CIUDAD DE MÉXICO, 3 DE DICIEMBRE.- El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación de una Comisión para la verdad y que comenzará a operar a más tardar en 30 días y cuyo objetivo es resolver el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Con este acuerdo iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión, para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito”, dijo el mandatario.

Ante los padres de los estudiantes desaparecidos, López Obrador se comprometió a que “no habrá impunidad ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”.

El decreto, firmado este lunes por el presidente, ordena a las secretarías de estado a trabajar en conjunto en dicha Comisión “que contribuya al fortalecimiento del derecho de los familiares de las víctimas a la búsqueda de la verdad”.

La Comisión, explica el documento, se integrará por los familiares de los estudiantes desaparecidos o sus representantes, sus abogados, un representante de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, así como expertos profesionales y técnicos que se requieran.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación señaló que la Comisión retomará las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la investigación “trunca” de la PGR, para retomar las líneas de investigación que se dejaron truncas o fueron subestimadas.

“Esclarecer el caso iguala es el inicio de una política de Estado que coloca en el centro a las víctimas”, aseguró Encinas.

Los miembros de la Comisión y al Ministerio Público federal tendrán libre acceso a instalaciones donde se presuma hubieran estado los desaparecidos o vestigios de ellos.

María Martínez, madre de uno de los desaparecidos, pidió al nuevo gobierno justicia, y que el gobierno deje de ser indiferente hacia el caso.

“(Pedimos) que nos saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto, con él no vimos avance”, dijo. “Ayúdenos señor, no queremos que esto quede impune, que no quede como otros casos”

“Señor sea humano, si usted llega a entregarnos a nuestros hijos, va a ser grande”.

Mientras el presidente firmaba el decreto, padres de los normalistas gritaron “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, para después contar hasta 43.

“La firma del documento no quiere decir que ya todo está resuelto”

Tras la firma del documento, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa señalaron que el decreto les da esperanza, aunque “la confianza se va a ir ganando conforme se avance en la búsqueda de la verdad”.

Carmelita Cruz, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, dijo que la firma del documento “no quiere decir que ya todo está resuelto, vamos a seguir empujando. Agradecemos al GIEI, a la CIDH, a su Mecanismo de Seguimiento y a la ONU”.

Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas, celebró que se inaugure una “nueva etapa en la lucha y la búsqueda de los 43 compañeros, pero este es solo el inicio, se retomarán todas las líneas de investigación que el gobierno de Peña Nieto no quiso impulsar y que mantuvo estancadas”.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro, explicó que el decreto instruye a toda la administración federal a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, “siendo que en el pasado, el gobierno federal obstruía el proceso”, y que esta comisión presidencial será encabezada Alejandro Encinas, quien se encargará de coordinar los trabajos de búsqueda de la verdad, en coordinación con el Ministerio Público.

También establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe retomar la asistencia internacional, con la posibilidad abierta de que vuelva a participar el GIEI y la ONU, e instruye a la Secretaría de Hacienda para que aporte los recursos necesarios para que la comisión pueda llevar a cabo su labor.

Afuera de Palacio Nacional, algunos padres de personas desaparecidas protestaron porque no les fue permitido el ingreso al evento en el que el presidente firmó el decreto para la Comisión para la verdad, y exigieron que se apliquen mecanismos inmediatos de búsqueda e investigación en todos los casos de desaparición, no solo en el de Ayotzinapa.