CIUDAD DE MÉXICO, 10 DE FEBRERO.- Entre el 1 de enero de 2012 y el 5 de septiembre de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) removió de sus cargos a 226 servidores públicos por actos de corrupción y por violaciones a los derechos humanos.

De ellos, 53 dejaron sus puestos en este periodo por no cumplir, retrasar o perjudicar, por negligencia, al Ministerio Público de la Federación. Otros 50 lo hicieron porque solicitaron o recibieron pagos o gratificaciones por realizar su trabajo.

En el informe que la dependencia federal entregó como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, se resaltó que otros fueron separados por no ejercitar acción penal o ejecutar mal los mandamientos judiciales, abandonar comisión, funciones o servicios sin causa justificada, auxiliarse de personal ajeno a la institución, no obedecer instrucciones, maltratar física y psicológicamente a detenidos y llevar a cabo, de forma indebida, retenciones, práctica de cateo e integración de carpeta de investigación, entre otras acciones.

Además, en el documento se precisó que 110 de estos ex empleados laboraban en la Ciudad de México, 18 en Baja California, 13 en el Estado de México y 10 en Jalisco.

Se agregó que entre 2016 y 2017 se iniciaron 257 carpetas de investigación contra funcionarios de la dependencia por actos como abuso de autoridad, cohecho, ejercicio ilícito e indebido de servicio público, enriquecimiento ilícito, intimidación, peculado y tráfico de influencias.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) documentó en 2016 una compensación por cuatro millones 730 mil 203 pesos por violaciones a los derechos humanos que cometieron elementos de la PGR. El monto se entregó por violaciones a la integridad personal, acceso a una vida libre de violencia y debido proceso de una persona.

En 2015 también se reportó un pago por 805 mil 582 pesos por violaciones al debido proceso y a la libertad personal de una víctima.

En 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) registró mil 193 denuncias contra servidores públicos federales por actos de corrupción. Hubo 494 sanciones (41%).

En la base de datos que entregó como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, la dependencia no especificó las medidas que se aplicaron (inhabilitación, suspensión, destitución o sanción). Sin embargo, sí incluyó varios ejemplos de las prácticas que se llevaron a cabo.

En uno de ellos documentó 428 denuncias contra trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Castigó a 36. Entre los motivos están cobrar el suministro de energía eléctrica y no entregar el monto, solicitar 15 mil pesos a la propietaria de un bar para no quitarle el servicio, intentar “sustraer” cable de una subestación y ser descubiertos por un oficial de seguridad e intervenir en la contratación de un familiar.

Las instituciones de salud también destacaron. La SFP reportó 138 denuncias contra elementos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras las cuales se implementaron 136 sanciones: 101 por irregularidades administrativas y 35 por deficiencias médicas.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hubo 42 denuncias y 262 procedimientos por negligencias administrativas y médicas y por violaciones a las leyes de normatividad presupuestal y a los procedimientos de contratación.

Otras dependencias que resaltaron en el listado, pues sus empleados fueron señalados por diversas irregularidades, fueron la Policía Federal, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el Servicio Postal Mexicano, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría Agraria, Liconsa, la Comisión Nacional de Vivienda, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad y el Servicio de Administración Tributaria.

Para Angélica Cázares, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), es necesario que se acelere el nombramiento del fiscal general para que se persigan y se impongan sanciones “ejemplares” a los servidores que cometan este tipo de irregularidades.

La integrante del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) añadió que la SFP también debe agilizar la puesta en marcha de la plataforma que puso a disposición de los ciudadanos tras los sismos de septiembre pasado para que denunciaran hechos de corrupción. “Esa parte es que la que me parece a mí que no debe quedar inconclusa y que debe de ser un referente”, dijo.

Funcionarios de la CFE, SCT y PF, en la lista de sancionados

Las denuncias y sanciones por actos de corrupción que cometieron funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son una constante.

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), el año pasado se registraron 428 denuncias y 36 procedimientos contra trabajadores de esta institución que fueron responsables de diversas irregularidades.

Una de ellas fue pedir 15 mil pesos a la propietaria de un bar para no quitarle el servicio de energía eléctrica por causa de un presunto ilícito. Se comprobó que un empleado del establecimiento entregó el monto requerido.

El 2016 no fue la excepción: se documentaron 699 denuncias, pero sólo 18 procedimientos. Entre los motivos que derivaron en el castigo (del que no se especificó si se trató de inhabilitación, suspensión, destitución o sanción) estuvieron contratar parientes y a un proveedor para diversos cursos de capacitación cuya puesta en marcha no pudo comprobarse, pagos excesivos y cambiar indebidamente un tabulador de salarios por otro que contenía ingresos más altos.

Con respecto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la SFP resaltó una sanción en contra de un elemento que autorizó a un prestador de servicios acudir a un diplomado que costó 46 mil 400 pesos. El beneficiado no tenía derecho, pues no formaba parte de la institución.

No fueron las únicas medidas que se implementaron. En el listado que la SFP entregó se acentuó que el jefe del Departamento de Recursos Humanos del Centro SCT Chiapas recibió castigo porque contrató a un familiar. Se agregó el caso de un elemento que obtuvo beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Estado le otorga por 12 mil 982 pesos.

La Policía Federal (PF) también destacó. En 2016 un uniformado solicitó a sus subordinados diversas cantidades de dinero bajo el argumento de que era para el alimento de los “semovientes caninos” de la Unidad Táctica Canina de la División de Gendarmería. A cambio de estas aportaciones, el responsable los dejaría salir a operar.

Se reducen denuncias

En 2016, la Secretaría de la Función Pública documentó dos mil 438 denuncias por actos de corrupción de servidores públicos federales y aplicó 579 sanciones (23%). En comparación, en 2017 registró mil 193 procedimientos y 494 castigos (41%).

En marzo del año pasado, este medio de comunicación publicó que entre los meses de enero de 2006 y 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó 27 mil 876 denuncias penales, pero sólo emitió cuatro mil 15 sanciones contra funcionarios de la administración federal por actos de corrupción (14%).

Hubo acciones de todo tipo. En 2012, la SFP suspendió por 60 días a un servidor público de la Secretaría de Gobernación (Segob) por abusar de su posición para obtener beneficios económicos, mientras que en 2015 amonestó públicamente a un empleado de Liconsa que intervino en la contratación de su cuñado como subgerente.

En 2016 inhabilitó, destituyó y sancionó económicamente a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por disponer de ingresos para fines distintos a los que se debían destinar, confirmar la recepción de bienes adquiridos sin que los proveedores los hubieran entregado y recibir dinero de personas que solicitaron obras de ampliación de red eléctrica, entre otras razones.

Otro ejemplo fueron las 12 sanciones, entre inhabilitaciones y destituciones, de elementos del Servicio Postal Mexicano (Sepomex). Uno de ellos debía entregar una pantalla para un teléfono celular y decidió ofrecerla en un portal de Facebook. Otro abrió cuatro paquetes, extrajo el contenido y lo depositó en una caja que después trasladó a otra área.

También destacó la inhabilitación de un funcionario de la Secretaría de Agricultura, que puso a nombre de una persona difunta diversos predios para el otorgamiento de apoyos. O la separación de un trabajador del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” que solicitó 40 mil pesos a pacientes por material para cirugía que no utilizó.

Fuente Informador MX

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