Agencia.- Con el anuncio de que impondrá aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y el acero de todo el mundo, “sin excepciones ni exenciones”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló este lunes un peldaño en las hostilidades de la guerra comercial, ya global, que ha emprendido en su regreso a la Casa Blanca. Trump adoptó esa medida ―que se suma a los gravámenes contra China de la semana pasada y supone una considerable ampliación del campo de batalla de su proteccionismo― mediante dos dictámenes presidenciales, que firmó en el Despacho Oval. Al hacerlo, dijo: “Esto es algo muy importante: [servirá para] hacer que Estados Unidos vuelva a ser rico”.

Los nuevos aranceles afectan sobre todo a países aliados de la primera potencia, la Unión Europea incluida, y en el caso de sus socios norteamericanos, Canadá y México, suponen una ruptura de facto del tratado de libre comercio que les une (T-MEC). Entrarán en vigor el 12 de marzo, según el texto de la orden ejecutiva divulgado por la Casa Blanca.

Los cinco principales proveedores de acero a Estados Unidos fueron en enero Canadá (11.200 millones de dólares), seguido de Brasil, México, Corea del Sur y Alemania. Así que el vecino del norte ―que también encabeza, con 9.500 millones, la lista de exportadores de aluminio, con, por ese orden, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China a una considerable distancia― es el principal damnificado por esta medida, que llega solo una semana después de que Trump amenazara con aranceles del 25% a sus importaciones. Finalmente, los acabó aplazando por un mes después de que se desplomaran los mercados y de las amenazas recíprocas de Ottawa.

Los gravámenes no solo perjudicarán a esos países; también prometen aumentar los costos para las empresas y los consumidores estadounidenses, un grupo de afectados que incluye desde la industria automovilística a los aficionados a los refrescos y la cerveza en lata.

La nueva Administración considera que los beneficios de los gravámenes anunciados serán mayores para la industria nacional de acero y aluminio que sus perjuicios para el resto. Así lo repitió este lunes en una llamada con periodistas el un alto funcionario de la Casa Blanca, que habló desde el anonimato. “Los aranceles al acero y al aluminio 2.0 pondrán fin al dumping extranjero, impulsarán la producción nacional y asegurarán nuestras industrias como columna vertebral y pilares de la seguridad económica de Estados Unidos”, afirmó.

La medida no pudo ser una sorpresa para nadie, porque Trump había avanzado el domingo por la tarde su intención de cambiar las reglas del comercio de ambos productos, como ya hizo durante su primera presidencia, cuando decretó en 2018 impuestos del 25% al acero y del 10% al aluminio. También, porque durante la campaña que lo devolvió a la Casa Blanca, el candidato repitió en sus mítines que “aranceles” era su “palabra favorita” del diccionario.

El avance lo escenificó a bordo del Air Force One, ante un puñado de reporteros que lo acompañaban a Nueva Orleans a la final de la liga nacional de fútbol americano (NFL). Mientras un ayudante sostenía un mapa algo tosco con el nuevo nombre que le ha dado al golfo de México, que Trump ha decretado que pase a llamarse de América, el presidente también prometió que anunciará aranceles recíprocos “el martes o miércoles” sobre otros productos, con los que ya había amenazado la semana pasada y que entrarán en vigor cuanto antes. “Es muy simple: si nos cobran, nosotros les cobramos”, dijo.

La secuencia de acontecimientos ―el bombazo previo y el lunes en vilo― hizo que la semana en la Casa Blanca, la cuarta de la segunda vuelta de Trump, empezara como la anterior, con la escalada de una guerra comercial de consecuencias impredecibles para la economía global. El lunes pasado, jornada de la que, vista la hiperactividad presidencial, cuesta creer que hayan pasado solo siete días, Canadá y México lograron un aplazamiento de un mes en la aplicación de aranceles del 25% con las que Trump les había amenazado el sábado anterior.

Un mes para negociar

Una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum bastó para que México parara la embestida arancelaria. A cambio, Sheinbaum prometió reforzar la presencia militar en la frontera y otra serie de medidas que en gran parte ya estaban en marcha.

Canadá, cuyo primer ministro, Justin Trudeau, y algunas autoridades provinciales, habían respondido con una lista detallada de aranceles a productos estadounidenses, especialmente escogidos para hacer daño a los Estados republicanos del vecino del sur, obtuvo un respiro similar, con parecidas promesas destinadas a controlar el tráfico de personas y de fentanilo en la linde entre ambos países.

Ese mes, confía Trump, le servirá para arrancar concesiones que permitan equilibrar la balanza comercial con sus dos socios del T-MEC, renegociado por él mismo. México es, tras desplazar a China en 2023, el principal proveedor de Estados Unidos. Las importaciones procedentes del vecino del sur marcaron el año pasado un máximo histórico de 505.851 millones de dólares. Aunque las exportaciones estadounidenses también aumentaron, el déficit comercial entre ambos países marcó un nuevo récord, de 171.189 millones de dólares. El de Canadá ascendió a 63.336 millones, un 1,5% menos que el año anterior, según los datos de la Oficina de Análisis Económico, dependiente del Departamento de Comercio.

