Por: Hugo Alday Nieto

Uno de los más comunes errores de los políticos modernos, de los medios de comunicación y opinólogos, es tratar de establecer como un parámetro real de producción legislativa el número de iniciativas que presenta un personaje o un partido político. Nada más alejado de la realidad, ya que, en la especie, en este Estado han existido legisladores que han presentado una iniciativa por cada fracción de cada artículo de cada municipio para hacer bulto sin que esto, además, obligue a la comisión turnada a analizarla, estudiarla, discutirla y culminar con un dictamen aprobatorio o de desecho. Es decir, en palabras llanas, empapelar a las comisiones con iniciativas importadas que terminan estancadas, no es legislar. La función real de un legislador es lograr transformar esas iniciativas en leyes aplicables, camino que requiere de estudio, debate y de constante análisis de derecho comparado.

De acuerdo con el título de este artículo, pudieron ser cien, pero no logramos el consenso en la de iniciativa de daño moral. Siempre hemos sostenido desde este espacio y en las aulas de clase, que el papel central de un legislador es precisamente hacer leyes, estudiar, discutir, analizar y replantear los posibles escenarios de las iniciativas o reformas propuestas para poder emitir dictámenes y logren convertirse en derecho positivo, es decir, en leyes vigentes y transmitir el contenido a sus representados.

El papel de los legisladores es tan importante para todo el ecosistema del Estado, que el propio Marco Tulio Cicerón en su Tratado de las Leyes expresó lo siguiente: “Cosa averiguada es que las leyes se han inventado para el bien de los ciudadanos, conservación de las ciudades, tranquilidad y bienestar de todos. Que los primeros legisladores manifestaron a los pueblos que escribirían y propondrían cosas cuya adopción y establecimiento les proporcionaría vida dichosa y honesta, y que dieron el nombre de leyes a lo que compusieron y sancionaron.”

Sin embargo, durante el prianismo, y con mayor fuerza después del Pacto por México, el legislador dejó de tener cualquier posibilidad de autonomía y se transformó en una clase de secretario de actas del Poder Ejecutivo, en donde se dejaron de discutir con seriedad temas trascendentales para México, siendo parte de este problema, la incapacidad de los partidos políticos por llevar a los más competentes para enfrentar los retos de un verdadero Poder Legislativo.

Pasamos entonces de un Poder Legislativo que debatía con razones de izquierda en los 80 y 90, a un ring de los golpes entre panistas y priístas o perredistas, y terminamos lastimosamente con una sobre explotación de selfies multipartidistas en donde ya no sabemos a quién representa cada uno. Y este es un tema preocupante para México, porque de acuerdo con Byung-Chul Han, “Lo que genera la adicción al selfie no es un auto enamoramiento o una vanidad narcisista, sino un vacío interior”. Y si nuestros representantes populares pasan por un vacío interior, sin duda nos afecta a todas y a todos.

Sin embargo, en Quintana Roo, en la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura decidimos hacer la diferencia. Y, en tan solo dos años logramos analizar, estudiar, discutir y replantear con diversas autoridades como la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos, así como con miembros de la sociedad civil organizada como la Barra de Abogados o el colectivo Verdad, Memoria y Justicia, más iniciativas para lograr hacerlas leyes, que todas las comisiones de justicia de las 16 legislaturas anteriores en sus tres años regulares. Es decir, con un año menos, superamos con creces el trabajo que dejaron los integrantes de las comisiones de justicia en 48 años de historia en Quintana Roo.

Estas noventa y nueve iniciativas atendidas que se transforman en leyes aplicables son el resultado del compromiso de los legisladores de la cuarta transformación miembros de dicha comisión, Cristina Alcérreca, Mirella Díaz, Andrea González y Guillermo Brahms, que, además, también consiguieron posicionar a la Comisión de Justicia como más productiva de la XVII Legislatura.  

Hoy, nos encontramos en el ocaso de esta legislatura y en la víspera de la XVIII, y por lo pronto, es importante que el nuevo Congreso retome los paradigmas de la productividad legislativa para evitar dejarle rezagos a la XIX en tres años. De no ser así, la legislatura seguirá, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

*Licenciado en Derecho con Mención Honorífica por la Universidad la Salle del Pedregal. Maestro en Derecho Empresarial por la Universidad Anáhuac Mayab. Maestro en Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y Derecho de la Competencia por la Universidad de Alicante, España. Doctorante en Derecho por la Universidad Anáhuac, Cancún.

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