Chetumal. – La XVIII Legislatura del Estado avaló la reforma constitucional que retoma el derecho del Estado Mexicano de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros al convertirlo en una actividad estratégica del Estado.

El diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) aseguró que la reforma representa un paso decisivo en la modernización y recuperación del servicio ferroviario de pasajeros.

Recordó que en 2018, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se reanudó la visión de revitalizar el transporte ferroviario con un propósito humanista con proyectos como el Tren Maya, que no solo beneficia al Estado sino también a toda la población del país.

Con la reforma aprobada por la Legislatura de la Justicia Social, el Gobierno Federal tendrá la capacidad de otorgar concesiones a entidades públicas, estados y municipios para la prestación del transporte ferroviario de pasajeros, lo cual significa que el Estado Mexicano recuperará la posibilidad de operar públicamente estas vías generando un servicio que responda a las necesidades de la ciudadanía.

“La recuperación del transporte ferroviario de pasajeros también traerá consigo múltiples beneficios para las y los mexicanos tales como: seguridad en el transporte, una mejor calidad de vida, la reducción de la huella de carbono, el acceso a servicios de transporte para comunidades aisladas, entre otros”, agregó el coordinador legislativo de MORENA.

En la misma sesión se aprobó la reforma constitucional federal en materia de áreas y empresas estratégicas; con la cual el Estado recuperará la rectoría en actividades prioritarias como la energética, además de asegurar el acceso de toda la población a la energía.

La minuta aprobada establece que el Estado Mexicano debe proveer a la sociedad el abastecimiento de servicios de Internet, eléctrico, así como el ejercicio exclusivo de recursos como el litio.

Por otra parte, se dio lectura a una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias, así como para sancionar el incumplimiento en casos de reincidencia.

La reforma es impulsada por la diputada Andrea González Loría y el diputado Jorge Sanén Cervantes, del grupo legislativo de MORENA, para beneficio de las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, subsanando vacíos legales que los deudores alimentarios aprovechaban para no cumplir con sus obligaciones.

La medida plantea establecer una cantidad mínima diaria por concepto de reparación del daño tomando como base el salario mínimo cuando, por la diversidad de trabajos y oficios que existen, sea imposible tener los elementos suficientes para conocer el sueldo real de quien deba dar los citados alimentos.

En otros temas, se turnó a comisiones una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental del Estado en materia de protección, cuidado y seguimiento médico especializado de las personas que padecen de trastornos de salud mental y auxilio a sus familias ante las situaciones de urgencias psiquiátricas, con el fin de garantizar el acceso efectivo de sus derechos para la atención oportuna de la depresión y la prevención del suicidio; presentada por el diputado Eric Arcila Arjona.

También se turnó a comisiones una iniciativa para cambiar la denominación de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad por el de Comisión del Bienestar Humano y Poblacional, presentada por el diputado José María Chacón Chablé.