CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE JULIO.- Organizaciones civiles a nivel nacional se unieron en una sola voz para solicitar al Poder Judicial federal que garantice la aplicación de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (Empol), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y que por reducción de su presupuesto ha decidido suspender para este 2019. 

«Gracias al Empol, sabemos que las personas que son detenidas por el Ejército y la Marina suelen sufrir como más violaciones a los derechos humanos que quienes son detenidos por policías, y en este contexto, y el contexto de la Guardia Nacional, es una lástima que se cancele esta encuesta», destacó la analista de datos Gina Giménez, de la asociación Data Cívica. 

En un documento emitido a la autoridad, más de 48 organizaciones, como Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC, Borde Jurídico y Causa en Común AC, entre otras, señalaron que la cancelación de la Empol promueve la invisibilización al no permitir contar con información y datos actualizados sobre la situación; posibles vulneraciones a los derechos y las causas en las detenciones que realiza el Ejército, la Marina, Policías Federal y Municipales y el actuar de ministerios públicos. 

El presupuesto del Inegi inicialmente solicitado para este año era de 17 mil millones de pesos; sin embargo, el Congreso finalmente aprobó un monto por 12 mil 129 millones, lo que significó un ajuste de 4 mil 800 millones de pesos.

Revela agresiones 

Ante dicho panorama, Data Cívica, una de las organizaciones que pide la aplicación de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad, destacó a través de su analista de datos y consultora de contenido Gina Giménez, que el llamado parte debido a que dicha encuesta es una de las formas más confiables que se tiene para lograr una estimación de los abusos que sufren las personas por parte de cuerpos del Estado, ya sea Marina o Policías Federal y Municipal. 

Desde la Ciudad de México añadió que en Data Cívica se cree mucho en la evidencia, por lo que consideran que las políticas públicas son mejores cuando se hacen basadas en ellas: «Es necesario conocer la población, la línea base, dónde estamos parados, para ver si las políticas públicas están funcionado, y esa es la contribución más grande para el desarrollo del país».

A su vez, comentó que México atraviesa un gran reto en materia de uso de datos, mismos que deben concientizarse y utilizarse en todos los conceptos, no solo para un grupo de personas, según destacó. 

La última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, con datos del 2016, publicada en 2017, indica que el 79.3 por ciento de la población privada de la libertad fue esposada en el momento de su arresto, y en el 57.8 por ciento de los casos la autoridad empleó la fuerza física para someterla.

Además, el 75.6 por ciento sufrió algún tipo de violencia psicológica al momento de su arresto; y el 63.8 por ciento sufrió algún tipo de agresión física por parte de la autoridad o persona que realizó dicho arresto.

En otro tema, egún el INEGI se estima que el 80% de todos los policía de todos los niveles presentan sobrepeso u obesidad. Esta tasa es más alta que la de la población total, la cual es del 70%. La última vez que el INEGI les preguntó, solo el 16 % de los policías reportó tener hipertensión o diabetes. Los elementos en peor forma fueron ubicados en Campeche y Baja California.