La última vez que Trump impuso aranceles al acero y al aluminio, lo hizo con la mayoría de los países en el punto de mira y en virtud de la misma ley de 1962 que invoca ahora, que permite al presidente elevar los gravámenes sobre las importaciones que supongan una amenaza para la seguridad nacional sin la aprobación del Congreso. Entonces, China y la Unión Europea respondieron con aranceles de represalia contra las exportaciones estadounidenses, especialmente enfocadas a los productos agrícolas. Después llegaron las exenciones a países y bloques aliados, entre ellos Canadá, México y Brasil, que ahora, al menos de momento, no se contemplan. Durante su mandato, el demócrata Joe Biden (2021-2015) amplió estas cuotas a la Unión Europea y al Reino Unido.

La ausencia de salvedades amplía esta vez el club de los damnificados por el proteccionismo de la nueva Administración estadounidense, decidida a redoblar la apuesta por el aislacionismo de su primer mandato. En ese club llevaba desde la semana pasada China, a cuyos productos Trump anunció que les impondría aranceles del 10%, con el argumento, usado también con Canadá y México, de que Pekín no hace lo suficiente para detener el tráfico ilegal de fentanilo. Este es un potente opiáceo al que se responsabiliza de alrededor de las tres cuartas partes de las cerca de 100.000 muertes por sobredosis que se registran cada año en el país. Tras esa estrategia, culpar a otros de la crisis de drogas más grave de la historia de Estados Unidos, se esconde una insistencia en ignorar quién y dónde se genera la demanda de fentanilo.

China ―que respondió al embate de la semana pasada con aranceles recíprocos por valor de unos 14.000 millones de dólares― domina el comercio global de aluminio y acero, pero no exporta grandes cantidades, ni de uno ni de otro, a Estados Unidos. El pasado mes de septiembre, Biden subió el gravamen a ambos productos hasta el 25%. La mayor parte del aluminio y acero chinos se queda dentro de sus fronteras, destinado a abastecer el bum inmobiliario y a la industria automovilística.

Una llamada entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, anunciada la semana pasada, aún está pendiente, mientras este lunes ya entraron en vigor los aranceles de represalia de Pekín. El presidente estadounidense ha dicho que no tiene “ninguna prisa” por que esa conversación entre líderes de las dos potencias enemigas tenga lugar.

Fuente: El País

Concord. Un tercer juez federal bloqueó el lunes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que termina con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de personas que están en Estados Unidos sin papeles.

La decisión del juez federal de distrito Joseph N. Laplante, en Nueva Hampshire, se produce después de dos fallos similares de jueces en Seattle y Maryland la semana pasada.

Laplante, quien fue nominado por el ex presidente republicano, George W. Bush, dijo que no lo convencieron los argumentos de los abogados de la administración del mandatario Donald Trump.

Indicó que emitiría una orden preliminar más extensa más adelante explicando su razonamiento.

Una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) sostiene que la orden ejecutiva de Trump viola la Constitución e “intenta subvertir uno de los valores constitucionales estadunidenses más fundamentales”. Fue presentada en nombre de grupos defensores de los inmigrantes, incluyendo mujeres embarazadas y cuyos hijos podrían verse afectados por la orden.

La administración republicana de Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

La administración apeló el fallo del juez en Seattle.

Se han presentado al menos nueve demandas para impugnar la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento.

En el caso presentado por cuatro estados en Seattle, el juez federal de distrito, John C. Coughenour, dijo la semana pasada que la administración Trump estaba intentando ignorar la Constitución.

“El Estado de derecho es, según él, algo que se ignora, ya sea por ganancia política o personal”, dijo Coughenour, quien fue nombrado por el ex presidente republicano, Ronald Reagan. “En este tribunal y bajo mi vigilancia, el Estado de derecho es un faro brillante, que tengo la intención de seguir”.

Una juez federal en Maryland también bloqueó la orden de Trump en otro caso presentado por grupos de derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos por nacer podrían verse afectados.

La administración Trump todavía no apela la orden preliminar emitida por la jueza, Deborah Boardman, quien fue nombrada por el ex presidente demócrata Joe Biden.

Un juez federal en Boston también escuchó argumentos la semana pasada en una demanda presentada por 18 estados.

El juez federal, Leo Sorokin, quien fue nombrado por el ex gobernante demócrata, Barack Obama, no dictó sentencia de inmediato.

Laplante, el juez en Nueva Hampshire, elogió a ambas partes por la forma en que presentaron sus casos.

“No estoy convencido por los argumentos de los demandados en esta moción”, dijo.

“Debo decir: tampoco me ofenden, ni como abogado, ni como jurista. Creo que el Estado de derecho se sirve mejor, se mantiene y se preserva cuando excelentes profesionales presentan sus argumentos ante el tribunal con toda la experiencia, experiencia y conocimiento que pueden reunir”.

Estados Unidos está entre unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento, el principio de jus soli, o “derecho del suelo”. La mayoría están en el continente americano, incluyendo a Canadá y México.

Fuente: La Jornada