“Columna Invitada”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto

Hasta el sexenio pasado, si no mal recuerdo, se mantuvo la vigencia de una maravillosa legislación creada desde el mes de abril de 1917 por el mismísimo Venustiano Carranza, en el contexto de la Revolución Mexicana y la redacción de la Constitución de 1917, a la que se le denominó Ley de Delitos de Imprenta.
En ese entonces su objetivo era el de ejercer la libertad de expresión mediante la imprenta, estableciendo límites específicos para proteger la moral, el orden público y la vida privada, estableciendo prohibiciones como expresiones maliciosas; manifestaciones que expongan a una persona al odio, desprecio o ridículo; informes falsos; reportajes o relatos que alteren hechos con el propósito de dañar a una persona; publicaciones ofensivas que degraden la dignidad de una persona, entre otras.

Está norma tuvo una vigencia inamovible de casi cien años, ya que fue hasta el año 2011, con la gran reforma constitucional de derechos humanos donde se incluye en el derecho positivo mexicano el derecho a la protección de datos personales y a la vida privada como límites a la libertad de expresión, trastocando los cimientos de la esta ley federal de 1917.

Sin embargo fue hasta el año 2023 cuando el Congreso de la Unión abrogó la Ley de Delitos de Imprenta por considerarla incompatible con los estándares modernos de libertad de expresión siendo considerada por el legislador moderno, generalmente caracterizado por su profundo desconocimiento del derecho como una Ley preconstitucional y obsoleta, por lo que en lugar de actualizarla, determinaron que era mejor abrogarla y desaparece una Ley que duró vigente y manteniendo un orden entre la vida pública y privada de los funcionarios públicos desde 1917 y hasta 2023.

Las normas subsecuentes y reformas realizadas para sustituir la Ley de Delitos de Imprenta de Venustiano Carranza, han resultado catastróficas, ya que, como hemos dado cuenta todos los mexicanos en las redes sociales de este país, hemos visto a un presidente del Senado de México obligar a un abogado a pedirle disculpas públicas como si se tratase de un ofendido monarca de los reinos más teocráticos, en donde atentar contra el rey era atentar contra Dios; o como recientemente sucedió con una diputada con una sentencia de 30 días de disculpas públicas, en donde para sus malas fortunas, las sendas reformas que sustituyeron a la Ley de Delitos de Imprenta, han operado totalmente en contra de los políticos que a su favor, ya que la naturaleza de esas reformas es meramente proteger al gobernante.
Y estos políticos de piel muy delgada no se han quedado allí, ya que el fiscal Gertz Manero ha demandado por daño moral a académicos por publicar estudios respecto de su, hasta hora nulo proceder. Adán Augusto López desde la secretaría de Gobernación también tuvo lo suyo durante la designación de funcionarios del INAI. El exgobernador Jaime Bonilla en Baja California tuvo sendas demandas contra medios por hablar mal de su transparente gestión. Ricardo Monreal quien utiliza la amenaza de juicio político contra todo aquel que le lleve la contraria hasta en la UNAM; y de la misma escuela, pero con más bótox ambos, Layda Sansores de Morena y Alejandro Moreno del PRI, que han demandado en diversas ocasiones a medios por haber publicado y documentado su desaseado paso por el estado de Campeche.
Esta historia nos lleva a reflexionar sobre el contenido de aquella Ley de 1917 creada por verdaderos juristas y legisladores comprometidos con México y con el respeto al estado de derecho, y compararlos con la mala calidad jurídica de las leyes que un puñado de políticos de cristal construyen para protegerse a sí mismos, sin recordar que su función principal como legisladores es la de crear un marco legal sólido que facilite el desenvolvimiento de los ciudadanos ante el Estado y ante ellos mismos.
Pareciera que esta generación de políticos de cristal, además de su escasa preparación profesional ha resultado con la piel muy delgada para un México que sigue siendo igual de reaccionario que aquel que llevó a Carranza a promulgar la Ley de Delitos de Imprenta de 1917.

