Chetumal.- Por atentar contra el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que un juzgado federal otorgó suspensión definitiva para frenar la tala en zonas fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales donde se construye el Tren Maya.

El juicio de amparo fue promovido en julio de 2020 por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad civil.

La decisión obliga a que se suspenda o paralice cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los siguientes tramos: 3 (Calkiní – Izamal), 4 (Izamal-Cancún) 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulum-Chetumal), de modo que no se permita la remoción de la vegetación forestal, en las áreas que se encuentren fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, dice un comunicado emitido por Cemda.

El juzgado consideró que el “Acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea” no suple los permisos ambientales “que implican un estudio técnico y científico previo a la obra, que al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables”.

La suspensión se otorgó al considerar que la tala y desmonte sin autorizaciones de cambio de uso, “pueden generar que las comunidades y organizaciones resientan una afectación en su derecho a un medio ambiente sano de carácter irreparable”, dice el comunicado de Cemda.

El juzgado admitió la demanda, al considerar que las personas quejosas demostraron su interés en la obtención de la medida cautelar al acreditar su pertenencia a las comunidades posiblemente afectadas por los cambios de uso de suelo y demostraron el vínculo que tienen con los servicios ambientales que presta el ecosistema vulnerado.

Las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el litigio hicieron un llamado al Poder Judicial a ejecutar la suspensión definitiva, “pues sólo de esta forma se garantiza el respeto de sus derechos humanos ambientales”.

“Asimismo, solicitamos a la autoridad judicial que actúe con mayor diligencia en este caso, pues frente a las suspensiones anteriormente emitidas, las autoridades responsables no han acatado las determinaciones establecidas.”