“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

Hoy conmemoramos el día internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, un flagelo que ha dañado durante siglos a la sociedad y en donde ellas no reciben el trato, el reconocimiento, el salario y menos la distinción que son merecedoras como todo ser humano; hay derechos que todavía sin letra muerta en este tema.

Opino, que los gobiernos municipales deberían de aprovechar la recién creada Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, así como la del Gobierno Estatal, las que ya fueron decretadas para empezar a funcionar, pero hasta ahora no hay un programa, proyecto y presupuesto sólido a ejercer.

Desde el Gobierno Federal, la Secretaría de las Mujeres (SM) busca garantizar a todas las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos a través del diseño, coordinación y evaluación de políticas, planes y programas destinados a erradicar cualquier forma de violencia contra niñas y mujeres en toda su diversidad, así como promover la igualdad de género.

Al estar a cargo del Poder Ejecutivo, una Secretaría de las Mujeres, estaría vinculada en proyección y presupuestalmente a la Administración Federal, es decir contaría con mayor presupuesto, tendría sedes en otros estados y podría operar programas. Además, ser parte del gabinete implicaría acceder a reuniones de gobierno desde otro nivel.

El reto es mayúsculo, porque no solo hablamos de las mujeres en el poder, sino de las amas de casa, de las empresarias, de las discapacitadas, de las indígenas, de las que se encuentran en pobreza extrema, entre otros muchos factores; las políticas públicas tienen que ser atendidas desde lo local, o sea, desde el gobierno municipal.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las mujeres tienen derecho a I. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos; II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades; III.

Recibir información veraz y suficiente en formatos accesibles que les permita decidir sobre las opciones de atención; IV. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita; V. Recibir información médica y psicológica; VI. Contar con un refugio, mientras lo necesite; VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios con éstos, y IX. La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor.

Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y personas defensoras de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las mujeres con discapacidad tendrán derecho a que los procedimientos sean accesibles y a que se realicen los ajustes de procedimiento necesarios para ello. Las mujeres sordas tendrán derecho a contar con interpretación en lengua de señas mexicana, la cual será proporcionada gratuitamente.

El discurso es bueno, pero todavía falta aterrizar todas las leyes y reglamentos que garantizan la erradicación de la violencia contra la mujer; pero para todo ello, es necesario contar con un presupuesto, pero que para el 2025, en Quintana Roo, la Secretaría de la Mujer sea una realidad en la operatividad. Ahí se las dejo…

SASCAB
Recientemente he observado las mediciones que realizan algunas páginas de internet en cuanto al desempeño de las y los alcaldes de 100 ciudades más importantes del país. Entre ellas, observé en “alcaldias.org” que la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Idalia Martínez Hernández, tiene el primer lugar en cuanto a aceptación ciudadana con un 90.6%; lógico, este resultado se da si le preguntas a los trabajadores del primer nivel del Ayuntamiento.

Sin embargo, en otra medición (Rubrum) coloca a Yensunni Martínez en último lugar, con un 3.7 de desaprobación por no estar cercana a la gente; además, reprobada en percepción de la seguridad; y en cuanto al desempeño tiene un 3.78 puntos, lo que la coloca en el último lugar como alcaldesa dedicada a su trabajo. Al tiempo…

“La Última Palabra”

Por: Jorge A. Martínez Lugo

• • Félix, Borge y Joaquín se acabaron las 39,600 hectáreas de Fidecaribe.

El despojo inmobiliario es el modelo de negocio en auge de políticos de todos los colores. Cuando escuchamos la palabra, la referencia inmediata es el “cártel inmobiliario” del PAN en la Ciudad de México.

Pero no solo es uno, ese de la Cdmx, son varios cárteles inmobiliarios panistas en diferentes estados de la república donde han gobernado o gobierna la corrupción azul.

Tampoco es corrupción exclusiva del PAN. Es transversal a todos los colores.

SE ACABARON LAS 39 MIL HAS. DE FIDECARIBE
Por ejemplo, en Quintana Roo el modelo de negocio comenzó con Joaquín Hendricks Díaz, quien recibió del gobierno de Mario Villanueva Madrid 39 mil 600 hectáreas, que éste a su vez recibió de la federación con el Fideicomiso Caleta Xel Há y del Caribe (Fidecaribe).

Hendricks dio los primeros pasos del despojo de terrenos públicos de alta plusvalía, pero quienes se refocilaron bonito en este esquema de saqueo patrimonial fueron Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, que llevaron a niveles de delirio la posesión masiva de terrenos, tanto, que ahora tienen empresas inmobiliarias.

Carlos Joaquín González Canto no cantó mal las rancheras y salió “más cabrón que bonito” al grado que él fue quien acabó con lo que quedaba de las 39 mil 600 hectáreas de Fidecaribe. Hoy, Agepro, no cuenta ni con medio metro de playa patrimonial. Entre Félix, Borge y Joaquín, se las acabaron. Bastaría con hacer una ligera investigación para conocer la ruta de los terrenos del Fidecaribe.

EL DESPOJO A PARTICULARES VULNERABLES
Pero como la corrupción es una adicción de los grupos en el poder, llegaron los niños verdes y se sublimaron en el despojo. Como ya se habían acabado los terrenos patrimoniales, comenzaron a despojar a propietarios y propietarias de terrenos, casas y departamentos.

En esta transición “histórica”, el niño verde fue cómplice con Carlos Joaquín, quien también despojó a ejidatarios, mujeres y personas-familias vulnerables jurídicamente, con la participación de la familia Joaquín-Rejón, que se fueron locos de contento con su cargamento a Canadá y Yucatán a disfrutar el botín.

NUEVA GENERACIÓN DE DESPOJO
Entonces, los cárteles inmobiliarios por lo que son conocidos los panistas, encabezados por Jorge Romero Herrera y Marko Cortés Mendoza, diseñaron una nueva ingeniería de despojo, que sólo se puede hacer en los estados donde gobiernan. Las mafias desde el poder operan con un sistema que requiere la complicidad de diversas áreas de gobierno: Registro Público de la Propiedad, notarios/as, Fiscalía General del Estado, jueces y magistrados/as, comisiones claves de los congresos como Hacienda y Justicia principalmente y de las mismas Jugocopos.

COMPLICIDAD MATA MILITANCIA
Hay casos en donde el factor de sucesión en un estado, se da más por la complicidad inmobiliaria y demás corrupción entre políticos, que traicionan a los candidatos/as de su propio partido, para favorecer al de oposición, porque les garantiza impunidad, no así el candidato/ta de su propio partido, con quien muchas veces están enfrentados.

Tal es el caso de Yucatán, donde Rolando Zapata Bello (PRI) prefirió apoyar a Mauricio Vila Dosal (PAN) y, luego éste mismo, prefirió apoyar a Joaquín “Huacho” Díaz Mena (Morena), que a su correligionario Renán Barrera Concha (PAN), porque predominó en ambos casos los intereses de corrupción inmobiliaria.

Tanto Rolando Zapata como Mauricio Vila, están denunciados penalmente por encabezar sus respectivos cárteles inmobiliarios. Pero la 4T no alcanza a hacer justicia, porque tampoco mal cantan las rancheras.

En esta nueva generación de enriquecimiento centenario ilícito a través de la política, los priistas fueron los maestros, pero los alumnos azules, verdes, amarillos y hasta guindas (veremos), superan a sus maestros. Usted tiene la última palabra.

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