CDMX.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó un decreto por el que expropió terrenos en Quintana Roo y emitió una declaratoria en Campeche para la construcción del Tren Maya.

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De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se expropió por causa de utilidad pública la superficie de 62-79-13 hectáreas, del ejido Ramonal Río Hondo, municipio de Othón P. Blanco, estado de Quintana Roo, a favor de la empresa Fonatur Tren Maya.

Asimismo, se expropió por causa de utilidad pública la superficie de 14-23-20 hectáreas, del ejido Allende, municipio de Othón P. Blanco, estado de Quintana Roo.

También se expropió por causa de utilidad pública la superficie de 06-52-84 hectáreas, del ejido Tres Reyes, municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo y la superficie de 254-27-80 hectáreas, del ejido Chunyaxché y Anexos, municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo.

La Sedatu emitió una declaratoria de causa de utilidad pública relativa a 215 mil 530 metros cuadrados, correspondientes a 77 inmuebles de propiedad privada en los municipios de Escárcega, Champotón y Campeche, en el Estado de Campeche, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el proyecto Tren Maya.

La Sedatu recordó que el Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. 

La obra tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán.

Además, el Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región.

Por tanto, aseguró la Sedatu, se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas.

Fuente: Milenio