“EN LA OPINION DE”
Dr. Hugo Alday Nieto

Durante los últimos años, el congreso del Estado de Quintana Roo ha sido el escenario de una gran cantidad de acciones de inconstitucionalidad promovidas en su mayoría por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resultando en la invalidez de distintas normas y artículos emanados del poder legislativo local.
De acuerdo con la teoría del Estado, así como con la jerarquía jurídica de las normas establecida en el sistema neorrománico por Hans Kelsen, las normas inferiores, como son las normas emanadas de los poderes legislativos estatales no pueden contravenir o incluso ir más allá de lo que disponen las normas federales, en particular, la Constitución General de la República.
En este sentido, y partiendo de qué los legisladores llegan a sus cargos a través de la decisión popular no tienen la obligación de ser peritos en derecho, dado que uno de los principios democráticos es que cualquier persona puede llegar a hacer un representante popular. Por ello, es que existen áreas como los institutos de investigación parlamentaria y las direcciones tecnico jurídicas de los congresos que sirven para dar forma a las acciones legislativas impulsadas por los diputados, a efecto de que cumplan con la legalidad y consecuentemente, con la constitucionalidad de todas y cada una de las propuestas para no contravenir a lo dispuesto por la Constitución General de la República.
Adicionalmente, para Ferrajoli el principio de legalidad es aquel en el que las personas que tienen bajo su encargo una función pública con atribuciones establecidas en la ley, tienen la obligación de acatarlas, ya que de no hacerlo contravienen con sus obligaciones y rompen con la estructura y funcionamiento del ente público, en este caso, de los procesos legislativos y por ende, de los congresos afectando a la generalidad.
En Quintana Roo de acuerdo a la Ley Orgánica de ese Poder, existe la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo y el Instituto de Investigaciones, que son oficinas encargadas de evitar que se den acciones de inconstitucionalidad que puedan poner en riesgo futuro al marco jurídico local, emitiendo para tal efecto los dictámenes de todas y cada una de las propuestas que se estudian en el congreso.
Distintos autores como Luigi Ferrajoli, Juan Antonio Garcia Amado, Manuel Atienza, Helen Xantaqui, entre muchos otros, han insistido en la importancia de la existencia de oficinas, como las que existen, ya en la Ley Orgánica del Poder Legislativo en Quintana Roo, a efecto de darle contenido Juridico a las acciones legislativas, evitando las antinomias y lagunas, que sirven de base para la inconstitucionalidad de leyes en el estado de Quintana Roo.
Algunos de los autores antes mencionados han señalado la importancia de involucrar no solamente a los órganos jurídicos y técnicos creados para tal efecto en los parlamentos, sino de involucrar especialistas en las materias para evitar este tipo de leyes que generan antinomias una y otra vez por sustentarse más en temas políticos que jurídicos. “Los autores que han investigado acerca de este vacío teórico, han identificado entre los principales causas, una barrera entre lo jurídico y legislativo, que obstruye el análisis y reflexión sobre la creación del derecho positivo en sede parlamentaria, desde la doctrina jurídica. Esta falta de involucramiento teórico de lo jurídico en el ámbito parlamentario, revierte un descuido desde los estudios jurídicos de la investigación y la enseñanza sobre práctica de la legislación, y a su vez profundiza más la laguna en los marcos teóricos encargados de sostener el progreso de la cultura Jurídica parlamentaria así, el resultado es la falta de preparación teórica, práctica que debe ser impartida por las universidades en las carreras afines al derecho” (Helen Xantaqui, La legislación, en serio. Daniel, Oliver-la lana, Tiránt lo Blanch , 2019)
Sin embargo, pareciera que estos organismos tecnico jurídicos o de investigación especializados en evitar que se vulnere el marco jurídico, o bien, que se rompa el estado de derecho, no están funcionando para lo que fueron creados. Hace unos días y escuchando una entrevista del doctor Santiago Nieto Castillo, manifestaba que la única forma en la que se puede lograr efectividad de los entes públicos, es que sean utilizados para lo que fueron creados y se conformen de las personas más capaces para ello, cosa que dada la cantidad de acciones de inconstitucionalidad recibidas parece no ajustarse al caso concreto.
Hoy en día, tenemos en puerta ya la Acción de Inconstitucionalidad 72/2026, presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 25 de junio de 2026 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma electoral del Estado de Quintana Roo.
Así como la Acción de Inconstitucionalidad 78/2026 promovida posteriormente por el partido Movimiento Ciudadano (MC), quienes también buscan frenar el bloqueo de los candidatos a presidentes municipales en los cabildos. Ambos partidos argumentan que estas reglas limitan la representación democrática y el pluralismo político en el estado, argumento que fue expuesto por el Partido del Trabajo en comisiones mediante voto particular en su momento.
En conclusión, pareciera que, a la luz pública, las personas legisladoras son directamente responsables de los efectos de las acciones de inconstitucionalidad que se han llevado a cabo desde hace casi una década en el estado de Quintana Roo. Sin embargo, en la arquitectura estructural para la toma de decisiones del congreso estatal, se requiere forzosamente la intervención de órganos técnicos que deben intervenir a darle forma y sustento Juridico – de acuerdo con el principio de legalidad de Ferrajoli- a todas las propuestas que emanan de los diputados que, repito, no tienen la obligación de ser peritos en derecho, a diferencia de aquellos órganos que han sido constitucionalmente creados para tal efecto.
Parafraseando al maestro Joaquín Sabina, de seguir así, las leyes seguirán siendo inconstitucionales, como las cosas que no tienen mucho sentido.

