CDMX.- Como parte de la Operación Justicia para Chihuahua, desde octubre de 2016 fueron presentadas 97 denuncias administrativas ante la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, de las cuales 88 tienen además el carácter de penales y de éstas, 86 fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE)

Mónica Vargas, titular de la dependencia, informó que en el ámbito administrativo se iniciaron 73 procedimientos en los que están involucrados 77 ex servidores públicos del Gobierno de César Duarte, que representan un daño a la hacienda pública por un monto superior a los mil 798 millones de pesos.

De estos 73 procesos, explicó en conferencia de prensa virtual, en 19 han logrado la inhabilitación de los ex servidores que participaron, quienes no podrán laborar en la administración pública estatal.

Además, se han impuesto sanciones económicas por casi 550 millones de pesos.

“Encontramos la simulaciones que se hacían para sacar ese recurso público de las arcas y ocuparse para fines personales de los actores involucrados, personalmente el ex Gobernador”, dijo la funcionaria.

La dependencia tiene enlistadas faltas como adjudicaciones discrecionales, contrataciones simuladas, empresas fantasma, pagos indebidos, obras no ejecutadas que recibieron remuneración, predios por encima de su valor y el otorgamiento de indebido de beneficios, a algunas personas morales ligadas con el propio ex mandatario.

Vargas explicó que existe un avance importante en los procedimientos, pero para que sea retornado a las arcas estatales la totalidad del recurso desviado, debe haber un trabajo de seguimiento por la siguiente administración, ya que se ha iniciado una batalla legal para que se reafirmen las resoluciones aplicadas por la SFP.

Indicó que fue iniciado el proceso de análisis exhaustivo para establecer a dónde fue a parar el recurso desviado, por lo que la defensa de los involucrados empleará los medios correspondientes para retrasar los pagos.

La funcionaria consideró que a partir de que se impusieron las sanciones, deberán pasar al menos 5 años más para que haya una sentencia firme, por el proceso legal que debe seguirse.

Por lo tanto, precisó que ese sería el tiempo que podría pasar para que el dinero sea reintegrado a los chihuahuenses. Cuatro ex funcionarios fueron principales operadores Mónica Vargas reveló además que cuatro ex funcionarios fueron identificados como los principales operadores de la red de corrupción que durante la Administración estatal 2010-2016, encabezada por César Duarte, se desviaron más de 2 mil 700 millones de pesos del erario.

La Secretaria de la Función Pública dio a conocer que actualmente se siguen cinco procesos administrativos en los que está vinculado directamente el ex Mandatario.

Cada uno de los cuatro ex funcionarios cuenta con más de 30 procedimientos en su contra, por las vías penal y administrativa, quienes participaron en la ejecución de pagos de la Secretaría de Hacienda a la Unión Ganadera Regional División del Norte y a la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom), denominada Financiera División del Norte.

En la primera, el ex Mandatario estatal fungió como socio y en algún tiempo como presidente, mientras que en la Sofom tenía participación como accionista principal, además de haber sido su fundador.Beneficiarios de nómina secreta firmaron 470 recibos La Secretaría de la Función Pública (SFP) de Chihuahua reveló que tiene registrados 470 recibos que firmaron 34 personas, como parte de la “nómina secreta” del ex Gobernador César Duarte, cuyo monto asciende a 172 millones 633 mil pesos.

Mónica Vargas, titular de la dependencia, informó que del total de las personas involucradas se iniciaron procedimientos administrativos en contra de 14 ex funcionarios, quienes fungieron como receptores o emisores de pagos por 45 millones de pesos.

La funcionaria señaló que los 20 casos restantes corresponden a otra instancia legal, distinta a la Función Pública, que es la encargada para realizar el procedimiento.

Fue en abril de 2017 cuando se recibió la denuncia sobre la existencia de esta “nómina”, por parte de la Secretaría de Hacienda, para iniciar con los procedimientos administrativos.

Refirió que en mayo del mismo año se interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), tras encontrar que en dichas irregularidades detectadas había actos que constituían posibles delitos penales.

Vargas explicó las operaciones de triangulación por parte de quienes operaron los pagos: depositaban cheques al Servicio Panamericano de Protección que cambiaban por efectivo, recurso que después era entregado a la Secretaría de Hacienda para repartirlo entre diversos actores.

Agregó que diversos ex funcionarios del Gobierno del Estado, legisladores, representantes de medios de comunicación y otros actores políticos y sociales de la vida pública del estado, recibieron los pagos, y de los cuales, la Secretaría de la Función Pública tiene en su poder 470 recibos firmados.