Por Germán Arreola

Cancún.- El martes se estarían presentando los primeros 50 amparos contra el artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, dio a conocer Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, quien por otra parte dio a conocer que se envió una solicitud de información a los diputados de la XVI Legislatura.

El nuevo cobro por la recolección de basura y la imposición de contenedores “inteligentes” –que “reconocerían” la cantidad exacta de desechos– fue aprobado por el Congreso estatal a finales de diciembre pasado; el presunto abuso sería en detrimento de empresarios de todos los niveles y sectores, pero el más afectado sería el microempresario.

“Hay un debate de que el municipio no lo pidió y se lo cambió el Congreso, y que los legisladores aseguran que el ayuntamiento fue el que lo hizo y se están echando la bolita, se les está pidiendo que nos den claridad, quién de los diputados introdujo el tema en la Comisión de Hacienda, si es que se dio, y quién del ayuntamiento hizo la petición.”

El asesor de la iniciativa privada en el tema, recordó que los representantes de las cámaras y asociaciones civiles crearon una comisión especial que busca proteger a los involucrados y a los más desfavorecidos, por lo que enviamos al Congreso que haga las cosas de una manera transparente y que las leyes sean de acuerdo como lo marca la Constitución.

Añadió que el Observatorio Legislativo de Quintana Roo tiene como objetivo hacer las revisiones, seguimiento y cumplimiento de las normas, programas y políticas públicas de los entes gubernamentales para participar en los propósitos ciudadanos de rendición de cuentas y transparencia que la sociedad exige.

“En ese propósito se ha realizado un seguimiento a los acuerdos que se han emitido recientemente, y especialmente en lo referentes a la aprobación de las modificaciones a la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, que ha generado gran inquietud entre las organizaciones empresariales del municipio y los contribuyentes.”

Misiva

Eduardo Galaviz dijo en una misiva enviada a los diputados para deslindar responsabilidades, que con relación al trabajo de las comisiones con los “funcionarios del ayuntamiento”, se precise con quiénes fueron esas reuniones, y su certificación o comprobación legal para efectuarlas y aprobar los acuerdos generados.

También, si los legisladores tienen algún documento enviado por el ayuntamiento en el que conste la solicitud de modificación de la iniciativa enviada con anterioridad, que derivó en el “ordenamiento acorde con las necesidades propias del municipio” y que prevén, el algunos casos aumentaron de hasta 300 por ciento o más en el manejo de residuos sólidos.

Además, si se cuenta con algún escrito, estudio o petición que haya dado motivación y fundamentación a las modificaciones al artículo 135 de la iniciativa de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, y que se plasmó en la expedición del decreto en comento, así como si las propuestas fueron presentadas por alguna de las comisiones o de algún diputado.

El martes 11 de febrero vence el plazo para solicitar la protección de la justicia, pero a partir del martes 4 de febrero empezarán “a llover” miles de amparos contra el Congreso estatal y el gobierno de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, que pretenden imponer desorbitantes cobros por el servicio de recolección de basura y la colocación de contenedores “inteligentes”.

En ese sentido, Eduardo Galaviz adelantó que este martes se presentarán las primeros 50 solicitudes de amparo porque se tienen que conjuntar documentos adicionales como actas constitutivas (de cada empresa), documentos que la mayoría de veces no se tienen a la mano u otros que se tienen que solicitar a un notario.

Añadió que las solicitudes de la protección de la justicia se irán incrementando conforme los dueños o apoderados legales de los negocios quejosos tengan lista toda la documentación que se requiere para interponer la petición de amparos, “no va a ser algo que se dé de la noche a la mañana”, puntualizó el empresario.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe aglutina las 32 cámaras empresariales del municipio de Benito Juárez (Coparmex, Canacintra, Canirac y todas las asociaciones), alrededor de cuatro mil empresas, calculó la titular Inna Germán Gómez, aunque en el padrón del municipio hay 22 mil registradas, de las que ocho mil 800 están pagando.