblo y con la gobernadora de Quintana Roo para que Aguakán entregue la concesión”, completó Claudia Sheinbaum.

Explicó que privatizar el agua viene de la peor práctica neoliberal donde todo se privatizaba para hacer negocios y privatizar el agua para generar ganancias no ha funcionado; “que siga el litigio y lo mejor es que la empresa entregue la concesión”, remató.

LITIGA AGUAKÁN EN MEDIOS NACIONALES
Este mismo 26 de febrero, la empresa Aguakán arreció su campaña mediática en el diario Reforma y en la revista Proceso, donde denuncia “hostigamiento jurídico” y amenazas para quitarles la concesión y entregársela a la empresa española Acciona.

De acuerdo con representantes de Aguakán, sin dar nombres, Aguakán revela que el gobierno del estado de Quintana Roo a través de Cuitláhuac Bardan, les planteó “venderle la concesión en 4 mil 500 millones de pesos, cuando vale 17 mil millones en la bolsa de valores”.

EL LUNES DECIDIRÁ EL JUEZ
De acuerdo con Proceso, un juez federal decidirá el lunes la situación legal de socios y directivos de Aguakán, empresa que controla el suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya, quienes, tras ser denunciados penalmente por lavado de dinero, señalan al gobierno de Quintana Roo de orquestar un hostigamiento jurídico.

Los directivos sobre quienes hay orden de aprehensión son Paul Andrew Rangel Merkley, CEO de la empresa en Cancún y Diego José Ramos, apoderado legal, según Reforma.

Una jueza federal ordenó a la alcaldía Benito Juárez no otorgar permisos para la celebración de eventos que impliquen maltrato hacia los animales y, en el caso de las corridas en la Plaza de Toros México, no se podrán utilizar instrumentos que lastimen a los toros.

Sandra de Jesús Zúñiga, jueza Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió un amparo a la organización Todas y Todos por Amor a los Toros.

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Policía

Pese a la resolución, la sentencia no está firme y las autoridades no están obligadas a acatar el fallo en este momento, ya que aún pueden interponer un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.

La sentencia ordena a la alcaldía no emitir permisos para la celebración de eventos que impliquen maltrato y muerte s animales.

“Y para el caso de que dicha autoridad, en el ejercicio de sus facultades, determine emitir permisos para las corridas de toros, éstos no podrán contener actividades o instrumentos que impliquen el maltrato animal en términos de la presente ejecutoria, como lo es, el ‘acero’, ‘cachetero’, ‘puntilla’, ‘pinche’, ‘puya o pica’, ‘muleta’, y cualquier otro que pudiera ocasionar un daño físico o psicológico”, detalla la resolución.
El acero, se refiere a la espada o estoque usado por los toreros; el cachetero es el puñal corto y agudo, particularmente el que sirve para rematar a las reses; la puntilla es una especie de puñal corto, que sirve para rematar; la puya es la punta cónica triangular se usa para picar al animal.

La juzgadora señaló que carece de protección constitucional la práctica o actividad del hombre que se reputa como cultura y que lastima la dignidad humana, así como la libertad, la paz y, en general, el resto de los derechos humanos reconocidos por el Estado.

“Consecuentemente, toda vez que los actos de tauromaquia o corridas de toros a que se refieren los artículos impugnados, implican la práctica de maltrato y el sufrimiento innecesario de toros de lidia, sin que para ello se estime sea válido invocar a su favor un derecho cultural, pues tal derecho no ampara actos de violencia y tortura en contra de los animales, se considera que tal conjunto normativo transgrede el derecho a un ambiente sano, de ahí que al resulten fundados los planteamientos de la parte quejosa”, indicó.
Recordó que existen diversos ordenamientos que aseguran la conservación y protección de todas las especies animales, por citar algunos, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Protección a los Animales en la Ciudad de México, que prohíben estrictamente todo acto de crueldad contra cualquier animal, esto es, actos de brutalidad que pudieren causarles dolor, deterioro físico y sufrimiento que afecte su bienestar, ponga en peligro sus vidas o les dañe gravemente en su salud o integridad física.

Asimismo, tanto la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre, prevén que mediante normas oficiales mexicanas se podrán determinar los principios básicos y las medidas necesarias de trato digno y respetuoso para con los animales.

Fuente:Milenio