EN LA OPINIÓN DE:
La difícil prosperidad compartida
Opinión / El Minotauro
Por: Nicolás Durán de la Sierra
Con independencia de que es un hecho la aplicación de las alzas fiscales recién anunciadas por la gobernadora Mara Lezama, las del impuesto sobre la nómina y el del hospedaje y de que las protestas de los hoteleros salen sobrando; aparte de ello, resalta lo poco que les dice a estos empresarios la frase “prosperidad compartida”, la que explica la medida adoptada por el gobierno estatal.
El razón es simple: la gran bonanza hotelera, una de las más altas del mundo con 125 mil cuartos hoteleros y casi 15 millones de viajeros al año, no llega a la gran mayoría estatal y ello crea un conflicto social cada vez más acentuado, una crisis que a su vez pone en riesgo a la propia industria turística, y por tal se precisan más recursos para evitar que se extienda la pobreza.
En apoyo a la medida, la gobernadora arguye que, para dimensionar el desequilibrio, baste citar que el 30% de la población sufre déficit alimentario y que el 25% de los empleados no tiene servicio sanitario… En contraparte la industria turística estatal, generó en el último año una derrama de diez mil millones de dólares. Salta a la vista, añade, que la prosperidad no es para todos.
El dinero captado se destinará a la salud, a la seguridad pública y al desarrollo social, para lo que se crearán fideicomisos con los hoteleros para dar claridad a las finanzas. Un gesto conciliatorio, si bien no necesario ya que es potestad del Estado el manejo tributario. Salvo por el uno por ciento sobre nóminas, el otro impuesto lo pagarán los visitantes, no los empresarios turísticos.
Con todo y esto, las asociaciones hoteleras están contra la medida y aducen -lo que es una falacia -, y que ello quitará competencia a los destinos turísticos y, en síntesis, que es un abuso. Lo mismo dijeron cuando se acabaron los negocios de los fideicomisos de promoción turística y hace poco, como una suerte de tapabocas, el aeropuerto de Cancún alcanzó las 660 operaciones en un día.
La “prosperidad compartida” le es ajena a la mayoría del sector turístico estatal, no a todos; un estrato habituado a servirse del poder en turno, que desecha lo que no le rinde ganancias, pero es el primero en alarmarse por la violencia que le rodea. Decía el periodista Juan José Morales que el turismo es una industria sin chimeneas, sí, pero con grandes bocas de aguas negras.
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EN LA OPINIÓN DE:
LA INTERSECCIONALIDAD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CON CÁNCER
“Articulo de Opinion”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto
La interseccionalidad es un enfoque que se ha desarrollado desde diversos estudios jurídicos y que ha sido introducido de la academia a los órganos jurisdiccionales, en el que se reconoce que, las personas no experimentan la discriminación de manera aislada, es decir, que una persona no solamente recibe acciones discriminatorias solamente desde uno de los posibles puntos vulnerables que pueda identificar el agresor; sino que, esas acciones se pueden disparar desde una posible multiplicidad de características que configuran su identidad.
Dentro de los elementos más comunes tenemos el género, la raza, la orientación sexual, la clase social, la edad, la religión, la discapacidad, las enfermedades llamadas terminales, entre otros. Si estos elementos se cruzan, se refuerzan mutuamente, generan formas particulares provocando mayor vulnerabilidad, mayor discriminación y por tanto, mayor exclusión.
Los movimientos feministas fueron los que más han impulsado el concepto de interseccionalidad, bajo el argumento de que la discriminación y la desigualdad deben analizarse considerando la interacción de múltiples factores y no solo desde una perspectiva única.
En el contexto jurídico mexicano, la interseccionalidad adquiere especial relevancia porque permite identificar y abordar formas agravadas y diferenciadas de discriminación, asegurando que los marcos legales y las políticas públicas reconozcan la complejidad de las experiencias de grupos y personas en situación de vulnerabilidad.
La Tesis Aislada P. VIII/2016 (10a.) establece que la discriminación indirecta puede presentarse incluso en normas aparentemente neutrales, debido a la existencia de relaciones de subordinación y desventajas estructurales históricas que afectan a ciertos grupos. El análisis interseccional es fundamental para revelar cómo diferentes formas de desigualdad y discriminación se superponen y afectan el acceso igualitario a derechos.
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA. SU DETERMINACIÓN REQUIERE DE UN ESTUDIO SOBRE LA EXISTENCIA DE FACTORES ESTRUCTURALES O CONTEXTUALES. P. VIII/2016 (10a.) Tesis Aislada. Décima Época. Pleno – Suprema Corte de Justicia de la Nación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I. IUS: 2012596
“La discriminación estructural existe cuando el conjunto de prácticas, reproducidas por las instituciones y avaladas por el orden social, provoca que las personas enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, y diferentes oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, debido a su pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática, históricamente determinada. El contexto social adverso que enfrentan las personas pertenecientes a estos grupos puede ser producto de condiciones fácticas de desigualdad -como la carencia de recursos- o de condiciones simbólicas de desigualdad producidas por la ausencia en el discurso social dominante de las concepciones, necesidades o aspiraciones de un grupo en situación de opresión o históricamente desaventajado.”
Interseccionalidad de personas con discapacidad.
