CHETUMAL, 29 DE DICIEMBRE. – La XV Legislatura aprobó el paquete fiscal para 2019, por un total de 34 mil 579 millones 389 mil pesos.
La CDHQROO dispondrá de un presupuesto de 67 millones 601 mil 12 pesos, 27.31% más que en 2018; el Instituto Electoral de Quintana Roo recibirá 290 millones 755 mil 173 pesos, 11.83% más que este año; el Tribunal Electoral de Quintana Roo obtendrá el mismo presupuesto de 2018 cuyo monto es de 36 millones, 728 mil 601 pesos y el IDAIPQROO tendrá un presupuesto de 45 millones 47 mil 561 pesos, equivalente a un aumento de 3.44%.
En materia de seguridad la Fiscalía General del Estado contará con 737 millones 975 mil 249 pesos; el Tribunal de Justicia Administrativa obtendrá 35 millones de pesos, equivalentes al 133% más que este año y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado obtendrá 10 millones de pesos, lo que corresponde a un aumento de 66.67% de aumento contra 2018.

La Secretaría de Seguridad Pública tendrá dos mil 208 millones de pesos, contra mil 204 millones de pesos de 2018, lo que representa un aumento de 75%.

El Poder Judicial del estado: 685 millones 35 mil 576 pesos; la Auditoría Superior del Estado contará con 184 millones 304 mil 608 pesos, equivalentes a 14.55% más y el Poder Legislativo de Quintana Roo tendrá 468 millones, 858 mil 458 pesos, es decir, sin registrar aumento.

Para la creación del Instituto de Inclusión también aprobado en esta sesión, se destinarán cinco millones de pesos para el arranque de su operación.

NUEVA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO

En esta sesión se aprobó la creación de una nueva Ley Orgánica para el Poder Legislativo con la cual reforman su funcionamiento en términos políticos y administrativos, con una visión incluyente en donde todas las fuerzas políticas tendrán participación de acuerdo a la representación que obtengan en las urnas.

Comprende la desaparición de la Gran Comisión, la creación de la Junta de Coordinación Política y las nuevas atribuciones de la Mesa Directiva, así como la desaparición de la Oficialía Mayor para crear una Secretaría General. Estas modificaciones no implican contratación de nuevo personal ni se pone en riesgo a los trabajadores con los que actualmente cuenta el Congreso.

RECURSOS PARA TELETON

Los legisladores también aprobaron una propuesta del Ejecutivo estatal para que se le autorice afectar anualmente en el Presupuesto de Egresos del Gobierno, una partida presupuestal para cubrir los pagos, gastos e inversiones necesarios para la operación, administración y funcionamiento del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Quintana Roo equivalentes a 47 millones 490 mil pesos.

Durante este periodo extraordinario también se reformó la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo con el fin de crear el Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el fin de establecer la política pública, garantizar los derechos actualmente existentes, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público, social y privado, en las acciones, para las personas con discapacidad.

REFORMAS PARA VENTA DE ALCOHOL Y A LEY DE MOVILIDAD

De igual manera se avalaron también reformas a la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado, con el objetivo de que se regulen los horarios de las ventas de estas, ya sean en envase abierto o cerrado, procurando dar certeza a negocios dedicados a la venta de este producto.

El fin es reducir el uso nocivo del alcohol mediante el establecimiento de medidas legislativas eficaces como lo es la regulación de horarios en los que se podrán vender bebidas alcohólicas, anteponiendo un clasificador que contemple su lugar de consumo, horarios fijos en los que se podrán realizar actividades de distribución, expendio o consumo acordes con el giro comercial que tengan.

Finalmente, y previo al informe del presidente de la Mesa Directiva correspondiente a este periodo extraordinario, también se aprobaron reformas a la Ley de Movilidad del Estado con el objetivo de que las licencias de conducir de particulares y cuando se expidan para servicio público de pasajeros de autobuses urbanos, puedan ser tramitadas por los municipios, debido a que es parte de los ingresos que recaudan y, sin ellos, se impactaría sus finanzas.