Cancún (Francisco Javier Robles / 5to Poder).- El Juez cívico de la Comandancia Turística de zona hotelera extorsionó y mantuvo incomunicada por varias horas a una operadora de Uber por prestar el servicio de transportación a una mujer extranjera, a pesar de ser detenida ilegalmente por agentes de la Policía Turística, y ser amenazada y agredida por taxistas, denunció la víctima Rosa del Carmen Ruiz Pérez.

Ella y su pasajera de origen extranjero fueron amenazadas y agredidas físicamente por taxistas del sindicato “Andrés Quintana Roo”, afuera del restaurante El Chachalaco, de kilómetro 9.5, cuando guardaban sus maletas en el coche, para prestarle un servicio de transportación.

La operadora de la plataforma pidió auxilio al número de emergencias 911, porque tres choferes del sitio cercano estaban a punto de golpearlas con garrotes y piedras, situación por la que la turista corrió a refugiarse dentro del restaurante, dejando tiradas sus pertenencias.

En su intervención, los agentes policiales la detuvieron, esposaron, subieron a la patrulla y enviaron a los separos de zona turística acusada de “alterar el orden público”, y permitieron que los agresores se dieran a la fuga; además, su automóvil fue enviado al corralón, a bordo de una grúa, narró la agraviada.

En la Comandancia Turística, el juez cívico -que se negó a darle su nombre y cuya identidad sigue siendo ocultada por las autoridades municipales- la incomunicó, encerró en los separos durante varias horas, y la obligó a pagar una “mochada”.

“Me trataron como un delincuente, me tomaron fotos, y pagué una extorsión de mil 50 pesos que tuvieron que ir a conseguir mis familiares para que me dejara en libertad”.

La agraviada, acompañada de Carlos Calzado Calzado y Águeda Esperilla Sota, representantes de operadores Uber, presentó una denuncia ante la Contraloría Municipal, Asuntos Internos de Seguridad Pública, y la Fiscalía General del Estado, por abuso de autoridad, extorsión y lo que resulte de los hechos ocurridos este martes, a las cuatro de la tarde.

Calzado Calzado denunció que, a través de la Policía, Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno; Erika Castillo Acosta, directora de Gobierno, y Rodrigo Alcázar Urrutia, director de Imoveqroo, siguen dando protección a los taxistas delincuentes y promoviendo la cacería de los socios Uber.

“Como ya se quitó la atención de los medios de comunicación, están volviendo a hacer exactamente lo que estaban haciendo: golpear, amenazar, bloquear, siguen bajando a los turistas por la fuerza… Exigimos el juicio político contra ellos, porque siguen incitando a la violencia, en una asociación delictiva descarada, y hacemos el exhorto a los diputados”.