Ahora bien, en tratándose de discapacidad, la interseccionalidad emana de la violación al principio de no discriminación por discapacidad y condiciones de salud, así como al derecho a ajustes razonables, en contravención del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformado el 10 de junio de 2011), que establece:
a) Que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
b) El principio pro persona (interpretación que favorezca la protección más amplia).
c) La prohibición expresa de discriminación por discapacidades y condiciones de salud en normas federales y locales.
d) La obligación de todas las autoridades (y, por extensión, de los órganos partidarios en el ámbito de los derechos político-electorales) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Interseccionalidad de personas con cáncer.
La discriminación contra personas con cáncer en México se entiende como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la condición de salud, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Abordar la discriminación contra personas con cáncer desde una perspectiva interseccional implica también, una multiplicidad de factores que pueden concurrir haciendo más grave la discriminación, como género, discapacidad, condición socioeconómica, edad u origen étnico.
Por ello, el diseño e implementación de políticas públicas, leyes y mecanismos de reparación deben considerar esta complejidad para garantizar la igualdad sustantiva y la protección integral de los derechos lo que incluye la obligación de realizar ajustes razonables en los entornos laborales, educativos y de salud, para asegurar el acceso y la participación plena de las personas con cáncer, conforme a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 44/2009.
En este sentido, la igualdad sustantiva implica que la igualdad no sea solo formal, sino real y efectiva, considerando la concurrencia de múltiples factores de vulnerabilidad (por ejemplo, en mi caso: Cáncer y discapacidad).
El Estado y en este caso los operadores políticos como son los poderes del Estado, los partidos políticos, entre otros, deben adoptar medidas afirmativas y acciones específicas para corregir desigualdades y garantizar la inclusión social, económica y política de quienes estamos en estas condiciones, como habilitar reuniones en entorno virtual, el abastecimiento de medicamento. Claro está, de preferencia no simuladas.
La voz de la no discriminación por interseccionalidad de derechos humanos es una herramienta que debe comenzar a ejercerse cuando quienes deberían observar la norma constitucional, no lo hacen, ya sea por desconocimiento o mera ignorancia.
Aquí la teoría garantista de Luigi Ferrajoli nuevamente nos enseña que, el positivismo jurídico plasmado por este gran filósofo del derecho contemporáneo se ajusta al caso concreto con la basta teoría de los entes constituyentes y constituidos. Con la teoría garantista desde su doble aspecto, por la inclusión de la interseccionalidad en el derecho positivizado de alguna forma y la existencia de órganos que deben cumplir con ese mandado o, en su caso, hacer cumplir ese mandato.
Ya que de no ser así, la discriminación seguirá, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
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Unirme al canal de WhatsAppEN LA OPINIÓN DE:
SARGAZO2027/FEDERACION FINANCIARÁ SÓLO EQUIPAMIENTO; EL ESTADO LA OPERACIÓN
“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
• La Cámara de Diputados aprobó para atender el sargazo una cifra histórica de 1,866.9 millones de pesos, pero dejó al estado la carga del diseño, ejecución y costo operativo, de acuerdo al análisis del Observatorio Legislativo de Quintana Roo.
De acuerdo con el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF-2027, que realiza el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, la federación aprobó para la atención del tema del sargazo 1,866.9 millones de pesos, etiquetado exclusivamente para la adquisición de activos o bienes, como embarcaciones y equipamiento.
Esto quiere decir que el estado financiará la parte operativa que incluye entre otros, combustible, tripulación, mantenimiento y logística, lo cual se tendrá que estimar en el Presupuesto de Egresos Estatal de 2027.
En el mismo presupuesto federal PEF 2027, Quintana Roo recibirá una aportación global de 40 mil 248 millones de pesos, de gasto programable, lo cual servirá de base para el presupuesto de egresos estatal que deberá aprobar el Congreso del Estado en las próximas semanas.
Consultando el presupuesto de egresos 2026 de Quintana Roo, aprobado en diciembre de 2025 y publicado en el Periódico Oficial estatal, la aportación federal fue de 43 mil 229 millones de pesos, mientras el estado aportó con ingresos propios no programables, 10 mil 761 millones de pesos, lo cual resultaría en una reducción de casi tres mil millones de pesos en 2027, sin embargo, faltaría confirmar estas cifras globales.
El Observatorio concluye en su boletín 311 que comenzó a circular este 17 de noviembre, que esta inyección para combatir el sargazo es una cifra récord, pero considera que “transfiere la carga del diseño, ejecución y costo operativo a los actores locales”.
DESTINO DEL DNR
Por otro lado, dentro de la reforma a la Ley de Derechos, quedó establecido que para el denominado de DNR, es decir el derecho que se cobra a personas que ingresan al país en calidad de turistas y no residentes, quedó establecido en la cantidad de 1,158 pesos.
El ingreso estimado durante 2027 por este derecho será de 16,963 millones de pesos. La distribución establecida, de acuerdo con el Observatorio Legislativo, quedó de la siguiente manera: A Sedena 57% (9,669mdp), al Instituto Nacional de Migración el 15% (2,544mdp) y a la Tesorería de la Federación 28% (4,750mdp). Usted tiene la última palabra.
ooOoo
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