“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

A veces pienso que el actuar de los diputados federales y de los senadores es netamente político, sin pensar en las consecuencias que sus acciones como legisladores, causen en la economía de los estados y de las familias que dependen de la actividad turística; como sucedió anoche, con la aprobación de 42 dólares (860 pesos) por crucerista, más los 5 dólares de impuesto estatal, lo que afecta directamente a Cozumel y Mahahual en Quintana Roo.

La eliminación al artículo 11 de la Ley Federal de Derechos, primero en la Cámara de Diputados y ayer en el Senado de la República, producirá que los cruceristas comiencen a pagar la cuota de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, que es conocido como Derecho de No Residente (DNR).

La proyección de cruceristas para el siguiente año estima que ingresen al menos 10 millones de pasajeros en barco al país, lo que significaría, en caso de cumplirse las proyecciones, la recaudación de 8 mil 605 millones de pesos solo por el cobro a turistas en embarcaciones, de ese dinero, el 67% irá a dar a las arcas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De nada sirvieron los llamados de los senadores morenistas de Quintana Roo, Anahí González Hernández y Eugenio Vázquez Segura, para una prórroga de 120 días, o sea cuatro meses del 2025, para analizar la propuesta que impacta a la economía de Cozumel, Mahahual y en general de Quintana Roo; la voluntad del centralismo fue más fuerte y a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se elimina la exención de cobro por concepto de servicios migratorios a los turistas que lleguen al país a bordo de un crucero, los cuales deberán pagar 860 pesos a lo que ya erogan por el tránsito en los puertos mexicanos.

Cada turista que ingrese al país sin permiso para realizar actividades remuneradas deba pagar 860 pesos. La última tarifa vigente es de 717 pesos. Otra de las disposiciones aprobadas por el Congreso es el aumento por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, la cual pasará de 185 a poco más de 223 pesos; la afectación será directa al destino de cruceros más importante del país, como lo es Cozumel y, al aeropuerto que recibe más extranjeros que es el de Cancún.

A pesar del llamado de las 23 empresas que conforman la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe y de los empresarios de Cozumel, el Senado ratificó el cambio de los Derechos en este tema; así que ahora las empresas cruceristas buscan la manera de evitar los puertos mexicanos, ello a través de cambios aún no confirmados, pero que llevarían algunos barcos a otros destinos en el Caribe menos costosos para los pasajeros. Ahí se las dejo…

SASCAB
Aunque la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN), presentó reservas al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, donde se discute el aumentar el cobro a pasajeros de cruceros, pero en votación económica la ‘aplanadora’ de la 4T le pasó encima y no fue tomado en cuenta.
La senadora panista de Quintana Roo advirtió que el proyecto “es una muestra del populismo de la 4T, porque supuestamente” no propone nuevos derechos, pero en la práctica incrementa los ya existentes. Además, advirtió, sigue la misma tónica orientada a la concentración del poder de los recursos, porque retoma la implementación de “guardaditos y de la partida secreta”.

Francisco Daniel Barreda Pavón, de MC, indicó que el dictamen propone destinar ingresos provenientes de recursos migratorios y aeroportuarios a fideicomisos administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina, sin garantizar mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas.

Durante la presentación de votos particulares, Manlio Fabio Beltrones Rivera lamentó que actualmente no se avance en una adecuada federalización de la recaudación, sino que se privilegie la centralización, con lo que se “cercenan” montos a estados a los que no se les reintegran recursos. Al tiempo…

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

Por Hugo Alday Nieto

México ha sido señalado históricamente como un país que hace como que lucha en contra del comercio informal representado por dos esquemas delincuenciales como son la piratería y la falsificación. Incluso gran parte de los tratados internacionales comerciales que suscribe México en sus capítulos respectivos a la Propiedad Intelectual destacan el compromiso de las partes para combatir a la piratería y a la falsificación.

