Visión Periférica

Por Clicerio E. Cedillo G.

CANCÚN.- La postura del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la organización no gubernamental más importante del país en defensa del medio ambiente, fija su postura científica con respecto al Tren Maya. La conclusión puede interpretarse como un proyecto avasallante, que por definición es un concepto que se vincula a la idea de vasallo: “aquel que depende de un monarca o de un señor feudal, en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Avasallar hace referencia a someter, sojuzgar, tiranizar”. De esta forma, el avasallamiento suele vincularse a un trato autoritario y carente de respeto. Sí, carente de respeto por la naturaleza y las comunidades mayas.

Según la información del CEMDA, desde diciembre del 2018, cuando se anunció el Tren maya en el Plan Nacional de Desarrollo se planteó la construcción de infraestructura vial y ferroviaria como motor del desarrollo inmobiliario, comercial y turístico de la Península de Yucatán. “El proyecto comprende, entre otros, 1,460 kilómetros de ferrocarril de velocidad media (su velocidad máxima será de 160 km/h para pasajeros y 120 km/h para carga), varias estaciones de ferrocarril, infraestructura vial, acueductos y nuevos centros de población y polos de desarrollo. El proyecto abarca más de 50 municipios y 5 estados del sureste de la República mexicana: Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En esta amplia región viven diversas poblaciones indígenas y campesinas y es una de las zonas más biodiversas del mundo. El ferrocarril atravesará por la selva maya -segundo pulmón forestal de América Latina después de la Amazonia-, fragmentándola y causando impactos irreversibles a la vegetación, al suelo, al agua y a la biodiversidad.

¿Por qué avasallante? Simplemente porque no fue decidido por el pueblo maya, sino que “por el nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable. Según el Plan Nacional de Desarrollo “es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies, y propiciar el ordenamiento territorial de la región”.

No obstante, aclara el CEMDA la existencia de poca información oficial y hasta ahora no se han hecho públicos ni el Proyecto Ejecutivo, ni la Manifestación de Impacto Ambiental. En la página oficial del Tren Maya se señala que tendrá una longitud total de 1,460 km con 18 estaciones y se prevé que la ruta se divida en siete tramos, pero el trazo final del ferrocarril se desconoce, así como el exacto número de estaciones o de nuevas zonas de desarrollo que se quieren realizar. Expone que el proyecto pretende aprovechar la infraestructura ferroviaria ya existente en algunos de los estados, usando el derecho de vía del ferrocarril. Para el resto de la ruta, 68% del proyecto, se tiene que gestionar el derecho de vía. De igual forma, se plantea la urbanización de muchas regiones de la península de Yucatán, vinculada con el desarrollo que, se espera, creará el Tren Maya.

El 15 de noviembre de 2019, según se informa, inició un proceso de consulta indígena, realizado en forma simultánea en diversos municipios del sureste mexicano, con una sesión informativa y otra deliberativa, donde participaron autoridades y personas de comunidades indígenas. Sin embargo, la “consulta indígena” sobre el Tren Maya no fue convocada con el propósito de obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “no fue previa, culturalmente adecuada, informada, ni de buena fe”. Al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha calificado “como negativo el proceso de consulta indígena del Tren Maya al considerar que no cumplía con todos los estándares internacionales ratificados por México en la materia”.

Ante esa situación varios integrantes del pueblo maya peninsular y ch´ol interpusieron una demanda de amparo ante el Poder Judicial, logrando la suspensión del proyecto en el territorio del municipio de Calakmul, Campeche. En respuesta, el gobierno federal ha estigmatizado y criticado a los defensores y se ha rehusado a acatar la suspensión judicial. Por si fuera poco, en el marco de la pandemia de SARS-CoV2, las obras relacionadas con el Tren Maya fueron incluidas entre las actividades esenciales que podrán continuar a pesar de las medidas adoptadas por la Secretaría de Salud.

Independientemente de lo anterior, no se consideró la opinión de expertos investigadores, ni de organizaciones no gubernamentales defensoras del ambiente, como el CEMDA, ya que este proyecto implica, entre otros, riesgos e impactos ambientales, fragmentación del territorio y pérdida de conectividad en el territorio, deforestación y extinción de flora y fauna, además de riesgos e impactos sociales. (Continúa)