Cancún.- El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVIII Legislatura, Hugo Alday, encabezó una reunión con representantes del sector empresarial y de la vivienda para analizar los trámites necesarios en el desarrollo de vivienda social.

En el encuentro -en el que participaron Jorge Armando Cabrera Tinajero y Ricardo Velazco Rodríguez, integrantes de la misma comisión, junto con Javier Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, y Leonardo Garrido Hurtado, presidente de la CANADEVI, entre otros desarrolladores de la zona norte del estado- se destacó que los desarrolladores deben cumplir con un total de 108 trámites para entregar formalmente sus proyectos a nivel estatal, federal y municipal. Sin embargo, se mencionó que varios de estos trámites son redundantes e inoperantes, lo cual incrementa los costos y prolonga el proceso de entrega, por lo que se trabajará en una revisión para determinar cuáles de estos trámites pueden optimizarse o modificarse a nivel estatal.

El legislador del Partido del Trabajo también informó que la comisión se reunirá la próxima semana con la diputada Maribel Martínez Ruiz, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, para presentar las preocupaciones del sector. En el encuentro, se expuso que en los últimos 10 años ha habido un decrecimiento en el desarrollo de vivienda en Quintana Roo, lo que contrasta con el incremento poblacional en la región. Según los participantes, el aumento de costos de la vivienda social está directamente relacionado con el número de trámites y permisos, lo cual se traduce en un costo mayor para el comprador. El impacto de estos costos recae directamente sobre los trabajadores que buscan adquirir una vivienda, agregó Alday, lo que genera un reto adicional para el sector.

Asimismo, se abordó en el encuentro el tema de los asentamientos irregulares, los cuales no cumplen con los requisitos establecidos y compiten de manera desleal con los desarrolladores que operan dentro del marco legal. Se señaló que, aunque estos asentamientos inician sin permisos, eventualmente son regularizados por el Estado sin que cumplan con los trámites correspondientes, lo cual consideran injusto.

Para dar seguimiento a estos temas, Alday indicó que buscarán coordinar esfuerzos con la Comisión de Hacienda del Congreso y dialogar con el Registro Público de la Propiedad y la SEDETUS para plantear soluciones viables que permitan mejorar la competencia y reducir las barreras para el desarrollo de vivienda social en Quintana Roo.