El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por mayoría calificada de 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, para extinguir siete órganos autónomos.

Se derogan las disposiciones relativas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, declaró un receso y citó para mañana jueves 21 de noviembre, a la 9:00 horas, a fin de continuar la discusión del dictamen en lo particular.

Aspectos del dictamen

Entre otras cuestiones, se establece que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Indica que información que se refiere a la vida privada y los datos personales estará protegida por los sujetos obligados que contarán con facultades suficientes para su atención. Determina que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

Señala que las leyes deberán establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.

Menciona que el organismo encargado de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica también estará a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones y establecer las formas de coordinación del organismo con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

Resalta que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos.

Subraya que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, contará con las facultades necesarias para cumplir con dicho objeto.

Se derogan las disposiciones relativas al Instituto Federal de Telecomunicaciones y transfiere sus facultades a la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.

Determina que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos; también conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos.

Hace mención que los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.

En los artículos transitorios, menciona que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a éste.

Además, respecto a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 134 constitucional del decreto, las adecuaciones legislativas que se realicen deberán considerar la eliminación de los organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones, así como la integración de los órganos desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas en las dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir su competencia.

El Ejecutivo Federal deberá emitir los decretos de extinción correspondientes a efecto de dar cumplimiento al artículo 134 párrafo tercero, del decreto.

De igual modo, las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar en términos de la legislación aplicable.

Las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo máximo de noventa días naturales contados a partir de la expedición de la legislación a la que alude el Artículo Segundo Transitorio para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, conforme a este decreto.

Una vez que entre en vigor la legislación a la que hace referencia el Artículo Segundo transitorio, se entenderán extintos los entes públicos a los que hace referencia el decreto.

Los actos jurídicos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los Organismos garantes de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, con anterioridad a que entre en vigor la legislación secundaria, surtirán todos sus efectos legales.

Los recursos materiales, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de los entes públicos que se extinguen pasarán a formar parte de las dependencias del Ejecutivo Federal o al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según corresponda, en los términos del decreto y de la legislación secundaria que al efecto se emita.

Argumenta que los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de los Organismos garantes de las entidades federativas, que a la entrada en vigor del presente Decreto continúen en su encargo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación a que aluden los artículos Segundo y Cuarto transitorios, respectivamente, salvo aquellos cuya vigencia de su nombramiento concluya previamente.

Subraya que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable. Los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen a consecuencia del presente decreto pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXV Legislatura, el cual modifica los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución Política, deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, así como de diversas iniciativas conexas de diputadas y diputados.

Plantea extinción de organismos constitucionalmente autónomos

Al dar cuenta de la síntesis del dictamen, la diputada Kenia López Rabadán (PAN), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, expresó que la propuesta busca reestructurar la Administración Pública en México, promoviendo un modelo que priorice eficiencia, austeridad y buena administración, mediante la medicación de varios artículos de la Constitución.

Se plantea, dijo, extinción de algunos organismos constitucionalmente autónomos y la redistribución de sus funciones entre las dependencias del Ejecutivo Federal, lo que incluye a instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros.

La idea subyacente, argumentó, es centralizar estas funciones. Las funciones de mejora continua de la educación, previamente a cargo de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación serán transferidas a la Secretaría de Educación Pública.

Respecto a la transparencia y protección de datos, relató, la responsabilidad pasará a la Secretaría de la Función Pública y otros órganos internos. La medición de la pobreza y la evaluación de políticas públicas, sociales y laborales que pertenecían al Coneval se integrarán al Inegi.

López Rabadán comentó que los transitorios de la reforma establecen plazos para la implementación de estos cambios; por ejemplo, el Congreso deberá ajustar las leyes en un plazo de 90 días naturales y las legislaturas estatales tendrán 90 días adicionales para la armonización.

Además, dijo, los ahorros de la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar y los recursos humanos y materiales de las entidades que se extingan serán transferidos a las instituciones responsables, y se respetarán los derechos laborales de los servidores públicos afectados.

Desechan moción suspensiva

En votación económica, se desechó moción suspensiva de la diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC) para interrumpir la discusión del dictamen, pues los órganos constitucionales autónomos fungen como reguladores, son garantes de los derechos humanos y pilares de la democracia, y porque en el proceso legislativo no se incluyó la opinión de las y los integrantes de la LXVI Legislatura, ni se escuchó a la academia ni a la sociedad.

CDMX.-Desde la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20) en Río de Janeiro, Brasil, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso sembrar paz y vida, en lugar de guerras, al destinar el 1 por ciento del gasto militar para poner en marcha el programa de reforestación más grande de la historia. 

“La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos 24 mil millones de dólares al año (12 veces lo que ya destina México) para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como cuatro veces la superficie de Dinamarca, toda la de Guatemala, Belice y el Salvador juntos, o 30% la de Suecia.

“Con ello ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida”, destacó en su participación en la Primera Sesión de Trabajo: “Lucha contra el Hambre y la Pobreza”. 

Como ejemplo de que con la reforestación y el apoyo a sembradores se logran cambios importantes, expuso que en nuestro país actualmente se implementa el programa Sembrando Vida, uno de los más ambiciosos del Gobierno de México, el cual consiste en dar un jornal a las familias pobres del campo, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. 

Precisó que este apoyo, –al que se le destinan cada año 1,700 millones de dólares (mdd)–, beneficia a 439 mil familias mexicanas y a 40 mil en Guatemala, Honduras y El Salvador, permitiendo con ello la reforestación en los últimos seis años de más de un millón de hectáreas con la siembra de mil 100 millones de árboles, lo que equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂). 

La jefa del Ejecutivo Federal resaltó que a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio, asiste al G20 a hacer un llamado a las grandes naciones a construir  la paz, la fraternidad y la igualdad.

“¿Qué está pasando en nuestro mundo que en tan solo dos años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial? ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? 

“Resulta absurdo, sinsentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída, por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Me niego a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás”, dijo. 

Durante su intervención, recordó que desde el 2018, México construye un nuevo rumbo gracias al pensamiento del Humanismo Mexicano, al modelo de la Economía Moral y al principio máximo de Prosperidad Compartida que se enmarca en el “por el bien de todos, primero los pobres”, con el cual se deja en el pasado el dogma neoliberal basado en que el mercado lo resuelve todo.

Expuso que, de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es de los menos endeudados, con menor tasa de desempleo y en donde el salario mínimo aumentó a más del doble en seis años; se fortalece la educación y la salud pública como derechos y el 80 por ciento de las familias recibe un apoyo de manera directa. Además de que se registra el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. 

“Se construyen trenes, carreteras, puertos y aeropuertos, la pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir, se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz”, resaltó. 

Ante las y los representantes de los países miembros del G20, reiteró que al convertirse, hace seis semanas, en la primera mujer Presidenta de México, las mujeres mexicanas también llegaron al máximo puesto de la nación.

“Tuve el gran honor de convertirme en la primera mujer Presidenta de mi país y no llegué sola, llegamos las campesinas, las migrantes, las obreras, las profesionistas, nuestras abuelas, nuestras hijas y nuestras nietas, llegamos todas las mujeres mexicanas”, destacó. 

Puntualizó que pertenece a una generación que luchó contra la represión, el autoritarismo, por la justicia social y la democracia, y que proviene de un grandioso pueblo que decidió fundar por la vía pacífica, una nueva historia.