• La entidad es feminicida; ya no es el paraíso del Caribe, denuncian activistas
• Represión policiaca a la prensa reactivó el hartazgo social por la inseguridad
• Ya son casi 500 ejecuciones, y Tulum es el municipio más violento de México
• En el año 2020 es la nación más letal para los periodistas a nivel mundial: CPP
• Preocupa estigmatización creciente y constante de López Obrador: ONU-CIDH
• Crece agresión a libertad de expresión; atacan cada 11 horas a un comunicador
• Preocupa más al líder hotelero la imagen del destino que la vulnerabilidad femenina

Por Germán Arreola  

La represión de la policía de María Hermelinda Lezama Espinosa contra manifestantes y periodistas, el lunes 9 de noviembre (9N) en la explanada del ayuntamiento de Benito Juárez, exhibió aún más la inseguridad que sufre el estado y a los paleros del gobierno estatal; que Quintana Roo está entre los cinco estados más peligrosos para ejercer el periodismo y que la entidad se desangra ante el embate del crimen organizado; la entidad “es feminicida; ya no es el paraíso del Caribe mexicano”, acusan activistas.

Hace días, durante una rueda de prensa con Jesús Alberto Capella Ibarra, aún como titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, James Tobin Cunningham, y Jorge Escudero Buerba, dirigente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública de Quintana Roo; coincidieron en que “la sociedad está contenta” y que “la percepción de la población es diferente a lo que transmite la prensa”.

Sus declaraciones fueron fustigadas, y es que diferentes mafias están presentes en la otrora pacífica entidad hace décadas debido a la riqueza que genera, razón por la que difícilmente se erradicarán delitos como trata, pornografía infantil, pederastia, secuestro, extorsión y el narcotráfico, que hoy son más visibles gracias a las nuevas tecnologías.

En ese sentido, el fracaso de cualquier autoridad —municipal, estatal o federal— está garantizado, de allí que a inicios de año Manuel Herbeles Rascón, de la Comisión de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cancún acusara que el Caribe mexicano, principal destino turístico de México, tiene una crisis de inseguridad y violencia ocasionada por grupos del crimen organizado.

El empresario señaló entonces, palabras más, palabras menos, que Quintana Roo es la única entidad del país con presencia de siete cárteles del narcotráfico y donde la sociedad reclama la presencia de la autoridad federal porque el gobierno del estado fue rebasado hace tiempo por la inseguridad.

Al término del año pasado, el Semáforo Delictivo Nacional ubicó a la entidad en el quinto lugar nacional en homicidios; undécimo en secuestro, séptimo en extorsión y decimoquinto en robo de autos, y con focos rojos en extorsión, narcomenudeo, robo a casa habitación, a negocios, lesiones y violencia familiar.

La mayoría de los ilícitos son perpetrados en los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen), principales polos turísticos del país, gobernados por personeros al servicio del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido propiedad de Andrés Manuel López Obrador.

La oleada de sangre es ocasionada por bandas criminales locales, nacionales e internacionales, entre otras las mafias rusa, israelí, rumana y cubana, además de colombianos y venezolanos dedicados al narcomenudeo, narcotráfico, trata, secuestro, pornografía infantil, ejecuciones y cobro de derecho de piso, entre otros.

El cóctel delictivo es muy complejo: propietarios de los negocios de la Quinta Avenida, en Playa del Carmen, y los antros de la Zona Hotelera y los que aún quedan en la avenida Yaxchilán, en Cancún, pagan derecho de piso y/o son obligados a vender drogas en sus negocios… quienes se niegan muchas veces son ejecutados.

Mortandad

En el municipio de Benito Juárez, que alberga al principal destino turístico no sólo del país, sino de América Latina (Cancún), se cuentan hasta hoy alrededor de 310 ejecuciones; y según el conteo 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, por su acrónimo), tiene 743 mil 600 habitantes por lo que el total debe dividirse entre 7.44 dando por resultado una tasa homicida de 41.22 por cada 100 mil habitantes.

El de Solidaridad, con Playa del Carmen como estandarte —y que según Jesús Alberto Capella tiene la más alta criminalidad en Quintana Roo, donde ya son alrededor de 500 ajusticiados en el año—, reporta una tasa similar a Benito Juárez con 91 ejecuciones… y contando, pero una población de 209 mil 600 habitantes, para una tasa de 43.33.

En cambio, Tulum registra 65 ejecuciones en el año y una población de 32 mil 700 habitantes, que extrapola la cifra a 3.3 para una tasa de letalidad de 189 por cada 100 mil habitantes, en promedio 4.5 más asesinatos entre los municipios del norte, que históricamente han sido los focos homicidas del Caribe mexicano.

En los últimos tres años, que coinciden con la llegada del actual presidente municipal Víctor Mas Tah, y de Capella Ibarra a la Secretaría de Seguridad estatal —el noveno municipio fue de los primeros en adherirse al Mando Único—, los índices crecieron de forma alarmante. Tulum tiene la más alta letalidad criminal de Quintana Roo.

Peligro

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de Artículo 19 México, dijo a 5º Poder que el estado de Quintana Roo es el quinto con más agresiones y el más peligroso para ejercer el periodismo en el país, después de la Ciudad de México (Cdmx), Puebla, Oaxaca y Veracruz, además de que al primer semestre crecieron exponencialmente los ataques contra la prensa y que continúan los asesinatos: matando periodistas.

“Desafortunadamente sigue siendo una entidad donde no hay las garantías mínimas para un ejercicio seguro, libre y protegido de la labor periodística; eso se disparó en el gobierno de Roberto Borge Angulo (hoy preso en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos).

“Y se mantiene pese a las expectativas de cambio con el nuevo gobierno (de Carlos Manuel Joaquín González) y la alternancia partidista, pero siguen sin garantizarse las mínimas condiciones para el trabajo periodístico”, sostuvo el activista de la organización internacional que promueve y defiende la libertad de expresión.

Artículo 19 documentó 406 agresiones contra periodistas y medios de enero a junio, lo que representa un incremento de 45 por ciento en comparación con las 280 registradas durante el mismo periodo de 2019… dicho de otra manera, hoy se agrede a algún representante de la prensa cada 10.75 horas.

Con 609 agresiones, 2019 —primer año de la administración de López Obrador— fue el más violento contra la prensa en la última década; empero, en el primer semestre ya se alcanzó 66 por ciento de ese infame récord, y de continuar esa tendencia 2020 sería el año más violento para la prensa desde que hay registros.

En tanto, durante la conferencia virtual México: retrocesos para la libertad de expresión en el 2020 convocada por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en la que participaron las organizaciones Reporteros sin Fronteras (RSF), Artículo 19 y el Comité para Protección de Periodistas (CPP), se denunció que en 2020 se agravó la crisis de la libertad de expresión en el país con 45 por ciento más de agresiones.

“México en el año 2020 es el país más letal para periodistas a nivel mundial. Según cifras de organizaciones internacionales, es donde los niveles de violencia no sólo se han mantenido sino (que) han aumentado”, acusó Jan-Albert Hootsen, representante del CPP, quien sostuvo que el gobierno y las empresas periodísticas han fallado en otorgar garantías a periodistas y medios durante la pandemia por el coronavirus.

Represión

El 9N por la noche, la policía de la alcaldesa Mara —que paradójicamente también se asume como “comunicadora”; trabajó de locutora— dispersó a balazos la manifestación por el feminicidio de Bianca Alexandrina Lorenzana Alvarado, hecho que condenó Hootsen durante su participación en el encuentro.

El activista internacional señaló que la represión cancunense se enmarca en el caso de tres periodistas asesinados en las últimas dos semanas y la constante estigmatización de López Obrador contra los comunicadores, por lo que “preocupa su lenguaje en contra de la prensa crítica y los que no piensan como él”.

“La estigmatización creciente y constante del Ejecutivo federal; su lenguaje contra los periodistas críticos, y que usa su púlpito para generar división con palabras como conservadores, liberales y fifís para descalificar a los medios críticos”, hechos que tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado porque afecta a la libertad de expresión.