De conformidad con el documento denominado “LA PERSISTENCIA DE LA PIRATERÍA Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA CREATIVIDAD, LA CULTURA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE” del Comité Intergubernamental de Derechos de Autor de la OCDE nos dice que la Organización Mundial de Aduanas, calcula que el 5% del comercio mundial tiene por objeto bienes pirateados. Por su parte, la Comisión Europea, recientemente calculó que entre un 5% y un 7% del comercio mundial depende de la piratería. De acuerdo con el documento, la piratería genera 300.000 millones de euros de pérdidas del comercio formal. La OCDE calcula más del 5% las pérdidas sufridas por el comercio mundial y pone el foco en otro indicador de la gravedad de la piratería y la falsificación, señalando el problema del aumento en los empleos perdidos, estimando que ascienden a 120.000 de empleos formales perdidos al año en los Estados Unidos de América y a más de 100.000 en la Unión Europea hasta antes del 2010. Aquí el porcentaje es mucho mayor.

En México, la piratería se ubica en el capítulo Vigésimo Sexto del Código Penal Federal denominado “DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR”, principalmente en tres artículos:

“Artículo 424.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa: (…)

III.  A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor…

Artículo 424 bis.- Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa:

I.  A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.

Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el párrafo anterior…

Artículo 424 ter.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de cinco mil a treinta mil días multa, a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, a que se refiere la fracción I del artículo anterior.

Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en el artículo 424 Bis de este Código.”

Asimismo, la falsificación es un delito que se encuentra ubicado en la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial, de la siguiente manera:

“Artículo 402.- Son delitos:

I.- Falsificar una marca con fines de especulación comercial.

Para efectos de esta Ley, se entenderá por falsificar, el usar una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por esta Ley, sin autorización de su legítimo titular o de su licenciatario, para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico.

Para acreditar la falsificación bastará que la marca sea usada en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a como aparezca representada en el título de registro o, en su caso, en la resolución que estime o declare su notoriedad o fama;

II.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten dichas falsificaciones;”

De acuerdo con la maestra en derecho Karen Lizbeth Ayala García en su obra “La piratería en México: problema social y económico” diversas estadísticas realizadas en México, arrojan datos de que el consumo excesivo de piratería y falsificaciones se realiza con la conciencia de que se trata de un delito y que se fomenta la corrupción.

El IMPI en su “Estudio de la precepción de la piratería en México 2024”, señala  que esta actividad ilegal se encuentra fuertemente arraigada en el consumidor promedio de México, a sabiendas que afecta al productor o autor, que genera pérdida de empleos, de que fomenta el crecimiento del crimen organizado a través de la producción o importación ilícita de piratería y falsificación, lo que crea una cadena delictiva que no solo daña a la economía, sino que sirve de generador de dinero en el mercado negro para ser invertido en otro tipo de delitos y generar violencias que llegan hasta la puerta de nuestras casas. Es decir, somos patrocinadores de nuestra propia violencia a través del consumo de piratería y falsificaciones.

Debido a ello, las acciones emprendidas por el IMPI hace unos días en el centro de la ciudad de México son una gran muestra de que por lo menos en el arranque, el segundo piso de la transformación busca combatir a la piratería y la falsificación de artículos protegidos por el derecho de autor y la propiedad industrial, dando una notable señal a los inversionistas extranjeros de que el combate a los delitos en la materia, y sus derivados de lavado de dinero y contrabando, van en serio bajo el mando de Marcelo Ebrard y Santiago Nieto.

Este tema sin duda deberá de explorarse a fondo para llegar investigar a las aduanas mexicanas, ya que, por lo pronto, las fuerzas armadas han resultado inútiles para detener el contrabando de productos apócrifos, falsificados o piratería, lo que nos abre la puerta a un esquema de corrupción en esas corporaciones, ya que, de otra forma, no existe posibilidad alguna de que el IMPI hubiese asegurado tres pisos de mercancía en la ciudad de México hace unos días.

Después de la desavenencia con nuestros socios comerciales, México da nuevamente señales de retomar el camino de la negociación y la legalidad, y qué mejor que de la dupla técnica Ebrard-Nieto, quienes nuevamente toman el control de la situación desde uno de los perfiles más delicados y sensibles de México, el comercio internacional y su fina linea divisoria con la delincuencia organizada.

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