CANCÚN, 9 DE FEBRERO. – En respuesta a una declaración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, quien ayer durante una audiencia se declaró inocente y afirmó ser un preso político, el diputado local Emiliano Ramos Hernández señaló que no es lo mismo un preso político que un político preso señalado por actos de corrupción.

Luego de calificar como equivocadas las declaraciones del ex gobernador, indicó que un preso político es aquella persona que está detenida por manifestar sus ideas y desafiar a los gobernantes en busca de mayores libertades, situación que está demasiado alejada del proceso del ex gobernador de Quintana Roo.

“El caso de Roberto ‘N’ es un político preso, acusado de desvío de recursos, con denuncias por más de 13 mil millones de pesos. Suponiendo que pudiese haber arbitrariedades en su proceso penal, eso no lo convierte en un preso político”, declaró.

Asimismo, recordó que el ex mandatario utilizó el poder para reprimir adversarios por sus ideas y dijo que durante su sexenio usó a los medios de comunicación y a las instituciones del gobierno estatal para agredir y atacar a políticos que pensaban distinto a él.

Ayer, durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, en la que Borge Angulo compareció por videoconferencia desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, hizo uso de la palabra por primera vez desde que fue aprehendido en junio de 2017 para declararse preso político de Enrique Peña Nieto y pedir ser acogido en el proceso de amnistía que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Borge, acusado de lavado de dinero por 900 millones 99 mil 418 pesos del patrimonio de Quintana Roo, dijo que la pasada administración federal, en particular el ex procurador Raúl Cervantes,  emprendió una persecución política en su contra y pidió al Fiscal General de la República,  Alejandro Gertz Manero, la revisión de su caso.

“Por primera vez haré uso de la palabra. Primero que nada, recordándole a la audiencia que el 1 de diciembre del año pasado hubo un cambio de gobierno. En cuanto a mi situación durante el tiempo en que se investigó por parte de la anterior administración de la PGR, hoy quiero manifestar que me declaro inocente, preso político de la administración anterior y hago responsable a la PGR, cuando fue dirigida por Raúl Cervantes, porque hubo motivos políticos”, dijo.

Sharon Hernández Colín, abogada de Roberto Borge, quien compareció vestido con uniforme azul claro, tuvo que interrumpir al ex gobernador y desaprobó que estuviera agotando el tiempo para su defensa.

Los abogados del ex gobernador argumentaron que, por situaciones ajenas a la defensa, les fue imposible reunir todas las evidencias contra la imputación y por eso se veían en la necesidad de solicitar una prórroga de la investigación complementaria.

El Juez de control Artemio Zúñiga Mendoza concedió a Roberto Borge dos meses más de plazo para presentar pruebas de descargo contra la imputación de un presunto lavado de dinero. El juzgador acordó que la fecha de cierre de la investigación bajo control judicial será el próximo 8 de abril.

Además, rechazó enviar al Centro de Justicia Penal Federal de Cancún el proceso contra Borge, por considerar que ya era un tema juzgado, pues cuando se asumió la competencia del caso en Nezahualcóyotl, se argumentaron motivos de seguridad y ante esos no procede la incompetencia.

Esta última decisión fue tomada a raíz de que un tribunal ordenó que se tramitara en Cancún el proceso por lavado contra un coacusado de Borge, César Celso González Hermosillo y Melgarejo.