Chetumal.- El Poder Ejecutivo del Estado presentó el 3 de octubre ante la XVII Legislatura tres iniciativas, dos de ellas contienen reformas institucionales para atender el fenomeno de los delitos derivados de recursos de procedencia ilícita y por la defraudación fiscal.

Esta iniciativa establece reformas a la estructura de la Fiscalía General del Estado, a los Codigos Penal y Fiscal, a las Leyes: Organica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y del Servicio de la Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo.
En estas reformas se propone:

1.- Integración de una normativa en el Codigo Penal, con el Artículo 199 septies para la
atención de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Las penas se
fijan de 5 a 15 años de prisión.

En su motivación establece que “permitirá la investigación amplia del origen de las riquezas ó bienes, sin importar su naturaleza, para determinar si su procedimiento es lícita o no. Con
este tipo penal toda persona que adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, ó reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o
transfiera, dentro del territorio del estado de Quintana Roo, y de éste hacia otras entidades
federativas, cualquier tipo de recursos , derechos o bienes, que procedan o representan el
producto de una actividad ilícita seran sujetos al proceso de investigación judicial.”

2.- Se reforma la estructura de la Fiscalía General del Estado, cambiando la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica -que ya existía- a una Fiscalia Especializada para el
Combate a Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

3.- Se otorgan atribuciones a las autoridades Fiscales del Estado de Quintana Roo para
realizar investigaciones de Inteligencia Financiera. Con la Reforma al Código Penal, la Fiscalia General del Estado podrá realizar las acciones necesarias para atender los delitos establecidos de las operaciones derivadas con recursos de procedencia ilícita y de defraudación fiscal, para así mediante las atribuciones que tienen los Ministerios Públicos ejercer la acción penal ante los tribunales.

En donde se establecen nuevas atribuciones es en el área de la SEFIPLAN, a través de su organismo desconcentrado el SATQROO, que podrá mediante la Unidad de Inteligencia
Financiera -que se convierte en una autoridad fiscal- realizar las siguientes acciones de vigilancia y estará facultada para:”requerir, obtener, concentrar, analizar, consolidar, generar y disponer con fines de inteligencia, información fiscal, financiera, patrimonial, económica, civil (¿) y cualquier otra que se estime necesaria para coadyuvar en la prevención, y combate de los delitos fiscales y de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Estado, “Con este fundamento si en sus actividades de fiscalización el SATQROO tiene conocimiento
de hechos que puedan presumir se están efectuando los delitos contenidos en las reformas
del Código Penal deberá denunciarlos ante la Fiscalía General del Estado.

Evidentemente, es una propuesta que establecerá un nuevo escenario en el estado, en el cual se ha dicho que existen numerosas actividades que pueden encuadrarse dentro de éste nuevo tipo penal, que es muy importante enfrentar y afrontar. No obstante queda la incertidumbre, de si con su ejecución se pueda convertir en un instrumento de investigación o sometimiento político.

Seguramente se generaran acciones de probable inconstitucionalidad, al atribuir que existe
una Ley Federal para atender estos delitos y que pueden ser atribuibles a la competencia federal y no a la estatal, sin embargo, deberá considerarse que lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permiten al Ministerio Público como atribución el investigar y perseguir estos delitos.

Observaremos el análisis y la atención que le den a esta iniciativa del Poder Ejecutívo los
Diputados de la XVII Legisltura.