CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró este jueves que tiene pruebas de un presunto soborno millonario que fue entregado al personal del juzgado que ordenó la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, ‘el Mochomo’, implicado en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

En un comunicado publicado este día, la dependencia informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene “intervenciones” autorizadas por un juez, sobre un soborno “por varios millones de pesos”, realizado por allegados a ‘el Mochomo’, y que habría sido entregado “a personal del juzgado” que decretó la libertad de Casarrubias Salgado.

Dichas pruebas eran válidas en el sistema vigente en ese momento, dejando de revisar 21 pruebas aportadas entonces, razón por la cual la #FGR apeló de inmediato.

— FGR México (@FGRMexico) July 2, 2020

La FGR señaló al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México de desechar 21 pruebas que fueron admitidas en la investigación iniciada en 2014 contra ‘el Mochomo’, pese a que eran “válidas”.

El martes de esta semana, una jueza federal ordenó la liberación de ‘el Mochomo’, quien había sido detenido el pasado miércoles 24 de junio en Metepec, Estado de México, y encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de El Altiplano, en Almoloya de Juárez.

Al día siguiente, ‘el Mochomo’ salió del penal tras el fallo judicial, pero fue reaprehendido minutos después por personal de la FGR, que presentó una nueva orden de captura contra Casarrubias, ahora por delincuencia organizada.

Mientras ‘el Mochomo’ enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el cártel Guerreros Unidos, la FGR ha informado que solicitará una nueva orden de captura contra él, por hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, que fue la principal acusación que llevó a su detención hace una semana.

Combate a la corrupción

La orden de liberación de ‘el Mochomo’, dictada por una jueza federal, causó un gran impacto al interior del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina, López Obrador explicó que la corrupción alcanzó todos los sectores de la administración pública, por lo cual, se ha iniciado un proceso de “limpia” tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial.

Horas después, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano encargado de la administración y vigilancia del Poder Judicial, informó en un comunicado que presentó una denuncia interna sobre “posibles actos de corrupción y vicios jurídicos” en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

“Se trata de deslindar responsabilidades de manera contundente“, señaló el CJF, tras el escándalo por la orden de liberación de ‘el Mochomo’.