“La prensa mexicana sigue viviendo un clima de violencia e impunidad sin precedente en la historia moderna del país, y ya van siete periodistas asesinados en el año; además, hemos visto la represión social a balazos en Cancún y con 20, México es el país con más comunicadores desaparecidos en el planeta, según datos de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos).”

Balbina Flores Martínez, representante de RSF en México, dijo por su parte que “en los últimos 12 años nadie ha podido ya no frenar, sino disminuir la espiral de violencia que lastima a la sociedad mexicana, la prensa y la libertad de expresión, y que diariamente genera violencia e inseguridad entre los reporteros”.

De su lado, Rachael Kay, subdirectora ejecutiva del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe (International Exchange for Freedom of Expression in Latin America and the Caribbean, IFEX por sus siglas en inglés), la red de organizaciones promotoras de la libertad de expresión más grande del mundo, citó que “ha sido un año perdido”.

A un año de la Misión Internacional, el Estado mexicano incumple compromisos y la situación de la libertad de expresión en el país se agrava, luego de que en noviembre de 2019 una coalición de 17 organizaciones internacionales defensoras del derecho a la información visitó México para abordar la impunidad en los crímenes contra periodistas.

De acuerdo con Artículo 19, de abril a la fecha 32 periodistas han muerto en México a causa de la covid-19, varios se han contagiado durante sus coberturas; además, documentó 73 ataques a profesionales que cubrían asuntos relacionados con la emergencia sanitaria, de marzo a septiembre.

Los actos de represión policiaca contra feministas en el año totalizan nueve con el de Cancún; el primero fue en Guanajuato (ciudad), el 10 de julio; al mes siguiente, el 27 de agosto en León; 10 de septiembre en Culiacán; el 11 en Ecatepec: el 25 en Ciudad Juárez; 27 en Ciudad de México; el 28, otra vez en la capital del país, Xalapa y Tijuana; el 7 de noviembre en Cuautitlán, y el 9 en Cancún.

Feminicidios

El aislamiento social provocado por el coronavirus ocasiona opacidad en los 32 estados para reportar el incremento de violencia familiar, feminicidios y asesinatos de niños y niñas, advirtió la organización civil Causa en Común, quien enuncia información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante 2019, en México cinco de cada 10 feminicidios quedaron sin castigo, reportó la organización Impunidad Cero, y precisó que los estados con más asesinatos no resueltos fueron Baja California Sur (ciento por ciento), seguido de Guerrero (93.8) y Jalisco (86.7); es ese año fueron denunciados mil 12 casos en el país.

En feminicidios —el último eslabón en la cadena de violencia de género—, el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública (SESNSP), detalló que hasta el mes de septiembre pasado se han registrado 704 casos, de los que se han documentado 77 en el último mes.

Causa en Común detalló que el primer semestre de 2020 es el de mayor número de mujeres y niños asesinados desde que se tiene registro; en el caso de féminas, el aumento fue de cinco por ciento respecto al mismo periodo de 2019, y de seis respecto a la población infantil.

En el acumulado de enero a junio, 13 estados reportan que, en feminicidios por cada 100 mil mujeres, están por arriba de la media nacional —que es de 0.74—: Quintana Roo, Colima, Morelos, Nuevo León, Baja California, Nayarit, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua y Sinaloa.

Según Causa en Común, en Benito Juárez se han registrado 17 asesinatos dolosos de mujeres; en Solidaridad 15, nueve en Puerto Morelos, seis en Tulum, uno en Felipe Carrillo Puerto e igual número en Othón Pompeyo Blanco para totalizar 49, que podrían ser tipificados como feminicidios, pero primero está la imagen del estado…

Ante la reciente escalada de casos de violencia de género en Quintana Roo, el último informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo, entre enero y el inicio del mes de noviembre, señala que se han registrado 49 homicidios dolosos de mujeres y nueve feminicidios, aunque al actualizar la Fiscalía General estatal ya refirió 12.

