Existe una demanda social en todas las regiones donde operan los cañones antigranizo. Las comunidades, personas, organizaciones y productores agrícolas en esas zonas, han estado denunciando desde hace más de 10 años, una disminución de lluvias, ruido que afecta a la salud humana, y a la avifauna de las zonas donde operan los denominados «cañones antigranizo».

En Jalisco, Puebla, Michoacán, etc, se han realizado movilizaciones sociales para impedir la operación de estos equipos. Algunos municipios hay reglamentado su uso, y tambien reformas legales en congresos estatales para prohibir y suspender estos equipos derivado de la presión social. Exigen un alto total, en razón a que desde su operación de estos equipos, los pobladores en esas regiones han visto disminuir drásticamente las lluvias, con enormes pérdidas en la producción de pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, y consecuencias en la población por el vital líquido para muchas actividades.

En Michoacán, por ejemplo, pobladores iniciaron el desmantelamiento y destrucción de cañones y destrucción de huertas de aguacate, como consecuencia de no atender la de manda social, y amenazan continuar mientras sigan operando estos equipos. Los Cañones antigranizo son utilizados para evitar la generación de granizo y su precipitación, que de acuerdo a la promoción de estos equipos por los vendedores y empresas que los comercializan, aseguran que son efectivo.

El debate entre los investigadores el impacto de estos equipos confunde más a la población. Mientras algunos dicen que no hay afectaciones al clima, otros señalan que sí. Algunos presentan estudio sobre la operacion y sus efectos, con investigaciones de entre 50-100 años atras. Y otros estudios no son concluyentes por falta de datos en periodos mas largos. Aunado a lo anterior, los efectos del Cambio Climático contribuye como un factor que complica el análisis para contar con conclusiones certeras.

Ciertamente, el marco regulador de estos equipos integra materias de riesgo, fuente fija, ruido e impacto ambiental. En necesario contar con Autorizaciones Estatales(Secretaria Ambiental de la entidad federativa) o Federales (SEMARNAT), y por consiguiente presentar un estudio de Riesgo Ambiental derivado del uso de Acetileno, dependiendo de las cantidades de uso.

En cuanto a Ruido, corresponde a los estados verificar que las emisiones de ruido se encuentren dentro de los parámetros permisibles de acuerdo a la NOM (NORMA Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición) , por lo que estos deberán aplicar el procedimiento de medición de los decibeles. No obstante, este procedimiento, de acuerdo a personal técnico ex-funcionario de una dependencia ambiental estatal, comentaron que «el procedimiento de medición en base a la NOM, corresponde a entorno urbanos, por lo que impide identificar el zonas rurales el verdadero impacto por ruido que afecta a la salud humana, bajo entornos rurales».

Por otra parte, los estudios de impacto ambiental, muchas veces están sesgados (consultor externo pagado por el interesado en la operación de su cañon), y el análisis no integra componentes ecosistémicos en su conjunto en la zona, y no considera impactos sinérgicos y/o acumulativos con la operación de otros cañones en la zona, aunado a la carencia de estudios sobre el impacto en el clima. Por consiguiente, las autorizaciones son emitidas sin un análisis profundo del impacto de estos equipo. En Michoacán se han emitido autorizaciones desde hace mas de 15 años por la Secretaria para la operación de estos.

Así mismo, los cañones antigranizo son considerados como fuente fija de emisiones contaminantes (gases, sustancias, etc.) a la atmósfera (y/o descargas al suelo y agua), esta es regulada por el estado de acuerdo al tipo de industria; a lo cuál deberá contar con la Licencia Ambiental Única (LAU). Esta licencia, tiene su principal papel en las aportaciones al RETC (Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes), mediante sus reportes, y que se complementa con la COA (Cédula de Operación Anual). Sujeta a monitoreo, reporte y verificación por la empresa y la autoridad ambiental correspondiente.

No obstante, la obligatoria legal a la que estos cañones están sujetos, muchos equipos no cuentan con autorizaciones y trabajan en la ilegalidad jurídica. Hasta 2014, existían aproximadamente 25 cañones identificados por la ProAm, y del que se desprendieron procedimiento administrativos; sin embargo se cree que existen mas de 1500 cañones instalados en el estado de Michoacán. Por ello es fundamental que la sociedad participe en la denuncia de los mismos para su respectiva verificación.

Pero lo fundamental es, que los estudios científicos sobre los posibles daños a la atmósfera, por el ruido, las ondas ionizantes y las vibración no cuentan con suficiente información actual, con equipos en operación normal y por periodos lo suficientemente amplios para demostrar el daño y ¡también su efectividad!. Por consiguiente se torna indispensable la realización de investigaciones de la ubicación de los cañones, la participación de los propietarios para realizar los estudios necesarios.

Fuente Instituto Nacional de los Pueblos Indigeneas INPI