Ciudad de México.- A dos años de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) denunciara la sustracción del llamado expediente de La Casa Blanca, que incluía la documentación sobre el posible conflicto de interés de Enrique Peña Nieto con Grupo Higa, aún no ha sido localizado ni se han esclarecido los hechos al interior de la dependencia.

La SFP, que encabezó Irma Eréndira Sandoval, denunció en 2019 que antes de la entrega-recepción a la nueva administración, se habría sustituido el expediente original por una copia que presuntamente omitía diversas evidencias.

Actualmente el Órgano Interno de Control de la dependencia se encuentran realizando diligencias para saber quiénes y cómo se robaron, sustrajeron o destruyeron el expediente original que involucraba al entonces presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa Angélica Rivera.

A través de solicitudes de acceso a la información, la SFP respondió a Milenio que, a dos años, el expediente QD/1255/2018 se encuentra en trámite y que la autoridad investigadora aún no resuelve la investigación de la sustracción del expediente de la Casa Blanca de Peña Nieto. Se pondría en riesgo la viabilidad de la investigación tomando en cuenta que al entregar la información significaría un detrimento a las actuaciones realizadas por la autoridad investigadora”.Respuesta de la Secretaría de la Función Pública

TEMEN QUE ALTEREN EL ESCENARIO

Pero no sólo no han terminado de esclarecer los hechos, sino que el pasado 6 de octubre de este año un Comité de Transparencia interno decidió clasificar como reservada un año toda la información referente a la investigación contra los funcionarios de la SFP que se lo robaron.

Consideraron que, de entregarle a Milenio el expediente QD/1255/2018, los servidores públicos investigados podrían alterar o modificar el escenario y los hechos que se investigan, “por lo que se anularían la oportunidad de allegarse de elementos objetivos, certeros y convincentes a los que se pretende llegar con la realización de esta investigación”.

Revelaron que el área de quejas de la SFP se encuentra recabando y analizando las circunstancias de hechos, por lo que con la negativa se busca proteger todas y cada una de las indagatorias averiguaciones, búsquedas e investigaciones que deben realizar como parte del trámite del expediente sustraído de La Casa Blanca de Peña Nieto.

“Se pondría en riesgo la viabilidad de la investigación tomando en cuenta que al entregar la información significaría un detrimento a las actuaciones realizadas por la autoridad investigadora”, explican.

EN LA FGR SI CAMINA

Aunque en la SFP reservaron toda la información sobre cómo se dio la sustracción por parte de sus funcionarios, en respuesta a una solicitud de información, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que ya se judicializó el caso, es decir, se presentó ante un juez y tres exfuncionarios de la SFP llevan un proceso judicial en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte. No aportaron más detalles porque la investigación se encuentra en trámite.

Se trata de tres personas: José Gabriel Carreño Camacho, entonces subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; Jesús Antonio Juárez, director general de Denuncias e Investigaciones, y de Daniel Pérez, director general adjunto de Investigaciones, a quienes se les inició la causa penal 56/2021.

En el año 2014, una investigación periodística reveló que la primera dama tenía una casa en Las Lomas, con un valor de 7 millones de dólares que fue construida a su gusto por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, y que antes levantó obras cuando su esposo fue gobernador del Estado de México.

Fuente Vanguardia