La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) será la instancia encargada de controlar las operaciones de integrantes de agencias extranjeras en México, como la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Con la aprobación de la iniciativa del presidente López Obrador sobre el tema, prevista para esta semana en el Senado, la Secretaría de Gobernación ya no se hará cargo del monitoreo de los agentes externos en el país y sus facultades en la materia serán trasladadas a la Cancillería, la cual será auxiliada por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional.

La iniciativa presidencial establece que, a través de la SRE, los agentes de otros países “deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones”.

Además tendrán que presentar a la Cancillería y a la SSPC un informe mensual de actividades y gestiones que realicen ante autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.

“Cuando a juicio de las autoridades mexicanas un agente extranjero incumpla con las disposiciones generales y específicas que resulten aplicables, el gobierno de México solicitará su retiro al gobierno del Estado acreditante y quedará sujeto a las sanciones que resulten aplicables en términos de las leyes mexicanas”, indica el texto de la iniciativa, difundido ayer.

Esta semana, el Senado planea aprobar la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió para llevar por primera vez a ley la regulación de la presencia de agentes extranjeros en México.

De acuerdo con información de la otrora Procuraduría General de la República (PGR), hasta el año 2014 había 20 convenios firmados entre México y Estados Unidos para estas operaciones en territorio mexicano, principalmente del Buró Federal de Investigación (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia Antidrogas (DEA), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), principalmente, amén del servicio de marshalls.

Desde 1992, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la otrora PGR, hoy Fiscalía General de la República, son las encargadas de regular la presencia de los agentes extranjeros en México, pero la propuesta del Presidente de la República plantea que la máxima autoridad en la materia sea la Cancillería y que tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sean las principales dependencias que la auxilien.

El fin de semana, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, difundió en 10 grandes rubros los aspectos generales de la iniciativa presidencial, pero ayer se conoció el texto completo, dado que la idea es que esta misma semana se apruebe en el pleno.

La iniciativa dice que los agentes extranjeros “deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la SRE o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional”.

Añade que “deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Y dice que “deberán presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.

“En dicho informe se deberá incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios”, dice la iniciativa.

También advierte que “tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables”.

El gobierno supervisará en todo momento sus actividades y “cuando a juicio de las autoridades mexicanas un agente extranjero incumpla con las disposiciones generales y específicas que resulten aplicables, el gobierno de México solicitará su retiro al gobierno del Estado acreditante y quedará sujeto a las sanciones que resulten aplicables en términos de las leyes mexicanas”.

Agencias estadunidenses