CDMX.-Aunque aparentemente la guerra contra el crimen organizado ha disminuido durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, documentos infiltrados revelan cifra que abordan la situacion encuanto a muertes y saldos de las acciones que emprende el gobierno federal en este ambito.

En apertura de investigaciones, se reportó alguna acción de seguimiento legal para 24% de homicidios atribuidos al crimen, pero solo en 8% de las veces en que fue un intercambio de disparos entre presuntos delincuentes y autoridades.

La base oculta contiene información sobre agresiones, enfrentamientos y ejecuciones de 2017 al 2020, conceptos similares utilizados durante el sexenio de Felipe Calderón y, ahora sabemos, en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador”.

Informe “Con copia Oculta”.

Organizaciones alertaron que podría no estarse reportando todos los datos de enfrentamientos

Una investigación realizada por Intersecta y Data Cívica reveló que la metodología aplicada durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, se mantuvo, por lo menos, durante los dos primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El informe “Con copia Oculta”, creado por las ONG muestra como los registros del gobierno actual sobre asesinatos, relacionados con el narcotráfico, mantienen casi la misma metodología utilizada durante la “guerra contra el narco”.

Esta información, destaca el informe, se ha mantenido oculta y ha sido negada por el gobierno federal. Sin embargo, se pudo conocer gracias a la filtración de miles de correos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el colectivo Guacamaya.

En su investigación, Data Cívica e Intersecta detallan que a lo largo de 16 años de la “guerra contra el narco”, el gobierno federal ha elaborado una base de datos de eventos de violencia y homicidios que considera vinculados al crimen organizado y su combate. No obstante, su investigación recopila, principalmente, información de 2017 al 2020.

Es así que durante este periodo, se halló que las autoridades registraron 58 mil 183 hechos violentos en todo el país, que causaron 70 mil 898 muertes; en el 98.9% de los casos reportaron que al menos uno de los muertos era un “presunto delincuente”, a pesar de no tener más información precisa para clasificarlos así.

“Entre 2017 y 2020 fueron asesinadas 130 mil 583 personas en México. Según el Estado, 70 mil 898, la mayoría de ellas (54.2%), fallecieron como consecuencia de la delincuencia organizada y su combate”, se añadió en el informe.

Criminalización

Lo anterior también resulta una acción de criminalización, ya que en apenas 5.4% de los casos se registró a qué grupo delincuencial supuestamente pertenecía y sólo en 52.6% de las ocasiones se anotó el nombre de la víctima, cifra que baja hasta 36% cuando fue resultado de un enfrentamiento en el que las autoridades dispararon. Mientras que únicamente en 22.3% de eventos se reportó alguna acción de seguimiento legal.

Por lo anterior, se destaca que a partir de estos correos se sabe que la información no solamente existe, sino que se recopila y actualiza de forma constante y que se ha mantenido, incluso, pese a los cambios de gobierno y se sigue usando en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Ello luego de recordar con exactitud que el 30 de enero del 2019 el actual presidente Andrés Manuel López Obrador declaró “el fin de la guerra contra el narcotráfico”, lo que deja ver la base oculta es que la lógica de la guerra sigue presente.

Anomalías

Otro de los hallazgos señala que no sólo hay deficiencias de información cuando se trata de enfrentamientos entre grupos delincuenciales rivales, o hallazgos de cuerpos, que se podrían explicar por una incapacidad para recabar todos los detalles, sino que se nota una preocupante falta de datos en los reportes cuando participan autoridades, lo que lleva a pensar que se trata de sesgos deliberados y malintencionados.

Por ejemplo, en casos de presuntos homicidios del crimen organizado, se registró el calibre del arma utilizada el 73% de las veces; pero si fue un enfrentamiento en el que las autoridades también dispararon, aunque sería de esperarse un mejor registro, ocurre todo lo contrario, pues solo se anotó en el 8% de esos eventos.

Algo similar ocurre con la apertura de investigaciones: se reportó alguna acción de seguimiento legal para 24% de homicidios atribuidos al crimen, pero solo en 8% de las veces en que fue un intercambio de disparos entre presuntos delincuentes y autoridades.

Además de que sorprende el vacío de información incluso con el registro de nombres de las víctimas: están anotados para 52% de homicidios atribuidos a criminales o 60% de enfrentamientos entre grupos delincuenciales, pero solo en 36% de los casos en los que también hubo autoridades disparando.

“Estos y otros hallazgos son un reflejo de lo que el Estado cree que es la violencia que más amerita su atención e intervención: la vinculada a la delincuencia organizada (…) Además, revela la solidificación de la estrategia de militarización de la seguridad pública de los últimos sexenios y la estigmatización de las víctimas”.

En un lapso de 4 años

Mueren 1,341 menores en enfrentamientos

Entre el 2017 y el 2020, el Ejército mexicano tiene el registro de 1,341 menores de edad que fallecieron en el marco de enfrentamientos relacionados con el crimen organizado.

De esta cifra, en 2017 se registraron 293 víctimas; para 2018 sumaron 212. En 2019 se documentaron 433, mientras que en 2020 se contabilizaron 403.

Es decir si se comparan los casos reportados en 2017 con el 2020, hay una alza de 37.5 por ciento.

De acuerdo con la base de datos denominada como “base oculta” por parte de las organizaciones civiles Intersecta y Data Cívica, la mayoría de los crímenes están relacionados con el uso de armas de fuego.

En cuanto al lugar de los hechos, la información divulgada por la ONG y que forma parte de las filtraciones del colectivo de hacktivistas, Guacamaya, refiere que la tendencia dominante es la vía pública.

Sobre los detenidos en los hechos, la base de datos de la Sedena registra apenas 15 en el periodo de tiempo reportado.

En estos eventos, el Ejército documentó que no fallecieron soldados, guardias nacionales ni marinos.

No obstante, se registró el fallecimiento de un policía ministerial.

Fuente. El Economista