“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo

• Partidos políticos sin vida interna, secuestrados por sus dirigencias que se reparten el presupuesto y las candidaturas plurinominales.
• Partido verde, caso icónico de la “partidocracia”, al servicio de los negocios económicos y políticos de Jorge Emilio y Manuel Velasco.

El problema del sistema de partidos es la llamada “partidocracia”; el poder concentrado de las dirigencias de los partidos políticos.

El cáncer del sistema de partidos actual en México, es que carecen de vida democrática interna. Las decisiones son tomadas por sus dirigencias, sean electas o eternas, como los casos del verde y PT, cuyos “dueños” son Jorge Emilio González y Alberto Anaya.

Con el objetivo de renovar los esquemas de representación política, actualizar el sistema de partidos con la nueva situación del país después de 2018 y evitar el costo excesivo de las elecciones, principalmente, este lunes 11 quedó instalada la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez.

Desde ya, la oposición se ha lanzado contra la reforma, calificándola de “retroceso” o “el fin de la democracia”. Entonces, reforma ¿para qué?

Después que la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador quedó en pausa, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum retoma el tema, que marcará agenda durante 2025 y 2026.

El partido verde ha mostrado escozor ante dicha reforma, ya que uno de los temas que estarán en los foros y debates será el sistema de representación proporcional. En este caso, las llamadas candidaturas “pluris” son la figura más cuestionada ya que fue desnaturalizada desde un principio; nacieron para representar a las minorías y se convirtieron en espacios para las cúpulas de los partidos, que se las reparten como un patrimonio personal.

En Morena también existen casos, como el del diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien “consiguió” una diputación federal pluri en el PT para su esposa Diana Karina Barreras, viralizada como “dato protegido”.

La figura de las diputaciones y senadurías “pluris” podrían desaparecer o cambiar el actual régimen de elección, para que representen votos y no solamente el dedazo de las élites que controlan los partidos.

En el caso del partido de Jorge Emilio, en solitario, no gana elecciones (sus números andan entre 4 y 6%), pero con los votos que le “trasvasan” sus aliados PRI, PAN y ahora Morena, para garantizar mayorías, se ha convertido en el partido “bisagra” usando la extorsión como principal arma política.

VERDE Y PT CRIATURAS DE SALINAS
El verde lo creó Salinas de Gortari en 1986 porque ya preveía resultado electoral adverso, aunque no esperaba la dimensión de la derrota que sufrió ante Cuauhtémoc Cárdenas, por lo que tuvo que recurrir al fraude abierto con la famosa “caída” del sistema en 1988. En 1989, ya como presidente, Salinas también creó el PT y colocó como dueño único vitalicio a Alberto Anaya, para asegurar mayoría en las Cámaras.

Desde entonces, los pluris no representan a las minorías políticas -para lo cual fueron creados-, sino a las cúpulas de los partidos que se reparten las curules, aunque hayan ganado con votos externos, en su momento del PRI, luego del PAN, luego otra vez del PRI y ahora de Morena.

SOBRE REPRESENTACIÓN VERDE EN QUINTANA ROO
En Quintana Roo, el verde en la última elección alcanzó en alianza 17% de los votos, pero si fueran en solitario su umbral de votación está entre 4-5%, en lo cual coinciden la mayoría de las encuestas más recientes.

Además, ocupan posiciones estratégicas en el Ejecutivo. Aun así, lo que quieren es gobernar todo el estado de Quintana Roo con uno de los suyos, ya sea con camiseta verde o camuflajeado como guinda. Caso contrario, amenazan con la extorsión y retirar el apoyo de sus legisladoras y legisladores.

Con este tipo de resistencia, tanto en la oposición como al interior de la 4T, arrancan las consultas, foros, debates, de la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, para ser congruente con el modelo de país que representa y que inició con el mandato popular del voto en 2018.

El tema de la reforma política se irá intensificando y marcará agenda en los próximos meses. Podrán participar las organizaciones de todo tipo y la ciudadanía a título personal. Usted tiene la última palabra.
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