Reality

Las activistas Paola Alcázar y Ariadne Song, de la de la Red Feminista de Quintana Roo —que irónicamente se reunieron con el gobernador Carlos Manuel Joaquín González la mañana del lunes 8 al finalizar un evento público—, sostuvieron que “esto ya es un estado feminicida con todo y alerta de violencia de género. Las políticas públicas no están protegiendo a las mujeres”, lamentaron.

“Queremos denunciar que Quintana Roo es feminicida; que ya no es el paraíso del Caribe, sino donde las mujeres pareciera que no valemos nada; donde a nuestros violadores o asesinos les dan permiso para violar, donde a un fiscal le tiembla la mano y un secretario de Seguridad Pública está realizando un reality show en lugar de proteger a las mujeres,” reprochó Song.

En México: 50 por ciento de investigaciones de feminicidios no se resuelven: en 2019 se alcanzó 51.4 por ciento, según un análisis de Impunidad Cero; es decir, la mitad de asesinatos de mujeres por razones de género no se esclarece, y la cifra es incluso positiva si se compara con el balance total de homicidios dolosos: 89.6, sólo uno de cada 10 casos queda resuelto.

A nivel nacional, sólo 26.4 por ciento de los asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidio, pese a las recomendaciones internacionales de que cuando una mujer es encontrada muerta con violencia, la hipótesis inicial debe ser que fue por razones de género e investigar con esa perspectiva.

Condena

La iniciativa privada de Cancún —quizá la tercera más poderosa del país después de las de la Ciudad de México y Monterrey— dijo esperar que la lección se haya aprendido y que la autoridad actúe en consecuencia porque las marchas contra los feminicidios y la inseguridad llegaron para quedarse.

Tras los lamentables hechos del 9N por la noche, donde dos comunicadores (Reyna Cecilia Solís Martín [Energy FM] y Roberto Antonio Becerril Gómez [La Verdad]) resultaron heridos de bala y un par más golpeados a macanazos (Selene Hidrogo [Sipse TV] y Santiago Hernández Rodas [fotógrafo gráfico de Quadratín]), y alrededor de una decena de lesionados volvió a quedar de manifiesto la brutalidad policiaca.

El 9N, policías de María Hermelinda Lezama —quien paradójicamente también se asume como “comunicadora”— dispararon contra decenas de manifestantes (mujeres y hombres), quienes protestaban por el feminicidio de Bianca Alexandrina Lorenzana Alvarado, que en redes era conocida como Alexis, la joven feminista de 20 años cuyo feminicidio cimbró a la sociedad cancunense y quintanarroense.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, lamentó la represión policial contra manifestantes, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo porque “atentan contra la imagen del destino vacacional por excelencia de América Latina”, a lo que Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, dijo que “es más preocupante que el gobierno (estatal) no tome las medidas penales necesarias por la gravedad de los hechos”.

El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) condenó cualquier acto que atente contra la integridad de las mujeres y hombres en Quintana Roo, reprobando la represión en la explanada del ayuntamiento de Benito Juárez contra los manifestantes que exigían justicia por el feminicidio de Bianca Alexis.

El organismo presidido por Iván Ferrat Mancera —que aglutina a las cámaras empresariales del destino— estimó que la forma en la que actuaron los elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública no fue la correcta contra quienes se manifestaban por la muerte de una de sus activistas y las mujeres víctimas de violencia cuyos casos están impunes.

Marcy Bezaleel Pacheco, líder de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. (Canirac) en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, se sumó a la condena sobre la brutalidad policiaca y refirió que están en constante comunicación con la autoridad policial a la que solicitamos apoyo —presencia alrededor de los locales— para que colaboradores y comensales se sientan protegidos.

“Cancún, y en general el estado es un territorio joven pasando por momentos convulsos pero no irremediables, pero se requiere de una labor entre ciudadanos que denuncien de modo anónimo, así como alentar a la capacitación de las fuerzas de seguridad… es cierto, hay datos que nos deben importar, ya que cuidar a nuestros cancunenses es prioridad para poder devolverle a la ciudad un ambiente regulado y armónico.”.