CDMX.- La reforma electoral acentuó más la división existente entre los ciudadanos de México. En el marco de la conformación de un dictamen en la materia en la Cámara de Diputados, en el país surgieron dos grupos: quienes llaman a una transformación de 180 grados en el Instituto Nacional Electoral (INE) y quienes piden que no haya vulneraciones a ese órgano autónomo.

El primer frente lo encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, seguido de legisladores y dirigentes de Morena, PT y PVEM, gobernadores de esos partidos, secretarios de Estado y hasta la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Mientras que el segundo se integra por congresistas y líderes del PRI, PAN, PRD y MC, integrantes de la academia, de la iniciativa privada, organizaciones civiles y la Iglesia católica.

La confrontación ya derivó en solicitudes de renuncia, descalificaciones, convocatorias para manifestarse en las calles y hasta la petición de un paro nacional de actividades. Expertos consideran que la división por la reforma electoral pone en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad del país.

“Este pleito es un reflejo de la división que ya existe, el tema electoral es polémico y por eso se intensifica esa división”, advirtió en entrevista con El Universal el analista político José Antonio Crespo.

La propuesta llegó a la Cámara de Diputados el 28 de abril de este año, con planteamientos como sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reducir a siete el número de consejeros electorales y elegirlos mediante voto ciudadano.

Hasta ayer, a la Cámara Baja han llegado 110 propuestas que están siendo analizadas; sin embargo, diversas voces de Morena y aliados han insistido en que la propuesta del Jefe del Ejecutivo federal debe pasar en sus términos o, al menos, los puntos más destacados del proyecto.

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de revela su intención de perpetuarse en el poder a través de su movimiento, advirtió Porfirio Muñoz Ledo.

“Nosotros no podemos avalar esta situación. La Comisión de Venecia [de la Unión Europea] lo dice con toda claridad: no puede estar el órgano electoral en manos de la mayoría política” del país.

Fuente Vanguardia