PUERTO MORELOS, 8 DE NOVIEMBRE.- El gobierno de la alcaldesa Laura Fernández Piña reafirmó su compromiso de luchar de manera frontal contra cualquier tipo de discriminación en el municipio, al aprobare por unanimidad, en el marco de la XXII Sesión Extraordinaria de Cabildo, modificaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, la creación de una comisión edilicia y el Reglamento Interior del Consejo para Prevenir, Atender y Eliminar este mal social.

“Estamos marcando un precedente histórico como ayuntamiento en Quintana Roo, para terminar con este mal que nos lacera como comunidad y que impide tener una sociedad más justa. Agradezco el respaldo de nuestras regidoras y regidores y a todos los que se sumaron para impulsar estos acuerdos”, comentó la Presidenta Municipal.

Destacó que cualquier manifestación intolerante, los tratos discriminatorios y los menosprecios a personas, cualquiera que sea el motivo, son una vulneración de derechos humanos y un ataque a la sociedad en su conjunto, por lo que reiteró que su administración seguirá generando políticas públicas para desterrarlos.

Durante la Sesión de Cabildo, se aprobó adicionar el artículo 1 Bis al Bando de Policía y Buen Gobierno, en el que se señala que se reconoce que la igualdad de trato y oportunidades es el derecho de toda persona, grupo o entidad colectiva, a ser tratada de manera homogénea, sin exclusión, distinción o restricción arbitrarias, con el fin de que sea capaz de aprovechar plenamente el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

Asimismo, refiere que en el municipio de Puerto Morelos se prohíbe todo acto de discriminación entendida como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia por acción u omisión que no sea objetiva, racional y proporcional y que esté basada en uno o más de los siguientes motivos: la, discapacidad, el origen étnico, racial o nacional, idioma o lengua, el color de piel, la cultura, el género, el sexo, la identidad sexogenérica, la orientación o preferencia sexual, la edad, la condición social, económica, de salud o jurídica.

Así como la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lactancia materna, la religión, las opiniones, la profesión o trabajo, las modificaciones corporales, los antecedentes penales o cualquier otra condición que tenga por efecto, obstaculizar, restringir, impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad real de oportunidades de las personas o cualquier otro efecto que atente a la dignidad humana.

El mismo acuerdo adiciona el Artículo 128 BIS en el que se reconoce a la discapacidad como una condición que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal.

Contempla, entre otros puntos, que en permisos, licencias o autorizaciones para construcciones abiertas al público o de uso público, el promovente deberá garantizar las medidas mínimas de accesibilidad para las personas con alguna discapacidad.

Los acuerdos aprobados deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno de Quintana Roo para entrar en vigor.