La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, explicó que a mayoría de casos son por multas o sanciones o cobros indebidos en donde los afectados afirman que los funcionarios actuaron de manera ilegal.
Sin embargo de los 400 casos que se atienden únicamente 20 cuentan con resolutivo de sentencia y de los cuales la mitad ha sido a favor de los demandantes quienes a pesar de darle seguimiento a su denuncia con los procesos burocráticos, se ha decepcionado por el resolutivo, ya que a pesar de se comprobó la mala actuación de los servidores públicos, estos no reciben ningún tipo de sanción.
“Lo que se analiza es la legalidad del acto y en base a la legalidad de ella puede anularse si fuese el supuesto, si se anula la autoridad tendrá que cumplir conforme la sala haya determinado. Cuando la sentencia es favorable se devuelve el monto indebidamente cobrado, se anula eses acto y la autoridad tendrá que devolver lo indebidamente cobrado per no existen sanciones al menos que se nieguen a pagar”.
Precisó que en estos 20 casos resueltos únicamente el 50 por ciento fue favorable para el denunciante y el resto no procedió por falta de pruebas o por falta de seguimiento, ya que los procesos tardan meses en concluirse por ser sumamente burocrático.
El tiempo de las sentencias depende mucho de los procedimientos y de la manera en que las persona justíciales que acuden al tribunal lleven a cabo su propio procedimiento en cuanto a las pruebas que ellos ofrecen o los tiempos en los que ellos le estén dando el impulso procesal.
“Hemos notado que alrededor de un 50% de asuntos según los informes que han emitido las salas han sido favorables la sentencia, en otros casos ha sido de alguna forma extemporánea la presentación, ha habido una causa de sobre seguimiento y nuestro código es muy estricto en este sentido. Nosotros tenemos una gran diversidad en lo que refiere al código de justicia administrativa en cuanto a lo que debemos conocer tenemos asuntos donde impugnan recaudación fiscal es decir impuestos, cobros indebidos, clausuras y entre otros”.
Los 400 funcionarios señalados por presunta mala actuación o errores en sus funciones, ya han sido llamados a comparecer en las audiencias que se llevan a cabo para el deslinde correspondiente.
La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, también informó que existen pocos casos de sanciones en contra de funcionarios públicos de carácter menor por no haber rendido su declaración patrimonial o asuntos similares que han interpuesto su denuncia pero todavía no se concluyen los procesos.
Finalmente añadió que para para el próximo ejercicio fiscal 2019 buscan una ampliación presupuestal, ya que los 51 millones con los que iniciaron en 2018 no son suficientes para atender los casos que llegan al tribunal.
