CHETUMAL, 15 DE FEBRERO.- La sentencia dictada contra la ex titular de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por el desvío de más de mil millones de pesos en perjuicio del estado de Quintana Roo, es el resultado del trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado (ASE), destacaron integrantes de la XV Legislatura.

El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, indicó que prácticamente a dos años de haberse iniciado procedimientos legales en contra de diversos exfuncionarios, la justicia sí da resultados. Sin embargo, dijo que lo más importante es restituir o resarcir los recursos del daño ocasionado.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso, el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, señaló que es un triunfo en donde se le gana a la corrupción y se ratifica el compromiso con la justicia.

“Esta batalla ganada contra la corrupción e impunidad en Quintana Roo, fue una exigencia ciudadana para la XV Legislatura, y derivado de las aportaciones que hizo el Congreso junto a las que sumó la Auditoría Superior del Estado, se logra este fallo histórico contra un exfuncionario del borgismo”, manifestó.

El legislador añadió que como resultado de los trabajos realizados en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Congreso ordenó a la ASE en febrero del 2017, la ampliación de la revisión de las cuentas públicas 2015-2016 de la Administración de Roberto Borge, por lo cual se realizó una serie de auditorías que, una vez concluidas, llevaron en agosto del 2017, a la presentación de 27 denuncias contra 84 exfuncionarios por un posible daño patrimonial de más de 13 mil millones de pesos, situación que hoy se determina con el fallo condenatorio contra uno de los exfuncionarios.

“Finalmente es un logro de los quintanarroenses, porque fueron los ciudadanos los que exigieron cuentas al gobierno y pidieron se acabara con la impunidad; y aunque la exdirectora de CAPA tendrá que devolver más de mil 055 millones de pesos del patrimonio de los quintanarroenses, aún falta mucho por recuperar, y por supuesto que no quitaremos el dedo del renglón para continuar con el proceso de pedir informes a las instancias correspondientes sobre el avance de las denuncias que aún están pendientes”, declaró Ramos Hernández.

El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, recordó que aún hay varias decenas de procesos abiertos que implican a diversos funcionarios de la administración pasada, cuyas investigaciones están pendientes y se espera que haya buenos resultados para recuperar lo que le han quitado a Quintana Roo.

El presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado agregó que fue la anterior legislatura la que autorizó a CAPA concesionar la prestación del servicio de agua potable en Benito Juárez a la empresa Aguakán, en la cual se estableció que, por la contraprestación, CAPA recibiría un recurso económico destinado a la realización de obra pública e infraestructura del servicio de agua potable.

Sin embargo, en lugar de emplearlo como mandataba el decreto, la exdirectora Paula G. incurrió en el desvío del dinero por la cantidad de mil 55 millones 999 mil 962 pesos, siendo éste el daño patrimonial que logra acreditar la denuncia presentada por la ASE ante la Fiscalía.