“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

De las pocas industrias no turísticas que existen en Quintana Roo –si no es que la única–, es la cañera, que ha mantenido la raquítica economía del sur del estado, ante el abandono que ha sufrido por todos los gobiernos ya sea del PRI, después PAN-PRD y ahora Morena; en esto sí se parecen todos: en no tener una política de desarrollo para el sur, ni mucho menos de diversificación de la economía.

Por eso, el anuncio del incremento en cinco veces de exportación de azúcar a Estados Unidos (512 por ciento), representa un tanque de oxígeno para la zona cañera del Río Hondo, que ha venido quejándose ante el estado y la federación por no atender la crisis cañera, que afecta a todo el sur.

Desde este espacio hemos informado y comentado sobre la crisis de producción cañera por el desplome de los precios, además, en el sur de Quintana Roo existe otra casusa adicional a esta crisis, que es la presencia de plagas de hongo que están reduciendo la productividad y ponen en riesgo a toda la industria, en caso de no ser atendida y de seguir ignorándose los llamados de las familias cañeras.

Estados Unidos incrementará la compra de azúcar mexicana de 250 mil toneladas en 2025 (lo que causó la crisis) a un millón 152 mil toneladas para el ciclo 2026-2027, considerando que el vecino del norte adquiere el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas del dulce.

Por supuesto que este anuncio es un respiro, pero nada más. El sur y la zona cañera vienen arrastrando una crisis que se ha agudizado en los últimos años y requiere soluciones estructurales de largo plazo.

En esto han insistido los cañeros y otros productores que vienen generando proyectos alternativos a la caña, no para sustituirla, sino para diversificar la economía, que es lo que padecen, no sólo el sur, sino todo el estado, que depende en cien por ciento del turismo.

Sin embargo, gobiernos empiezan y terminan, en campañas reconocen esta debilidad estructural, pero tan pronto se instalan en el gobierno se olvidan de este gran problema y se dedican solo a “gestionar” el turismo y a resaltar el aumento “record” del número de vuelos y de turistas que llegan.

A los últimos gobiernos de Quintana Roo, insistimos desde el PRI, PAN-PRD y ahora Morena, les ha faltado visión de Estado, por lo que no han impulsado políticas a largo plazo, ni siquiera han realizado diagnósticos adecuados en los que descansen políticas públicas de largo aliento; solo se dedican “administrar” el turismo bajo las órdenes de los barones españoles y estadounidenses de la industria sin chimeneas.

Y la cereza en el pastel es la corrupción, que no solamente no desaparece sino cada vez se hace de manera más descarada y cínica. Usted tiene la última palabra.
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“EN LA OPINION DE”
Dr. Hugo Alday Nieto

