Por Cliserio E. Cedillo G.

Mucha razón tiene el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, de que la Contraloría debe investigar a fondo el intento de modificación de Uso de Suelo irregular en mil 600 hectáreas del municipio de Tulum. Si bien se logró revocar los acuerdos de Cabildo de los días 19, 23 y 24 de diciembre del 2019, publicados en el Periódico Oficial, con lo que se frena no solo un atentado al medio ambiente, sino que se pone un alto a un grave problema social por el hacinamiento habitacional que había sido aprobado y la imposibilidad de dotar esas zonas de servicios eficientes.

Sin embargo, es verdad que no basta con una acción interinstitucional de buena fe, como afirman que se logró revocar los acuerdos y con ello corregir el atentado y evitar una acción que bien puede tener vínculos delictivos, debido a que se omitió intencionalmente, no puede ser de otra forma, el acatamiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Q. Roo, así como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Ordenamiento Ecológico, la Ley del Equilibrio y la Protección al Ambiente del Estado de Q. Roo.

Y no solo eso, sino que la autorización se fundamentó, como ahí se lee, en la Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo que es inexistente, “aunado que no hubo un proceso de planeación, por lo tanto carece de estudios socio-económicos, ambientales, geo-hidrológicos, mecánica de suelos, de transporte, de urbanismo, de vialidades, entre muchos otros, así como también está ausente de una debida fundamentación y motivación y no hay una metodología y mucho menos existe el rigor científico”, como presentaron en un análisis los diputados Euterpe Gutiérrez Valasis y José Luis Guillen, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, del Congreso del estado.

Qué bueno por la legisladora Euterpe Gutiérrez que escuchó la demanda de los colegios de Ingenieros y Arquitectos de Tulum, así como a diferentes representantes de organizaciones sociales, quienes vieron en esa acción del Cabildo una descarada maniobra para beneficiar a ciertos propietarios de terrenos. Y es que, como se describe en la nota principal de esta edición de su revista semanal 5to Poder Periodismo ConSentido, el perjuicio era de proporciones inmensas, ya que se afectaba una superficie con ríos subterráneos de 819.45 hectáreas; una zona de Preservación Ecológica de 76.81 hectáreas; 560 hectáreas de parcelas sin dominio pleno, es decir ni siquiera han sido asignadas a los posesionarios y ejidatarios, de tal modo que se facilitaba la especulación, y 176 hectáreas dentro del Programa de Desarrollo Urbano de Tulum, lo que hacía un total de mil 653. 45 hectáreas.

Sí que se debe de investigar, como dice el gobernador Carlos Joaquín, porque no es posible que un Cabildo, por mucho desconocimiento que tenga de la Ley y de aspectos técnicos, carezca de sentido común y no pueda ver que se trata de cambios tendentes a beneficiar a algunos modernos terratenientes, a menos que haya habido “contraprestaciones”, como ahora les dicen a los corruptos pagos de favores, para plasmar sin mayor presión sus firmas en las actas de Cabildo.

¿Que si hay sospechas? usted juzgue estimado lector: según las actas de cabildo, tan solo uno de los propietarios, Helio Alejandro Monforte Jaimes, es propietario de más de 400 parcelas y lotes de terreno que serían sobrevaluados en forma multimillonaria con los arbitrarios cambios de Uso de Suelo. Se puede decir que este señor es el mayor terrateniente en la zona de Tulum, pero con muchos menos terrenos existen otros beneficiados, al parecer 17 más, entre ellos la desarrolladora CADU Inmobiliaria.

Con esta ilegal acción del Cabildo, de la noche a la mañana, verían multiplicar el precio de la tierra, pues figúrese nada más lo que se les autorizaría: construir desde 80, 85, 120, 140, 190 y hasta 250 viviendas por hectárea, además de que las construcciones podrían alcanzar una altura de 14 y 15 metros en cuatro niveles (H4). En el caso de la zona turística (TH) se aprobaba modificar de 20 cuartos por hectárea a 120 viviendas por hectárea, con superficie mínima de cinco mil a 180 metros cuadrados y el frente del lote se reduciría de 50 a 10 metros cuadrados, mientras que se aumentaban los coeficientes de Ocupación de Suelo (COS) de 0.25 a 0.60 y el de Uso de Suelo (CUS) de 0.75 a 1.70. Es decir, podrían llenar de casitas todos los espacios y dejarían al arbitrio el equipamiento urbano.

Que ¿Quién es Helio Alejandro Monforte Jaimes? Basta un dato: el 31 de agosto del 2016, este señor y dos personas más fueron acusadas por los habitantes de Chamblekal (municipio de Mérida), Yucatán, de haberlos despojados de sus tierras que por Ley les correspondían. Esto, según dijeron, “en complicidad con la Procuraduría Agraria, el Tribunal Unitario Agrario, y el comisariado ejidal Leoncio Coot Kantún, que por cierto les negó el reparto de tierra diciéndoles que: “no les corresponde nada porque “los mayas ya no existen… los mayas ya desaparecieron”. Y seguramente hay muchas más turbiedades…