“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

Dada su importancia informativa y porque la gente debe de conocer la realidad de los que sucede en Quintana Roo, con el permiso del lector, hoy voy a reproducir un texto que me hizo llegar el regidor tulumense Eugenio Barbachano Losa, donde desmiente los dichos del Secretario de Turismo Estatal, Bernardo Cueto Riesta.
Sin más preámbulo, les dejo el texto que dirige el Regidor “a Tulum, a Quintana Roo, a México:
Basta de eufemismos. Basta de boletines. Basta de mentirle a la gente en la cara.
Bernardo Cueto, Secretario de Turismo, dice que ‘no hay crisis’. Miente. Y mientras él miente, Tulum se hunde y el estado entero paga la factura.

1. El colapso del Parque Jaguar: Nos vendieron el Parque Jaguar como el ‘nuevo símbolo de Tulum’. ¿El resultado en 2026? Colapso operativo y financiero. Accesos cerrados a horas pico por falta de personal. Baños sin agua. Senderos abandonados. Una tarifa que corre al turismo nacional y no justifica ni la experiencia ni el servicio. El parque no atrae: expulsa. Se convirtió en un elefante blanco que le quita playa al pueblo y le suma costos al erario. Ese es el monumento a la mala planeación que ustedes nos heredaron.2. El desplome aéreo que esconden. Vayan a los datos de 2026 y dejen de maquillarlos:
   Aeropuerto Internacional de Cancún: caída de doble dígito en llegadas internacionales vs 2023-2024. Rutas europeas y canadienses recortadas porque los aviones llegan a 60% de ocupación y no es rentable. Aeropuerto de Tulum: lo inauguraron con bombo y platillo. Hoy en 2026 opera a menos del 40% de su capacidad proyectada. Aerolíneas que ya cancelaron frecuencias porque no hay demanda. Slots vacíos. Esa es la realidad, no el ‘hub del futuro’ que prometieron. Cuando los aviones no aterrizan, los hoteles no se llenan. Cuando los hoteles no se llenan, Tulum se muere. Punto.
2. El sargazo sí mata reservaciones. Y lo saben. Ya basta de decir que ‘el turista no se fija’. Falso.
   Los estudios de 2025 y 2026 de las propias OTAs (Online Travel Agencies), de asociaciones hoteleras y de universidades lo confirman: el sargazo es la primera causa de cancelación en verano para el Caribe Mexicano. Las fotos satelitales con manchas kilométricas se viralizan 48 horas antes de que el turista decida. El resultado: decenas de miles de cancelaciones solo en el primer semestre de 2026. Noches que no se recuperan. Empleos que no regresan. Propinas que nunca llegaron a la mesa de un mesero de Tulum.
   Y mientras eso pasa, ¿qué hace la Secretaría de Turismo? Negar. Minimizar. Echarle la culpa al ‘contexto global’.
   Señor Cueto: Negar la crisis no es política pública. Es complicidad. Porque cada día que usted dice ‘todo bien’, es un día sin plan de contención, sin estrategia de seguridad real, sin control de sobreprecios y abusos, sin solución de drenaje colapsado, sin rescate del Parque Jaguar, sin presión para recuperar vuelos.
   Tulum no está en ‘ajuste de mercado’. Tulum está en emergencia económica.
   Hay hoteles boutique vendiendo a pérdida. Hay restaurantes con tres mesas al día en temporada alta. Hay guías, masajistas, lancheros, artesanos, que hoy no saben si mañana comen. Nuestra ocupación muchas veces no rebasa ni 20% y nuestras tarifas a sus precios más bajos que nunca, en muchos casos incluso, abajo de costo mínimo con tal de obtener algunos ingresos.
   Y eso, Secretario, no se arregla con un video en Instagram. Se arregla con verdad, con carácter y con trabajo. Tres cosas que hoy no vemos en su oficina.
   Mientras tanto, mercados como República Dominicana, Costa Rica y varios otros destinos tanto del Caribe como del Pacifico y Europa, nos comen el mandado y, esos si rompiendo sus propios récords históricos año tras año con esfuerzo y sin excusa alguna.
   Por eso hoy, desde Tulum, le exigimos:
3. Reconozca la crisis. Sin verdad no hay ruta de salida.
4. Auditoría inmediata al Parque Jaguar: costos, ingresos reales, plan de rescate o cierre técnico. Que no sea un barril sin fondo.
5. Mesa de emergencia aérea: Gobierno, Asur, aerolíneas y hoteleros. Recuperar rutas internacionales ya, con incentivos reales y no con discursos.
6. Guerra frontal al sargazo: inversión, tecnología y recolección en altamar. No más ‘brigadas para la foto’.
7. Seguridad y orden: Si el turista se siente extorsionado, no regresa. Y hoy se siente extorsionado.
   A los tulumenses: Nos quisieron divididos. Nos quisieron callados. Fallaron.
   Vamos a documentar cada local cerrado, cada vuelo cancelado, cada turista que jura no volver. Y se lo vamos a restregar en la cara a quien prefirió la mentira antes que la responsabilidad. Tulum no pide caridad. Exige la verdad y exige acciones.
   Y si el Secretario no puede con el paquete, que renuncie. Porque Quintana Roo no puede darse el lujo de tener un Secretario de Turismo foráneo que le mienta tanto al sector como a la ciudadanía”. Ahí se las dejo.
   SASCAB
   Por cierto, hablando de injusticias, las autoridades correspondientes, especialmente las del Trabajo y Previsión Social, tendrán que revisar las condiciones en las que laboran los y las promotoras de productos en los supermercados, dado que cuando existe un accidente, nadie quiere hacerse responsable.
   Lo acontecido en el supermercado “Soriana” de la avenida Tulum, cuando Mari, promotora de la empresa Bepensa que sufrió un accidente brutal días atrás, perdió una pierna; debe ser suficiente motivo para que el caso sea atraído hasta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al tiempo…