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Por Cliserio E. Cedillo Godínez

Por primera vez en la historia de los municipios de Quintana Roo se logra, en Tulum, dar marcha atrás a un acuerdo de Cabildo que atentaba contra zonas de preservación ecológica, los ríos subterráneos y el desarrollo habitacional sustentable. Se trataba de la aprobación de cambios de usos de suelo en mil 653.45 hectáreas donde se incrementaba la densidad habitacional de 40 mil hasta 121 mil viviendas con todos los problemas que ello implica y gravísimos efectos sociales y ecológicos a futuro.

La revocación se logró por un acuerdo interinstitucional con la participación de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del estado, bajo la intervención directa de la diputada por el Distrito IX, Euterpe Gutiérrez Valasis, miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, que encabeza el diputado José Luis Guillén.

Fue esta legisladora que aún fuera de periodo de sesiones legislativas logró reunir a ocho diputados para que escucharan a los miembros de los colegios de Ingenieros y Arquitectos, así como a líderes sociales del municipio de Tulum, quien se habían manifestado de distintas formas en contra de la aprobación de cambios de usos de suelo en las más de mil 600 hectáreas referidas, durante las sesiones de Cabildo de los días 19, 23 y 24 de diciembre del 2019.

Después de haber escuchado en el Congreso de Quintana Roo a los líderes y expertos inconformes con esa aprobación, los acuerdos aprobados fueron analizados y se encontró que incurrían en la violación de una gran cantidad de normas establecidas, sobre todo, en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Q. Roo, así como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Ordenamiento Ecológico, la Ley del Equilibrio y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo.

De no haber contado con la buena disposición de los miembros del Cabildo de Tulum y del presidente municipal, Víctor Mas Tah, no se hubieran revocado las actas de Cabildo de las sesiones de los días 19, 23 y 24 de diciembre del año pasado y seguramente el municipio de Tulum se encaminaría hacia el caos urbano y sobre todo ecológico por su suelo tan vulnerable por estar sobre la cuenca de ríos subterráneos más importantes de la Península de Yucatán, dice la diputada Euterpe Gutiérrez.

Al cuestionarla si para aprobar los cambios de uso de suelo habrían sufrido presiones los miembros del Cabildo por parte de desarrolladores inmobiliarios y de otro tipo, la diputada aceptó que “seguramente. Hay una lista muy grande se beneficiados con esa aprobación, porque se trataba de triplicar la densidad habitacional. Esto, sin duda, beneficiaría a los desarrolladores de vivienda y a empresarios, incluso a hoteleros.

“Para darnos una idea del tamaño del problema, anota la legisladora Gutiérrez Valasis, no es muy difícil entender que no es posible elevar de cero densidades hasta 250 viviendas por hectárea y en los casos de 10 se elevaba hasta 180. Esto es una barbaridad”, dijo.

Y es que, efectivamente, de acuerdo al diputado Guillén esto originó que se denominará la “Ley Casitas”, como ya hay ejemplos en el municipio de Benito Juárez, donde se dan casos severos de hacinamiento con sus consecuentes efectos sociales. “Es lamentable que en ese municipio se hayan aprobado fraccionamientos, como Villas Otoch, donde ya hasta malamente se le ha dado en llamar por sus pequeñas dimensiones ‘las favelas de Cancún’. Eso por ningún motivo se debe repetir”, sentenció.

Por su parte, Gutiérrez Valasis, explica que actualmente en Tulum el Polígono del Centro de Población tiene una superficie de 13 mil 655.35 hectáreas; la zona de Preservación Ecológica ocupa 4 mil 201.44 hectáreas; mientras que la Zona Sujeta a Programas Parciales es de 2 mil 517.19 hectáreas y se tiene una área de Aplicación del Programa de 6 mil 936.72 hectáreas.

Explica que actualmente se desarrolla en Tulum una superficie de dos mil 500 hectáreas. En tanto, en las hectáreas autorizadas en el Periódico Oficial del 19, 23 y 24 de diciembre del 2019, ahora revocadas, se afectaba una superficie de 819.45 hectáreas con ríos subterráneos; 76.81 hectáreas de Preservación Ecológica; 560.88 sin dominio pleno, es decir sin asignación directa conferida a favor de ejidatarios o posesionarios; 20 hectáreas con Programa de Ordenamiento Ecológico y solo 176.31 hectáreas dentro del Programa de Desarrollo Urbano (PDU), lo que hace un total de mil 643.45 hectáreas.

Con respecto a las categorías de Uso del Suelo fuera del PDU, se había aprobado para la categoría H4 con 80, 85, 120, 140, 190 y hasta 250 viviendas por hectárea y 14 y 15 metros de altura en 4 niveles. En el TH, se modificaban de 20 cuartos por hectárea a 120 viviendas por hectárea. Con superficie mínima de 5,000 a 180 metros cuadrados; el frente del lote de 50 a 10 metros y modifican COS (Coeficiente de Ocupación del Suelo) de 0.25 a 0.60 y el CUS (Coeficiente de Utilización del Suelo)  de 0.75 a 1.70. Algo que técnicamente es una exageración.

Esto, sin considerar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) representaba, sencillamente el caos para Tulum, con graves problemas en la red de drenaje, con altos niveles de contaminación de los ríos subterráneos y un gravísimo problema de hacinamiento y deficiencias en la prestación de servicios públicos, “que ya no se debe permitir… claro que tenemos que crecer, pero con orden y sustentabilidad”, concluyó la diputada Euterpe Gutiérrez.