En un momento político como el actual, cuando el partido en el poder va prácticamente en caída libre, todo se puede esperar, desde la compra de votos, la creación de conflictos políticos y todavía más, como las acusaciones sin sustentos y peor aún, la extorsión que, sin duda, afectan a sus contrincantes y a los gobiernos, como el de Quintana Roo que sostiene una lucha sin cuartel en contra de la corrupción, el desvío de recursos  y el saqueo sin freno efectuado por las pasadas administraciones, sobre todo en la de Roberto Borge.

Sabemos que el saqueo a las arcas públicas no es exclusivo de Quintana Roo, sino que se dio en varios estados, debido a lo cual algunos ex gobernadores se encuentran bajo proceso en reclusión o en libertad y otros, prófugos. Sin embargo, esta entidad significa muchísimo más para las mentes en el poder, sobre todo las federales, a sabiendas que la entidad aporta al año más del 50 por ciento de las divisas que se generan en México.

Es así que la detención y posterior puesta en libertad del ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado, Juan “N”, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), sin temor a equivocarnos, obedece a lo que puede considerarse el desquite del gobierno afectado, es decir el que encabeza Enrique Peña Nieto. Para esto vale hacer algunas consideraciones:

Primero, desde noviembre pasado Juan “N” ya había comparecido antes las autoridades del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y como todo empresario aceptó un adeudo por ingresos no reportados, como sucede a muchísimas empresas, incluso las consideradas más serias, por lo que, de acuerdo a sus abogados, aceptó el pago tributario correspondiente en diversas parcialidades. Es así que, al momento de su ilegal detención, por parte de la PGR, con fundadas sospechas de extorsión, ya había a pagado dos de las mensualidades acordadas.

Segundo, la identidad de Juan “N” se hizo pública por parte de la PGR al precisar su último cargo en el gobierno, lo que es una acción ilegal y difamatorias, porque rompen la presunción de inocencia. Es decir, algo similar como lo hizo esta dependencia con los dueños de las cajas de seguridad rentadas por First Security, donde quedaron manifiestos abusos, excesos y criminalización de quienes tenían ahí depositados sus bienes, mismos que, aseguran, fueron extorsionados para que les fueran devueltos sus caudales.

Tercero, la PGR intentó sorprender al Juez de Distrito aduciendo, sin comprobar, que los recursos obtenidos por Juan “N” tienen un origen ilícito, equiparable al lavado de dinero, cosa que nunca probaron, pues ya existía un acuerdo previo con el SAT donde Juan “N“, aceptó la existencia de un adeudo signado en un acuerdo que ya ha sido cumplido parcialmente, por lo tanto, en este concepto no hay delito.

Estos tres puntos, nos hacen pensar que la PGR sigue un esquema de comportamiento con base en el abuso, la criminalización infundada y la extorsión, como quedó de manifiesto con los poseedores de cajas de seguridad de First Security y que, en el caso de Juan “N” tiene sin duda, por el momento electoral que se vive, tintes políticos. Es decir, las presuntas acusaciones a este personaje no tienen relación con su trabajo como secretario de Finanzas y Planeación del gobierno del estado, sino que es un asunto relacionado con su desempeño pasado como empresario privado, antes de que fuera nombrado titular de Sefiplan.

Es importante destacar que es innegable el dolo de la PGR que actúa en un momento político de suma importancia por la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo federales, ya que Juan “N” había llegado a un acuerdo y cumplido parcialmente con el SAT. Además, es un asunto de origen privado que se intenta politizar, sin que tenga ninguna relación con el gobierno que encabeza Carlos Joaquín.

Independientemente de lo anterior, bien dice Jorge Aguilar Osorio, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien sostiene que existen represalias del gobierno federal para “castigar” a entidades que están combatiendo a ex funcionarios acusados de corrupción.

En el caso de la detención de Juan “N”, añade que se violó el principio de presunción de inocencia y dijo que “existe una clara venganza política”. Y es que el ex secretario de Finanzas y Planeación fue detenido en Cancún mientras se encontraba en campaña interna para contender por la candidatura a diputado federal por el Distrito 3. Además, como lo exponemos líneas atrás, “contaba a su favor con un acuerdo con el SAT para subsanar el pago del adeudo reclamado”, según sostiene Aguilar Osorio.

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