Durante los últimos años, el congreso del Estado de Quintana Roo ha sido el escenario de una gran cantidad de acciones de inconstitucionalidad promovidas en su mayoría por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resultando en la invalidez de distintas normas y artículos emanados del poder legislativo local.
De acuerdo con la teoría del Estado, así como con la jerarquía jurídica de las normas establecida en el sistema neorrománico por Hans Kelsen, las normas inferiores, como son las normas emanadas de los poderes legislativos estatales no pueden contravenir o incluso ir más allá de lo que disponen las normas federales, en particular, la Constitución General de la República.
En este sentido, y partiendo de qué los legisladores llegan a sus cargos a través de la decisión popular no tienen la obligación de ser peritos en derecho, dado que uno de los principios democráticos es que cualquier persona puede llegar a hacer un representante popular. Por ello, es que existen áreas como los institutos de investigación parlamentaria y las direcciones tecnico jurídicas de los congresos que sirven para dar forma a las acciones legislativas impulsadas por los diputados, a efecto de que cumplan con la legalidad y consecuentemente, con la constitucionalidad de todas y cada una de las propuestas para no contravenir a lo dispuesto por la Constitución General de la República.
Adicionalmente, para Ferrajoli el principio de legalidad es aquel en el que las personas que tienen bajo su encargo una función pública con atribuciones establecidas en la ley, tienen la obligación de acatarlas, ya que de no hacerlo contravienen con sus obligaciones y rompen con la estructura y funcionamiento del ente público, en este caso, de los procesos legislativos y por ende, de los congresos afectando a la generalidad.
En Quintana Roo de acuerdo a la Ley Orgánica de ese Poder, existe la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo y el Instituto de Investigaciones, que son oficinas encargadas de evitar que se den acciones de inconstitucionalidad que puedan poner en riesgo futuro al marco jurídico local, emitiendo para tal efecto los dictámenes de todas y cada una de las propuestas que se estudian en el congreso.
Distintos autores como Luigi Ferrajoli, Juan Antonio Garcia Amado, Manuel Atienza, Helen Xantaqui, entre muchos otros, han insistido en la importancia de la existencia de oficinas, como las que existen, ya en la Ley Orgánica del Poder Legislativo en Quintana Roo, a efecto de darle contenido Juridico a las acciones legislativas, evitando las antinomias y lagunas, que sirven de base para la inconstitucionalidad de leyes en el estado de Quintana Roo.
Algunos de los autores antes mencionados han señalado la importancia de involucrar no solamente a los órganos jurídicos y técnicos creados para tal efecto en los parlamentos, sino de involucrar especialistas en las materias para evitar este tipo de leyes que generan antinomias una y otra vez por sustentarse más en temas políticos que jurídicos. “Los autores que han investigado acerca de este vacío teórico, han identificado entre los principales causas, una barrera entre lo jurídico y legislativo, que obstruye el análisis y reflexión sobre la creación del derecho positivo en sede parlamentaria, desde la doctrina jurídica. Esta falta de involucramiento teórico de lo jurídico en el ámbito parlamentario, revierte un descuido desde los estudios jurídicos de la investigación y la enseñanza sobre práctica de la legislación, y a su vez profundiza más la laguna en los marcos teóricos encargados de sostener el progreso de la cultura Jurídica parlamentaria así, el resultado es la falta de preparación teórica, práctica que debe ser impartida por las universidades en las carreras afines al derecho” (Helen Xantaqui, La legislación, en serio. Daniel, Oliver-la lana, Tiránt lo Blanch , 2019)
Sin embargo, pareciera que estos organismos tecnico jurídicos o de investigación especializados en evitar que se vulnere el marco jurídico, o bien, que se rompa el estado de derecho, no están funcionando para lo que fueron creados. Hace unos días y escuchando una entrevista del doctor Santiago Nieto Castillo, manifestaba que la única forma en la que se puede lograr efectividad de los entes públicos, es que sean utilizados para lo que fueron creados y se conformen de las personas más capaces para ello, cosa que dada la cantidad de acciones de inconstitucionalidad recibidas parece no ajustarse al caso concreto.
Hoy en día, tenemos en puerta ya la Acción de Inconstitucionalidad 72/2026, presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 25 de junio de 2026 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma electoral del Estado de Quintana Roo.
Así como la Acción de Inconstitucionalidad 78/2026 promovida posteriormente por el partido Movimiento Ciudadano (MC), quienes también buscan frenar el bloqueo de los candidatos a presidentes municipales en los cabildos. Ambos partidos argumentan que estas reglas limitan la representación democrática y el pluralismo político en el estado, argumento que fue expuesto por el Partido del Trabajo en comisiones mediante voto particular en su momento.
En conclusión, pareciera que, a la luz pública, las personas legisladoras son directamente responsables de los efectos de las acciones de inconstitucionalidad que se han llevado a cabo desde hace casi una década en el estado de Quintana Roo. Sin embargo, en la arquitectura estructural para la toma de decisiones del congreso estatal, se requiere forzosamente la intervención de órganos técnicos que deben intervenir a darle forma y sustento Juridico – de acuerdo con el principio de legalidad de Ferrajoli- a todas las propuestas que emanan de los diputados que, repito, no tienen la obligación de ser peritos en derecho, a diferencia de aquellos órganos que han sido constitucionalmente creados para tal efecto.
Parafraseando al maestro Joaquín Sabina, de seguir así, las leyes seguirán siendo inconstitucionales, como las cosas que no tienen mucho sentido.