PUERTOMORELOS, 9 DE DICIEMBRE.- La Fiscalía General de la República (FGR), delegación Quintana Roo, entregó una propiedad que tenía asegurada y nuevamente lo hizo totalmente saqueada, con un millonario robo que incluye seis unidades de maquinaria pesada, entre ellas excavadoras, tractores y vehículos, así como caballos finos, perros de raza, alimento de animales, puertas de herrería de las jaulas y caballerizas localizadas en dicho recinto.

Acompañada de policías federales y elementos de la Guardia Nacional, la fiscal asignada para la entrega del rancho, hizo la restitución de la propiedad ubicada en la Ruta de los Cenotes, luego que un juez ordenó su desaseguramiento y entrega al propietario, quien fue exonerado de todos los cargos que se le habían imputado.

La fiscal fue testigo durante la diligencia, de los daños y rapiña que sufrieron los inmuebles al interior del rancho asegurado e incluso levantó un acta de los bienes que fueron sustraídos durante los seis meses que el inmueble estuvo asegurado por la FGR.

El saqueo y daño a cargo de quienes aseguraron dicho recinto, fue contra la propiedad de los empresarios, Florian Tudor y Chakib Naif, quienes durante la entrega del rancho, denunciaron los objetos faltantes y los daños visibles en la finca.

Cabe señalar que el fiscal de la FGR, identificado como Eduardo Cervantes Saavedra, fue quien solicitó el cateo a tres propiedades del empresario Florian Tudor, presuntamente para buscar únicamente armas y droga, que no encontraron, y por lo tanto es el responsable de las diligencias y saqueos.

Acompañada de policías federales y elementos de la Guardia Nacional, la fiscal asignada para la entrega del rancho, hizo la restitución de la propiedad ubicada en la Ruta de los Cenotes, luego que un juez ordenó su desaseguramiento y entrega al propietario, quien fue exonerado de todos los cargos que se le habían imputado.

La fiscal fue testigo durante la diligencia, de los daños y rapiña que sufrieron los inmuebles al interior del rancho asegurado e incluso levantó un acta de los bienes que fueron sustraídos durante los seis meses que el inmueble estuvo asegurado por la FGR.

El saqueo y daño a cargo de quienes aseguraron dicho recinto, fue contra la propiedad de los empresarios, Florian Tudor y Chakib Naif, quienes durante la entrega del rancho, denunciaron los objetos faltantes y los daños visibles en la finca.

Cabe señalar que el fiscal de la FGR, identificado como Eduardo Cervantes Saavedra, fue quien solicitó el cateo a tres propiedades del empresario Florian Tudor, presuntamente para buscar únicamente armas y droga, que no encontraron, y por lo tanto es el responsable de las diligencias y saqueos.

En las tres diligencias practicadas y encabezadas por Eduardo Cervantes Saavedra y Enrique Pérez García, una en la residencia ubicada en la calle Robalo de la SM 3 de Cancún, otra en la avenida Cobá de la SM 30 y esta última en un rancho de la Ruta de los Cenotes, los policías a su mando, fueron quienes realizaron dichos operativos y saquearon los objetos de valor de las tres propiedades.

En la residencia de Robalo, donde vivía el empresario afectado, se llevaron joyas, relojes finos, obras de arte y tres cajas fuertes con dinero en efectivo, todo con un monto superior a los 40 millones de pesos.

En el domicilio de la avenida Cobá, donde fue cateada una oficina del imputado, los policías y responsables se llevaron seis computadoras E MAC, cinco pantallas de TV de 55 pulgadas, estatuillas, un dispensor de agua, un horno microondas, botellas de vino y licor y hasta una cafetera, entre otros bienes.
En suma el saqueo de policías que participaron durante los cateos a dichas propiedades, supera los 50 millones de pesos, además de los daños y perjuicios que ocasionó a la víctima esta dolosa persecución donde después de seis meses no se comprobó ningún delito y los expedientes han sido prácticamente cerrados y extinguidos.

