Puerto Morelos.— A fin de mantener la coordinación y trabajo conjunto en el diseño de las estrategias y política anticorrupción municipales y lograr que Quintana Roo sea la primera entidad que las implementa, Alma Gabriela Arroyo Angulo, secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado (SESAEQROOA), y Mirna Leticia Ramírez Cetina, titular del Órgano Interno de Control municipal, sostuvieron una reunión de trabajo para revisar avances y acordar los pasos siguientes.

Puerto Morelos es un municipio que atendió rápidamente el llamado de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, para que los municipios elaboraran sus programas o estrategias anticorrupción. Fue de los primeros que lo cabildearon, aprobaron y publicaron, recordó Arroyo Angulo.

Ante ese llamado, la presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz nos dio la instrucción de realizar esa tarea, indicó Ramírez Cetina. Ahora, por lo que trabajamos coordinados con el SESAEQROO para ser el “Estado puntero” en la implementación de la política anticorrupción.
Ambas coincidieron en que ese objetivo es factible de alcanzar gracias a que, al ser solo 11 municipios los que conforman el Estado, se pudo organizar, coordinar y alinear el trabajo de las contralorías municipales y otras dependencias que inciden en elaboración e implementación de las estrategias anticorrupción, como Planeación, Jurídico, Tecnologías y, desde luego, la Sindicatura.

La semana pasada presentamos un documento en el que se describen el camino que recorrió Quintana Roo para alinear a sus municipios y la metodología de ese ejercicio, añadió la Secretaria Ejecutiva del SESAEQROO. Todos los estados tendrán acceso a esa información, en la que se detallan las buenas prácticas que permitieron acopiar y sistematizar la información en un tiempo récord de cuatro o cinco meses.

Asimismo, destacó que el municipio no sólo atiende esos temas, sino que también contribuye con el sistema de declaraciones mediante la plataforma digital nacional, el cual forma parte de la estrategia estatal anticorrupción.

Leticia Ramírez, a su vez, confirmó que también se elabora un diagnóstico de las capacidades institucionales del Órgano Interno de Control, pues dado que tendrán que aplicar la estrategia y políticas anticorrupción, se deben conocer las condiciones en las que está, el personal, infraestructura, materiales y presupuesto con el que trabaja, a fin de que se tomen las decisiones pertinentes y se fortalezca para que cumpla sus funciones.