“Lucha sin tregua VS CFE”

Por: Carlos Águila Arreola / 5to Poder

Foto: Cliserio E. Cedillo Godínez

Tras una semana de plantones y retenes de los ejidatarios de Kantunilkín, que causan pérdidas económicas y afectaciones turísticas aún incalculables, así como a la imagen del Caribe mexicano, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirmó en un documento que no pagará la indemnización que reclaman, con lo que el temor de que el conflicto pudiera alargarse a la temporada alta, está muy cerca ante la insidia del gobierno.

El viernes anterior, cuarto día consecutivo de bloqueos intermitentes que ejidatarios de Kantunilkín mantienen hacia y desde Chiquilá, lo que genera caos entre locales, empleados y turistas que laboran en la isla de Holbox, policías municipales amagaron a una automovilista, según denuncia.

En tanto, Julio García Flores, gerente de la Central Camionera de Cancún, señaló que las ocho corridas diarias y venta de boletos hacia Chiquilá —desde donde se cruza a la ínsula— están suspendidos “hasta que se pueda garantizar un traslado seguro”,

La pugna entre ejidatarios y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provoca que diariamente, “al ser temporada baja, se afecte principalmente a entre 800 y mil turistas”, de acuerdo con Leidy Guadalupe Campos Tah, coordinadora municipal de Turismo.

La molestia entre residentes de la ínsula y del poblado de Chiquilá, en el extremo septentrional del municipio de Lázaro Cárdenas, crece conforme pasan las horas; la situación es una olla de presión que amenaza con explotar en cualquier momento.

El viernes, en el retén frente a la escuela ubicada sobre la carretera a la salida de Kantunilkín, rumbo al poblado de Solferino, un vehículo detrás de un autobús “les ganó” a los ejidatarios para evitarse dos horas más de espera; por la mañana cruzó en sentido contrario.

Sin embargo, un grupo de uniformados de la Guardia Nacional y la Policía Municipal atajaron al automóvil, donde viajaba un grupo de personas, quienes comentaron que varios de los uniformados los encañonaron, lo que causó pánico entre los viajeros. Aunque, finalmente, cedieron el paso al auto.

El alcalde de Holbox, Manuel Escamilla García, informó al mediodía del viernes que “todo sigue igual que hace días, hay un caos total en la isla: desabasto de mercancías, pérdidas económicas y molestia de los turistas que logran cruzar por el bloqueo carretero”.

CONTRAPARTE

El sábado 5, alrededor de las 17.00 horas los ejidatarios decidieron levantar temporalmente el bloqueo intermitente en la carretera Kantunilkín-Chiquilá, para realizar una asamblea informativa en la explanada frente al Palacio Municipal. Allí el presidente del Comisariado Ejidal, Víctor Pech Moo, leyó en voz alta la respuesta de la CFE que, en pocas palabras, les informó que no les pagaría ninguna indemnización. El oficio, según dijo, le fue entregado momentos antes, a las 16:45 horas aproximadamente.

Tras mostrar a los presentes el escrito lo leyó en voz alta. El documento dice, en resumen, que la Comisión Federal de Electricidad no pagar algo que, “de acuerdo a La Ley, ya prescribió desde hace 37 años; en todo caso se debió haber solicitado el pago dentro de los primeros diez años de haberse concluido la construcción de torres y el tendido de las líneas de conducción”.

El oficio fue enviado por el ingeniero Darío Reyes Velasco, encargado del despacho de la División de Distribución Peninsular la empresa paraestatal, quien argumenta, que las líneas de conducción motivo del litigio se instalaron a partir de 1985 para proveer de electricidad a la isla de Holbox, posteriormente, en 1975 a las comunidades de Solferino y San Ángel.

Señala que los nuevos trabajos se deben a que se debe dar mantenimiento a las líneas de conducción (con 34.5 kilovatios), porque “ya terminó su vida útil”, por lo que con la anuencia de los miembros del comisariado ejidal anterior al actual y con base en el Código Civil de la Federación, en su artículo 1008, realizarán los trabajo pues tienen la autorización de la ley y el ejido para ello.

Sin embargo, aun cuando tienen firmado un documento por el anterior Comisariado Ejidal, éste no procede porque para tener validez legal debió haber sido avalado por la Asamblea General, a la que nunca se le consideró para esa determinación de permiso a la CFE, dijo el presidente del Comisariado.

Con respecto al artículo 1008, que dice a la letra: “Despojo. Mientras subsista la detentación material del inmueble materia de este delito por el activo, tiene la naturaleza de permanente o continuo, por lo que el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la acción penal inicia cuando se restituya al pasivo dicho bien”.

Al respecto argumentan los ejidatarios que esa es una legislación aplicable para conflictos del orden civil y no para el régimen ejidal que norma la Ley Agraria, consecuentemente, no aplica, aseguran los ejidatarios. Insisten en que es la Procuraduría Agraria es la instancia legal facultada para intervenir, ni el gobierno del estado, ni el municipal tienen injerencia en este asunto.

De igual forma, el funcionario de la CFE hace mención de los artículos 1097 y 1098 referentes a la prescripción, pero de igual forma al tratarse del Código Civil Federal, no aplican para el régimen ejidal que para ello tiene a la Ley Agraria y para la que no prescriben estos derechos, como fue explicado por Isidro Chuc Simá, miembro de la Comisión Negociadora ante la CFE. Dijo también que la paraestatal ya ha ganado muchísimo dinero y es justo que indemnice a los ejidatarios.

El motivo de la disputa es la exigencia, por parte de los ejidatarios, del pago de una indemnización por el uso de 34.5 hectáreas por parte de la CFE que, según avalúos tienen un costo aproximado a los 51 millones 750 mil pesos, a razón de 150 pesos por metro cuadrado.

Cabe mencionar que casi al final de la asamblea se presentó el alcalde de Lázaro Cárdenas. Orlando Emir Bellos Tun, quien les ofreció su apoyo con el pago de viáticos y transporte para que continúen su negociación, aunque en declaraciones a otros medios negó que la CFE haya enviado el documento con su negativa para pagar la indemnización solicitada.