Tras el proceso de seis meses que ha llevado recuperar los inmuebles asegurados y saqueados de manera injusta, la víctima inicio ya un proceso judicial en contra los responsables del descarado saqueo a sus propiedades, para que devuelvan lo robado y se les castigue conforme a la ley por robo, abuso en el ejercicio de la función pública, corrupción y delincuencia organizada.

Ex delegada Bertha Córdero y fiscales los operadores.

El modus operandi de estos fiscales y policías federales, de convertir los cateos en saqueos con total impunidad, imperó durante todo el tiempo que “la maestra”, Bertha Cordero Reyes estuvo como subdelegada de la FGR en Cancún, es decir desde el 28 de julio de 2013 que asumió el cargo hasta el pasado mes de agosto en que fue destituida.

Cordero Reyes, llegó a la FGR Cancún junto con la delegada a Aurora Mora Morales el 28 de junio de 2013, misma que fue relevada por Gerardo Mejía Morales, el 9 de septiembre de 2015 y este a su vez sustituido por Antonio Mendoza Chávez el 19 de febrero de 2018, quien seis meses después cedió el cargo a Javier Ocampo García, quien fue designado delegado de la FGR en Cancún el 1 de agosto de 2018.

Javier Ocampo García fue renunciado como delegado de la FGR en Quintana Roo el pasado 31 de agosto de 2019, misma fecha en que se le solicito la renuncia a la eterna subdelegada, Bertha Cordero Reyes, ambos por probables delitos de corrupción y delincuencia organizada, acusados de conformar una red de operaciones al interior de la Fiscalía.

A raíz de las denuncias interpuestas por empresarios en la Visitaduría General de la FGR, Fiscalía Federal Anticorrupción, Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre una presunta red de corrupción al interior de la FGR en Quintana Roo, dedicada a extorsiones y saqueos mediante ordenes de cateos, la Seido mantiene abierta una investigación contra de los fiscales responsables de dichos casos y los ex funcionarios de esta dependencia que fueron cesados en agosto pasado.

Otro de los delitos en los que se vincula a la ex subdelegada de la FGR es el escandaloso caso de las mil 500 cajas de seguridad que fueron incautadas por la Seido en octubre de 2017 a la empresa Firts National Security (FNS) en Cancún y en la que algunos empresarios denunciaron extorsiones desde el interior de la entonces (PGR) para que se les devolvieran sus bienes, en un caso que se denunció, estuvo plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, según se establece en la carpeta 839/2018.

En dicho caso, las cajas de seguridad también fueron ordeñadas y saqueadas, “yo puedo calcular que mucho de lo que se robaron ya se los gastaron”, afirmó en su momento Santiago Ancona Teigell administrador único de la empresa FNS.

El caso del centro nocturno Dassan Golden Palace de la zona hotelera de Cancún, donde también hubo saqueo de una caja fuerte, computadoras, teléfonos celulares y dinero en efectivo, es otro más de los delitos y atropellos cometidos por fiscales, policías y autoridades de la FGR.

La presunta extorsión al líder cetemista Isidro Santamaría, que lo tiene preso por presunta trata de personas, es otro caso fabricado en la misma FGR, durante la pasada administración de la Fiscalía que encabezaban Bertha Cordero y Javier Ocampo García.

De hecho el cateo realizado al bar Dassan en marzo pasado de forma gansteril, ya fue anulado por un juez y calificado de ilegal, ya que el propio fiscal, Enrique Pérez García, quien solicitó el cateo al centro nocturno no estuvo presente en la diligencia a pesar de que el juez que autorizó el operativo lo hizo a el responsable de todos los actos que ahí se suscitaran.

En resumen, la PGR llamada ahora FGR, se convirtió durante los últimos años en una máquina desde donde se fabricaban expedientes, delitos, extorsiones, amenazas, cateos y saqueos a propiedades, abusos que han lastimado a muchos empresarios cancunenses y que continúan bajo investigación de la nueva administración federal que de entrada ya cortó la cabeza al delegado y subdelegada que fueron heredados del anterior gobierno en la delegación de Quintana Roo. Fuente Agencia