Por Carlos Águila Arreola

CANCÚN, 110 DE FEBRERO. –  El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, dio a conocer que ocho empresas construirán el Tren Maya, que al final se dividió en siete tramos (tres en el golfo, dos en la selva y dos en el Caribe, cada uno medirá entre 130 y 264 kilómetros), donde las principales cadenas hoteleras españolas analizan construir en las ciudades donde pare el ferrocarril.

Hace días, el Eduardo de Jesús Ortiz Jasso, titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo (Agepro), comentó que el proyecto inicial de las tres regiones para los trazos del Tren Maya se modificó para quedar finalmente en siete.

Señaló que con las modificaciones se buscará que se incrementen los porcentajes de inversión privada; para la entidad, de acuerdo con lo anunciado previamente, son 50 mil millones de pesos lo que se requiere para el tramo ferroviario de la entidad.

Recordó que en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur) de España, las principales cadenas hoteleras españolas con presencia en las playas del Caribe como Riu, Iberostar, Barceló y Meliá, analizan construir en las ciudades donde pare el tren: Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Xpujil, Calakmul, Escárcega, Palenque, Mérida, Chichén Itzá y Valladolid.

Será un ferrocarril de alta velocidad con salida en el aeropuerto de Cancún, con todas las comodidades para los turistas, incluyendo camarotes privados y un restaurante con comida regional, “pero también vagones para que los trabajadores del sector viajen de forma más cómoda y rápida a sus puestos de trabajo”.

El pasado 20 de diciembre fue publicado el proyecto de convocatoria de licitación, que prevé que entre enero y febrero se subastarán los primeros dos tramos: Palenque-Escárcega y Escárcega-Uxmal en Compranet, el sistema electrónico de la Secretaría de la Función Pública para simplificar y transparentar la contratación de servicios de la administración federal.

Con un presupuesto inicial estimado de 150 mil a 160 mil millones de pesos (entre seis mil 500 y ocho mil de euros), las licitaciones serán convocadas por el Fonatur en las siguientes semanas, contando con el interés de compañías españolas, chinas, canadienses y estadunidenses.

Sin perjuicio

El desarrollo y puesta en marcha, según Ortiz Jasso, no provocará ningún perjuicio ambiental, ni de flora ni de fauna, pues “de los más de mil 500 kilómetros contemplados, hay tramos con derecho de vía tanto del trazado ferroviario antiguo, de carretera, y por donde se ubican las torres de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

“Hay derecho de vía desde Palenque a Escárcega, en Campeche, Yucatán, Chichen Itzá y Valladolid, donde no hay árboles, y de Cancún hasta Bacalar no se depredará nada”, sostuvo.

De hecho, una de las licitaciones será para el trazo y diseño del tramo que va de Escárcega a Cancún, donde no hay vía férrea ni derecho de vía.

Recordó que ya hay 600 o 700 kilómetros de vía férrea que funcionó en el pasado; empero, en las licitaciones se prevé que los durmientes sean modernizados para utilizar la nueva tecnología y las especificaciones que requiere un tren más rápido, que circulará a 140 o 150 kilómetros por hora.

Modelos

En defensa del Tren Maya, Ortiz Jasso detalló que en otros países se explotan modelos de tren regional, como en España con el Transcantábrico, o en Rusia con el Transiberiano, que recorre las ciudades del reinado de los zares, “que son muy exitosos y atraen a turismo de alto poder adquisitivo, modelo que beneficia a las regiones”.

Sin embargo, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, acusó que la apuesta del tren, como principal proyecto turístico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aún carente de permisos ambientales, “es equivocada, de alto riesgo, casi suicida”.

De visita en Cancún, la semana pasada, añadió que “los programas para el sector turístico están abandonando el desarrollo de la industria y se están concentrando en proyectos –como el Tren Maya– sin más criterio que la decisión presidencial, y que carecen de estudios de viabilidad económica, ambiental, e incluso del respaldo de las comunidades indígenas”.

Inmuebles

Rogelio Jiménez, en contrasentido, sostuvo que el proyecto es una decisión tomada que no podrán rechazar las comunidades indígenas porque “es una obra de desarrollo cuyo beneficio social compensará el impacto ambiental; no podemos ser a ultranza conservacionistas cuando tenemos tanta miseria”.

Aceptó que la megaobra tiene retos enormes en cuanto a biodiversidad, pueblos originarios, riqueza ancestral, arqueológica y antropológica, y defendió y anunció que “ya se está preparando una consulta junto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que los indígenas se incorporen y no nada más vean pasar el convoy”.

El megaproyecto elevará la plusvalía en la región hasta 11.73 por ciento para departamentos, y 12.75 cuando se trate de casas; y el mayor incremento se espera en Quintana Roo, donde el sobreprecio podría alcanzar 21 por ciento en el primero caso, y 20 para los apartamentos, de acuerdo con el portal Real Estate Propiedades.com.

Los sobreprecios beneficiarían a los propietarios de inmuebles de los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

El mayor aumento se espera en Quintana Roo, donde la plusvalía podría alcanzar 19.95 por ciento para las casas y 20.98 para los departamentos, seguido de Yucatán (con plusvalías de 12.73 y 17.25), Chiapas (10.4 y 2.8), Campeche (9.1 y 3.1) y Tabasco (9.0 y 6.9 por ciento). En el último año, el balance promedio en la región fue de 25.08 por ciento para apartamentos y 5.67 para las casas.