El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se convirtió en el epicentro de una brutal tragedia que ha sacudido el panorama político colombiano. La tarde del sábado, mientras participaba en un evento en Bogotá, un disparo ensordecedor atravesó la multitud, y el país entero contuvo el aliento.

Uribe Turbay, un político reconocido por su postura firme en temas de seguridad y transparencia, fue atacado en la localidad de Fontibón por un joven de 15 años que, según las primeras indagaciones, actuó por encargo. ¿Quién está detrás de este atentado? Es la pregunta que ahora retumba en los pasillos del poder.

El impacto de las balas lo dejó en estado crítico. Fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde un equipo de especialistas lucha por salvar su vida. La incertidumbre sobre su estado mantiene a Colombia en vilo, reviviendo los fantasmas de una época en la que la violencia política era el precio a pagar por la ambición de liderazgo.

Las reacciones no tardaron en llegar. Líderes de todos los sectores condenaron el ataque y exigieron mayores garantías para los candidatos en campaña. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, suspendió su gira política, argumentando que el país no ofrece condiciones de seguridad adecuadas para quienes buscan un cambio.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro no dudó en afirmar que el joven atacante “fue pagado, indudablemente”, avivando el fuego de la especulación sobre los posibles autores intelectuales del crimen. Pero aún queda un largo camino para que la verdad salga a la luz.

Colombia vuelve a enfrentar el dilema de una democracia bajo amenaza, en donde las balas buscan silenciar voces y desviar el rumbo de un país que se debate entre el miedo y la esperanza. Mientras el senador Uribe Turbay lucha por su vida, el país entero espera un desenlace que podría cambiar el curso de la política nacional para siempre.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

En un movimiento estratégico para frenar el narcotráfico en Colombia, el gobierno ha implementado un programa innovador: pagar a los campesinos por arrancar los cultivos de coca y sustituirlos por siembras legales. Esta iniciativa busca reducir la producción de hoja de coca, base de la cocaína, y mejorar la calidad de vida en comunidades rurales que tradicionalmente han dependido del cultivo ilícito.

Desde hace décadas, los esfuerzos por combatir el narcotráfico han pasado por estrategias de erradicación forzada, militarización de ciertas zonas y acuerdos con organismos internacionales. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes, y la economía de muchas familias continúa atada a la producción de coca por falta de alternativas viables.

El nuevo programa ofrece compensaciones económicas a los agricultores que decidan eliminar sus cultivos de coca y reemplazarlos por productos como cacao, café y plátano, sectores con demanda estable y apoyo estatal. Además, el gobierno proporcionará capacitación, acceso a créditos y ayudas para la comercialización de sus nuevas cosechas.

El ministro del Interior, en declaraciones recientes, afirmó que “no podemos seguir criminalizando a los pequeños productores sin ofrecerles una salida digna. Este programa busca garantizar que el tránsito hacia cultivos legales sea sostenible y beneficioso para todos”.

Las primeras pruebas piloto han mostrado resultados prometedores, con cientos de hectáreas de coca eliminadas en departamentos como Cauca y Nariño. No obstante, el reto sigue siendo la seguridad de los campesinos, quienes muchas veces son presionados por grupos armados ilegales para continuar con el cultivo.

La comunidad internacional observa de cerca esta estrategia, pues podría marcar un cambio en la manera en que se combate el narcotráfico en América Latina. Con apoyo y financiamiento adecuado, esta iniciativa podría convertirse en un modelo replicable en otros países afectados por la producción y tráfico de drogas.

Si el programa logra consolidarse, podría transformar la realidad de miles de familias, ofreciendo un camino realista para salir del ciclo de la economía ilícita y avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias