Opinión

No Pasa Nada

Publicado

hace 4 semanas

10 septiembre, 2024

Por

Redaccion

Por Hugo Alday Nieto

Hace semanas que venimos arrastrando en México al fantasma de la posible crisis de final de sexenio después de los diversos desencuentros que han tejido desde el Congreso de la Unión con universitarios, abogados postulantes, trabajadores del Poder Judicial y miembros de cámaras empresariales, en particular de aquellos relacionados comercialmente con Estados Unidos.

Hasta hace unas semanas mientras el Estado Mexicano conmemoraba los récords en inversión extranjera, Estados Unidos seguía manteniendo su lugar hegemónico como receptor de más del 80% de las exportaciones de los empresarios mexicanos.

Hasta que se definió por parte del Ejecutivo la línea de poner en suspenso las relaciones comerciales entre México y sus socios del TMec, después de que el embajador norteamericano hiciera algunas consideraciones en torno a los posibles efectos de la reforma Judicial.

Sin embargo, hace unas horas que medios informativos de nuestro principal socio comercial han publicado que se encuentran en reserva poco más de treinta mil millones de dólares de inversión en México por los posibles riesgos de la mencionada reforma.

Cabe señalar que gran parte de las empresas que realizan inversiones en México, vienen aparejadas de derechos de propiedad industria e intelectual, como pueden ser marcas, patentes, modelos de utilidad, avisos comerciales y derechos de autor.

Y estos derechos conferidos tienen una relación directa con el Poder Judicial Federal, de hecho, tratados como el Tmec o el ADPIC de los que México forma parte obligan al Estado Mexicano a establecer, incluso, tribunales especializados en materia de propiedad industrial y derechos de autor, lo que pareciera estar en contraposición con la propuesta en discusión.
Cabe señalar que, en gran medida, México depende de que Estados Unidos mantenga no solo sus inversiones, sino que no se interrumpa el nivel de exportaciones que hasta hoy se mantiene con ese país.

Pareciera pues urgente un proceso dé cicatrización en el que los miembros del Congreso de la Unión, hagan el esfuerzo de escuchar y atender a los jóvenes universitarios, a los abogados postulantes, trabajadores del Poder Judicial y el sector empresarial de nuestro vecino del norte, para poder convencer a los inversionistas que sus derechos, sus bienes y sus inversiones estarán bien protegidos con un Poder Judicial sólido y eficaz. Ese será el gran reto después de la batalla legislativa para que ese fantasma se mantenga solamente como una expectativa y no logre materializarse, ya que se ser así, seguiremos como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

**Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

Opinión

Elección de jueces: 1 de junio

Publicado

hace 22 horas

9 octubre, 2024

Por

Redaccion

“La Última Palabra”

Por: Jorge A. Martínez Lugo

Este lunes 7 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso reformas a dos leyes generales: de Instituciones y Procesos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación.

Estas reformas a las leyes secundarias en materia electoral, significa que la reforma al Poder Judicial avanza, a partir de la reforma constitucional.

Queda firme: el domingo 1° de junio de 2025 se realizarán las elecciones de todos los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la mitad de magistradas, magistrados y jueces federales del país. En los estados se elegirá a la totalidad de magistradas y magistrados y a la mitad de jueces. En ambos niveles será en 2027 cuando se concluya la elección del cien por ciento del poder judicial federal y de los estados.

TAMBIÉN LAS FISCALÍAS
Necesariamente, más adelante vendrá la reforma a las leyes secundarias para la reforma a las fiscalías General de la República y de los estados, tal como volvió a anunciar en estos días el senador Gerardo Fernández Noroña.

Con estas acciones queda más desdibujada la guerra legal –los últimos coletazos del viejo régimen judicial–, que sólo prolonga la agonía y caen en la indignidad las ocho magistradas y magistrados enredados en esta anacrónica “guerra de guerrillas legal”.

Los ministros y ministras no podrán postularse; tampoco los magistrados y magistradas de los estados. Todos los demás sí podrán hacerlo, es decir, magistradas y magistrados federales y jueces federales y estatales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) estará a cargo de todo el proceso y las actuales reformas son precisamente para facultar al INE a emprender esta histórica tarea de organizar la primera elección popular en el Poder Judicial de la federación y los estados.

Estas reformas detallan lo que la reforma constitucional no hace, ya que corresponde a las leyes secundarias, tal como establece en artículo transitorio la reforma constitucional.

Los plazos y fechas ya fueron establecidos en las reformas presentadas al Congreso y su organización tendrá una inversión muy cercana a los cinco mil millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al firmar la iniciativa en la Mañanera del Pueblo este lunes 7 de octubre:

“La elección se hará con la información pública disponible”, en alusión a la negativa de las ocho ministras y ministros, aferrados a sus privilegios e intereses que representan. Usted tiene la última palabra.

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

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Opinión

Cancún entre los municipios más violentos del país

Publicado

hace 23 horas

9 octubre, 2024

Por

Redaccion

“La Última palabra”

Por: Jorge A. Martínez Lugo

Al presentar su estrategia nacional de seguridad, Claudia Sheinbaum habló de un “gabinete alterno” en materia de inteligencia e investigación, para atacar las finanzas del crimen.

Información aportada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, indica que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 25.3% de los homicidios violentos están registrados en los siguientes 10 municipios: Colima, Colima; Tijuana, Baja California; Acapulco, Guerrero; Celaya, Guanajuato; Cajeme, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua; León, Guanajuato; Benito Juárez, Quintana Roo.

Estos municipios tienen un promedio de asesinatos por encima de la media nacional, que es de 20.5. No obstante, la estrategia estaría comenzando por los siguientes seis municipios; Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Benito Juárez y Colima.

El “gabinete alterno” estaría integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal, Pemex, el SAT, además de la SSC.

La estrategia enfoca a la disminución de homicidios, neutralización de generadores de violencia y mejorar la percepción ciudadana de respaldo ante la violencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum invitará a gobernadoras y gobernadores al Gabinete de Seguridad, para alcanzar una mejor coordinación y efectividad en la política de seguridad.